El día de ayer se aprobó en el Senado de la República, con 61 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones, se aprobó el proyecto que reforma la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y la de Puertos, previamente había sido aprobada en la Cámara de Diputados, avalado con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación
Con esta modificación se transfieren facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina en los puertos nacionales y se militariza la educación náutica mercante.
Pasa ahora al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez publicado y habiendo entrado en vigor, la Marina tendrá facultades para “regular, promover y organizar a la marina mercante, así como establecer los requisitos que deba satisfacer el personal técnico de la marina mercante y conceder las licencias y autorizaciones respectivas”
Se ha argumentado que se viola el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
Sin embargo, se considera que no se está militarizando la actividad de puertos ya que las actividades se trasladan a la Secretaría de Marina como entidad administrativa y no a la Armada de México como entidad castrense.
Se busca como objetivo es el combate a la corrupción que ha sido descrita por el mismo titular de las Aduanas como un “monstruo de mil cabezas” y de acuerdo al dictamen de la Cámara de Diputados esta reforma sienta las bases para hacer más competitivo el sistema portuario, aunque se ha señalado igualmente la posibilidad de pérdida de empleos de la marina mercante.
Se señala también que, pretende evitar la duplicidad de funciones, dar mayor transparencia a los trámites que se brindan a la comunidad marítima, evitando actos de corrupción e impulsando el desarrollo marítimo del país.
Una parte fundamental de esta modificación será la implementación de la misma en la operatividad aduanera ya que en el marco del Acuerdo de Facilitación Comercial, así como un entorno desfavorable en materia económica, exige que las operaciones de comercio exterior se agilicen y se mejore la competitividad en nuestras aduanas, sin dejar de lado claro la seguridad de los embarques.
Evidentemente el tema de corrupción y la forma en que el crimen organizado ha permeado en las operaciones aduaneras afecta y principalmente a los encargados en las Aduanas del país que actúan con un perfil administrativo y aduanero, por lo que esta modificación ya implementada deberá ayudar a combatir ese campo de acción que se refleja en ciudades portuarias con alta violencia como el caso en los estados de Michoacán, Guerrero, Sonora, entre otros.
Será importante la forma en que se dé la aplicación de estas leyes y la operatividad aduanera para lograr el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad del país al tiempo que no se pierda la facilidad aduanera e incluso se logre mejorar los tiempos en los puertos nacionales.
Carlos Monroy
Doctor en Materia Fiscal. Consultor en Comercio Exterior y Gerente de Consultoría en Palco Consorcio de Comercio Internacional.
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