Caso Maru: Crónica de una Audiencia
Chihuahua, Chih. – La audiencia conducida por el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez reinició este miércoles 31 de marzo distinguiéndose por la cantidad de comunicados que llegaron a las redacciones dando “información” sobre lo que sucedía al interior.
El equipo de la defensa de Maru Campos daba cuenta a partir de su equipo de comunicación, mientras el grupo de detractores, liderados por el diputado suplente Román Alcantar, lo hacía a través del equipo de comunicación de grupo parlamentario de Morena.
Lo que sigue es el relato construido a partir de la sucesión de mensajes y posturas de las diversas partes.
Apenas pasadas las 5 de la tarde, la defensa de Maru Campos comunicaba haber presentado en la audiencia de vinculación o no a proceso, el testimonio del notario público número 4 Luis Raúl Flores sobre los supuestos recibos en los que la Fiscalía ha basado sus diversas acusaciones.
A través de un cuestionario por escrito, realizado el pasado 22 de marzo, la defensa cuestionó al notario si había estado presente cuando supuestamente entregaron el dinero que dio origen a los recibos en cuestión así como si tuvo a la vista los originales de los supuestos recibos, contestando a ambas preguntas que no.
Asimismo, la parte defensora solicitó se transmitiera de manera íntegra una entrevista realizada al fedatario público sobre las supuestas certificaciones que fueron exhibidas en un medio local y posteriormente integradas por la fiscalía a la investigación.
Cabe señalar que en diversa audiencia uno de los agentes del Ministerio Público confesó que no había originales de esos documentos en el expediente en el que se basa su acusación.
El diputado local por Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, denunciaba más tarde que la defensa de Maru Campos rayaba en el cinismo legislativo y afirmaba que la imputada habría dejado pasar 25 mil mdp en ley de egresos del ex gobernador.
“La desvergüenza y el cinismo con el que se conduce la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván y su defensa, en el intento de borrar la historia que dejó a Chihuahua entre los estados más afectados por la corrupción, al negar que tuviera conocimiento de sus actos como diputada y en contubernio con un grupo de diputados de otros partidos por orden del ex gobernador César Duarte.”
Lo anterior atribuido al legislador morenista en dicho boletín, luego que la defensa argumentaba que siendo ella secretaria de la comisión de presupuesto y hacienda pública, y César Jáuregui, coordinador de los diputados del PAN, desconocieron sobre el endeudamiento por 25 mil millones de pesos, las consecuencias de sus actos arrebataron el futuro de miles de chihuahuenses.
“Y es que la defensa de la candidata del PAN a la gubernatura sostiene que la ley de ingresos de ese año no contemplaba dicho rubro”, continuaba el comunicado, “y el señalado endeudamiento se arrastraba desde el ejercicio legislativo anterior, donde se establecía en un transitorio dicha autorización, sin embargo esto significa que la Campos Galván votó una ley de egreso sin conocimiento de ella”.
El legislador cuestionó que quien aspira a administrar los recursos de los chihuahuenses, se le pasó observar 25 mil millones de pesos, en un claro acto de omisión frente a la responsabilidad que tenía.
“La defensa del Clan Duartista intenta tumbar la teoría de que Maru Campos y demás involucrados recibían recursos del erario público por orden directa de César Duarte, cuando actualmente están en la cárcel otros involucrados en la nómina secreta y las corruptelas del ex mandatario”, concluía el comunicado.
Más tarde, el abogado Oscar Castrejon Rivas, parte del equipo que acompañaba a Román Alcantar, expresaba que María Eugenia C. debía ser vinculada a proceso penal porque sus abogados no habían revertido ninguna prueba del Ministerio Público, ni la acusación que la relaciona con pagos indebidos cuando fue diputada local y formó parte de la nómina secreta de César Duarte, dijo el abogado Oscar Castrejón Rivas respecto a la audiencia contra la alcaldesa con licencia y contra el exdiputado Rodrigo D.R. este miércoles.
Castrejón acudió al Tribunal Superior de Justicia como público de la audiencia contra María Eugenia C. y representante del Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana Chihuahuense, que exige transparencia en la investigación de la nómina secreta, máxima publicidad del caso y proceso penal para los responsables por desfalcos cometidos en el gobierno de César Duarte.
“Con mi experiencia de abogado de 30 años y desde el 2017 en este nuevo sistema de justicia penal, la deben de vincular (a María Eugenia C.), hasta ahora no han presentando ninguna prueba novedosa o algo que anule lo que el Ministerio Público señaló contra ella en la audiencia de imputación.”
Dijo que la hora para que concluya la audiencia se extenderá a la noche de este miércoles y madrugada del jueves, porque no ha terminado de presentar todas sus pruebas la defensa, faltan los alegatos de la defensa, la réplica del Ministerio Público y la resolución del juez.
Detalló que el juez tiene pendiente de resolver una prueba que ofreció la defensa, que es una entrevista a Jaime Herrera Corral con el que pretenden exonerar a María Eugenia C., el cual la representación social señaló de manera contundente que es una prueba ilícita porque viola derechos humanos, también es una entrevista obtenida de forma ilícita y la defensa reconoció que quiso engañar al juez con esa prueba, porque al recabar la supuesta entrevista con Jaime Herrera los defensores estaban en una audiencia, y no podían estar en dos lugares a la vez, siendo recabada de manera ilegal.
Gracias a que manifestantes pernoctaron en casas de campaña en la explanada de la Ciudad Judicial, en espera de información de la audiencia de vinculación, se logró que al menos quince personas tuvieran acceso a la sala de audiencias públicas, como testigos ciudadanos.
Entre las quince personas que ingresaron al recinto están el licenciado Oscar David Castrejón y el abogado Román Alcántar Alvídrez, quiénes cada determinado tiempo salen a informar mediante un megáfono a los manifestantes sobre el desarrollo de la audiencia.
“Estamos vigilantes y además somos víctimas, porque el dinero robado por Duarte es dinero de todos los chihuahuenses, y todos somos víctimas”,
abogado Oscar Castrejón.
La defensa reiteró que ni Maru, ni María pudieron haber votado por la bursatilización ya que en ese momento ambas contaban con licencia.
La defensa, reiteró que Campos Galván no aprobó la creación de la empresa Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V., además el abogado Pedro Gómez, señaló que contrario a lo asegurado por el Ministerio Público, no era posible que sus representadas hubieran aprobado ya que en ese momento, ninguna de las dos era diputada.
Asimismo, se dio lectura al dictamen de la citada votación, en el que ni siquiera la suplente de Maru votó a favor en dicho tema.
En respuesta a los señalamientos realizados por el Ministerio Público en relación a Campos Galván Abogados S.C., Francisco Molina, señaló que se trata de un tercero que no tiene relación con el juicio de Maru Campos, María Ávila y Rodrigo de la Rosa.
La defensa relató la trayectoria tanto de despacho como su socio fundador, Manuel Campos Galván, demostrando que no hay relación alguna con ningún tipo delictivo que el MP busca encontrar, por lo que con las acusaciones relatadas en audiencia previa únicamente se buscaba confundir y calumniar.
Molina Ruiz, explicó que se trata de una persona moral que contó con un contrato de prestación de servicios con Gobierno del Estado desde el 2008, como prestigiado abogado para promoción del estado, además del acta constitutiva de la moral se desprende que Maru no aparece como socia.
Al ser una sociedad civil independiente a la imputada, no es posible concluir que Maru Campos tenga acceso a la cuenta de la moral.
Asimismo, existe constancias de los informes mensuales proporcionados vía electrónica a la dependencia oficial (Entregables), respecto de las actividades realizadas.
Molina Ruiz hizo hincapié en que las acusaciones de la Fiscalía evidenciaban la falta de fondo y mala fe de la representación social.
Por su parte, el abogado Pedro Gómez, exhibió el acta constitutiva de la moral, en la que no aparece María Eugenia Campos. por lo que resulta imposible que se pretenda fincar responsabilidad a Maru Campos por un servicio que brindó una moral distinta a ella.
La defensa de Maru Campos, señaló que quedó en evidencia la falsedad y fabricación de pruebas para la persecución política, así como la falta de cumplimiento del Ministerio Público con principios básicos del debido proceso, como es el hecho de otorgar el nivel de testigo protegido a personajes que confesaron la comisión de delitos y sin embargo, no enfrentan ninguna acusación en su contra y no cuentan con algún criterio de oportunidad.
Con estas acciones el Ministerio Público no cumplió con el principio constitucional consagrado en el artículo 20, el que establece el derecho del imputado de enterarse de qué se le acusa y recibir los registros de investigación que solicita.
El principio de igualdad procesal se violó por el Ministerio Público durante todo el juicio, e hizo énfasis en que los testigos protegidos no cuentan con criterios de oportunidad, pese a que se han confesado diversos hechos delictivos en ningún momento se les ha formulado alguna imputación.
A pregunta expresa tanto de la defensa como del juzgador, el Ministerio Público confesó que no existían criterios de oportunidad para los testigos protegidos, por lo que se solicitó sus testimonios no sean tomados en cuenta, atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales y doctrinarios.
En su argumentación final, la defensa de Maru Campos y María Ávila solicitó al juez la no vinculación a proceso pues con su argumentación aportaron los elementos de prueba que soportan la inocencia de las imputadas.
De la exposición de la Fiscalía así como de sus diversas actuaciones resulta evidente que, en el caso de Maru Campos Galván se trata de una persecución que busca impedir que alcance la mayor representación popular que es la gubernatura de Chihuahua.
Asimismo la defensa solicitó que se desestimara la evidencia que no fue presentada en su totalidad por el Ministerio Público, ya que con este ocultamiento se violaron múltiples principios constitucionales, procesales y derechos del imputado, por lo que solicitó no se vincule a proceso a la imputada.
En la larga lista de irregularidades denunciadas por la defensa, se encuentra:
- La constante negativa del Ministerio Público para entregar completa la carpeta de investigación.
- La negativa de la Fiscalía para dar acceso a evidencias que se encontraban en sobres cerrados, la entrega incompleta del expediente en diversas ocasiones.
- El ocultamiento de pruebas aún después de maratónicas sesiones de cotejo del expediente.
- La incorporación sin metodología adecuada de diversos elementos de prueba como cheques, pólizas, carta portes y supuestos recibos bancarios.
- La contaminación de pruebas, la utilización de copias simples, la utilización de argumentos falsos con la intención de confundir y calumniar, así como la utilización de testimonios de personajes señalados como testigos protegidos tras confesar delitos, no ser señalados por ellos y sin criterios de oportunidad.
Por todo lo anterior, la defensa solicitó al Juez Samuel Uriel Mendoza la no vinculación a proceso de las imputadas.
La audiencia se suspendió alrededor de las 4:30 de la madrugada y se programó para reanudarse a las 6:30, sin embargo fue reprogramada a las 11:00 am.
Algunos expertos en leyes, que deambulan en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, afirman que el plazo de la duplicidad del término constitucional ha vencido y con ello el tiempo para dictar un auto de vinculación a proceso.
Cerca de las 18:00 hrs el plantón que se apostaba a las afueras de la ciudad judicial, organizado y convocado por Oscar Castrejón se levantó aun sin conocer veredicto.
Luego de 15 horas de receso, cerca de las 19:00 horas, el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez reinició la audiencia de vinculación o no a proceso penal para dar a conocer su veredicto.
El juez Mendoza Rodríguez se manifestó en el sentido de que la llamada Nómina Secreta o “Caja Chica”, no es una ficción, pues hay testigos de hecho y los testimonios de Javier Contreras, exdirector del Heraldo de Chihuahua; Armando Cabada, ex periodista del Canal 44 en Juárez; Hortensia Aragón, ex militante perredista y Teokali Hidalgo, pues ellos se acercaron a la Fiscalía y confirmaron la existencia de la repartición de dinero y que ellos mismos regresaron diversas cantidades que recibieron del erario público.
Es ese mismo tenor considero determinar darle valor probatorio a los recibos de dinero que exhibió el Ministerio Público.
“Este juzgador considera que debe otorgársele a los documentos señalados el carácter de un documento auténtico”.
Juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez
Siendo las 21:37 horas, la alcaldesa con licencia Maria Eugenia Campos, María Ávila y Rodrigo de la Rosa han sido vinculados a proceso por el delito de cohecho, derivado de que el juez de control consideró que hay elemento suficientes para presuponer que recibió recursos públicos de forma indebida a través de la denominada “Nómina Secreta”.
“La teoría del caso debe presentarse no como posible, sino como probable (…) entre la probabilidad de los tres imputados participaran como sujetos pasivos”
Juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez
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