Todos sabemos que tenemos muchos problemas en el mundo a raíz de la pandemia, pero tenemos muchos más en México por culpa del pésimo gobierno que padecemos…Y se pondrá peor.
Nuestro gobierno, en lugar de haber afrontado eficientemente a la pandemia, se dedicó a ignorarla, luego a ocultarla, luego a minimizarla, y ahora, a decir que ya está “domada”. Mientras la realidad rebasa la ineptitud del gobierno convirtiéndonos en los primeros lugares mundiales en los resultados de su mal manejo y en las críticas internacionales sobre el gobierno irresponsable que tenemos.
En el manejo de la economía ante el entorno de la pandemia, no cantamos mal las rancheras. Nuestro gobierno también ha ignorado el gran impacto económico que estamos sufriendo y la avalancha de problemas que se nos vienen encima por la inacción de nuestras autoridades. Tanto el Secretario de Hacienda como el Banco de México han predicho disminuciones de PIB, que van desde el 7.4 % al 12.8 %.
Los números son fríos, pero el sufrimiento de los mexicanos es real y arde. Ahora, aún tenemos vuelo de la estabilidad económica que gozamos en tres sexenios consecutivos, con todo y la corrupción rampante que existió en el sexenio de Peña Nieto. Además, el dinero que se reparte en los programas sociales ha paliado en algo el efecto social de esta triste realidad.
Pero estos paliativos pronto se terminarán y la cruda realidad asaltará a los mexicanos muy pronto. ¿Quiénes son responsables de esta situación tan seria? Muchos lo atribuyen al presidente de la República. Sí, en última instancia, así es. Pero debemos de tomar en cuenta que nos encontramos en un país con estructura presidencialista, en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal es una sola persona, quien es el propio presidente.
Pero el presidente actúa en un sistema con dos poderes más que balancean sus decisiones, uno es el Poder Legislativo, del cual la Cámara de Diputados tiene la facultad y obligación de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. También tiene bajo su control a la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano, que, aunque es técnicamente autónomo, le tiene que rendir cuentas a la Cámara de Diputados, para determinar no solo la legalidad del actuar de los servidores públicos dependientes del Poder Ejecutivo, sino de la buena conducción de las políticas públicas dictadas por el presidente de la República.
El otro poder es el Poder Judicial, dirigido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la faculta de juzgar, en la mayoría de los casos, en última instancia, que los Poderes de la Unión y demás órganos del Estado, se conduzcan en apego a la Constitución, a los Tratados Internacionales en los que México sea parte y a las leyes federales, locales y reglamentos municipales.
Así, tenemos en México todo un entramado institucional basado en la Constitución para garantizar que el gobierno se conduzca con legalidad. Pero, sobre todo, con eficacia, cosa que no está sucediendo ahora.
Hay, por lo tanto, que considerar que los ciudadanos poseemos no solo el derecho, sino la obligación solidaria con nuestros connacionales, de exigirle al gobierno, a través de todos los órganos de control y vigilancia que tiene el Estado mexicano, que se conduzca adecuadamente ante la emergencia sanitaria y económica que nos aqueja.
El primer paso a seguir es exigir a nuestros diputados (tenemos uno elegido por nosotros directamente en cada uno de los 300 Distritos Electorales que tiene el país) que aprueben en el próximo mes de septiembre el Presupuesto de Egresos de la Federación, que sea adecuado a las circunstancias que tenemos, desaprobando cosas como meter más dinero a PEMEX, al proyecto de Dos Bocas, al Tren Maya y al Aeropuerto de Santa Lucía, para que se dedique de manera emergente a otorgarle a todos los mexicanos un ingreso básico y a realizar obras de infraestructura municipal que eficienticen el buen funcionamiento del país.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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