Para erradicarla se deben abandonar los esfuerzos individuales e inconexos, indicó la Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, quien señaló que se requieren políticas públicas que involucren a la sociedad y el fortalecimiento institucional para generar y definir la política criminal en la materia
Chihuahua, Chih. – El combate a la corrupción no busca únicamente generar carpetas de investigación para dejar procesos inconclusos, un combate a la corrupción eficaz y eficiente se mide en materia penal, por sentencias condenatorias y por la recuperación de activos, señaló la fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, Gema Guadalupe Chávez Durán.
“Como nunca en nuestra historia, en el país, estamos inmersos y pasando por un debate nacional, para asumir que la corrupción es un problema público”, expresó durante el panel: “Realidad del combate a la corrupción en el ámbito penal” del Encuentro Nacional Anticorrupción (ENAC 2020).
La experta en la materia realizó importantes reflexiones en el sentido de que al tratarse de un problema público se requiere de una solución a través de políticas públicas, lo cual, dijo, implica abandonar de una vez por todas los esfuerzos individuales e inconexos que poco abonan a un combate eficaz y eficiente contra la corrupción.
Agregó que con la reforma anticorrupción del 2015, se estableció un nuevo paradigma de cómo se debe entender y combatir este fenómeno, “no es un problema del gobierno ni de los gobernantes, es un problema en el que se tiene que involucrar a la sociedad para que participe y lograr tener éxito en esta lucha”, e indicó que es precisamente ahí en donde nace la creación de los comités de participación ciudadana.
La maestra dio a conocer que también con las reformas de 2015, se estableció que se trata de fortalecer este sistema y que si la corrupción es un producto multifactorial, su prevención y combate no pueden delegarse a la voluntad política o a una sola persona, sino que merece el involucramiento y sinergia de las diversas instituciones relacionadas con el tema.
Es el caso, dijo, de transparencia, auditoría externa, control interno, órganos jurisdiccionales “y de quienes como a nosotros, nos toca la procuración, investigación y persecución de estos delitos”. Se requiere de todos juntos y coordinados para generar el Sistema Anticorrupción, es decir, “hicimos una reflexión inicial y decidimos que esta era la mejor manera de enfrentar la corrupción en nuestro país.
Lo rescatable de dichas reformas y lo que conllevan, tanto en el sistema a nivel nacional como en los estatales, es que es necesario entender que la corrupción se tiene que enfrentar, se tiene que combatir con políticas públicas.
La panelista subrayó que en este contexto se deben tener objetivos explícitos, medibles en tiempo, susceptibles de rendición de cuentas y que sean perfectamente verificables.
Expresó que es precisamente de ahí de donde nace la necesidad en el ámbito penal, de generar y definir la política criminal anticorrupción, con todas sus vertientes desde la prevención, la investigación y la persecución, hasta la imposición de penas.
“Actualmente tenemos el andamiaje jurídico en el Sistema Anticorrupción pero no tenemos políticas criminales anticorrupción y eso genera un problema muy importante, pero éstas políticas públicas se requieren para poder generar un “piso parejo”.
Indicó que existe una enorme diversidad de sistemas que obviamente impiden que se facilite la labor de las propias fiscalías y el hecho de que se pueda revisar y establecer un procedimiento de rendición de cuentas. Esto ya que cada fiscalía, con sus atribuciones, lineamientos, forma de trabajar y características propias, hace que sea muy difícil compararlas.
Por otra parte, dijo, es apremiante la necesidad del fortalecimiento institucional de todos los integrantes del Sistema Anticorrupción.
Al hacer referencia a la cita del gobernador Javier Corral Jurado al inicio de este Encuentro, cuando expresó “en Chihuahua, el combate a la corrupción es una realidad por voluntad política”, a lo cual la fiscal anticorrupción aseveró “y es cierto, pero Chihuahua es un caso excepcional, difícilmente la federación o los estados, más allá del discurso, realmente tienen ese compromiso que en Chihuahua si hay, de combatir la corrupción”.
Además, en Chihuahua inició esta lucha mucho antes de que se conformara el andamiaje jurídico formal para poder perseguirla, sin embargo, “no podemos dejar a la decisión política de quien ocupe el gobierno de un estado o de la federación para que se pueda perseguir la corrupción”. Por ello consideró imperioso el fortalecimiento institucional.
Lo anterior se requiere a fin de que el combate a la corrupción como política camine por sí solo, no con la voluntad del gobernante, sino del sistema y sus facultades, abandonando de esta forma las intencionalidades partidistas o electorales que frecuentemente se ven en este tema.
Otra cosa que se debe analizar, expuso, es la coordinación interinstitucional, que existe solo en el papel, pero falta materializarla, por lo que se requiere es abrir esas colaboraciones para que las fiscalías anticorrupción entre sí y con otros miembros de los sistemas anticorrupción e incluso con instituciones que aún sin formar parte de este mecanismo, aportan información y funciones esenciales en favor de este rubro.
“Si tenemos y aprovechamos las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sus ámbitos de competencia nos coadyuven, podemos fortalecer las investigaciones en los estados, respecto a los delitos por hechos de corrupción”, puntualizó.
Y concluyó: “la realidad del combate a la corrupción en nuestro país está en construcción. Definitivamente ahorita en 2020 estamos en mejor posición de como estábamos en 2015 cuando se genera el Sistema Nacional Anticorrupción”.
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