Según dijo un alto funcionario durante una conferencia telefónica, la Casa Blanca ha destinado 300 millones de dólares en ayuda humanitaria para Centroamérica, epicentro del flujo de inmigrantes irregulares que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Al menos 250 millones de dólares tienen como fin ayudar a los necesitados en toda la región.

La política inmigratoria de Biden se ha centrado en potenciar las oportunidades económicas de los países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) para hacer que la gente no huya de esos lugares.

Los republicanos han criticado a la administración demócrata por permitir lo que consideran una “crisis” en la frontera sur, mientras que el gobierno de Biden ha negado que la situación sea crítica. La vicepresidenta Harris también fue criticada por tardar meses en visitar la frontera con México.

En este sentido, se informó que Harris ha establecido los contactos pertinentes con socios internacionales de Estados Unidos “para resaltar las necesidades de esta región”. Harris visitó en mayo Guatemala y México, en lo que fue su primer viaje oficial a la región, donde habló de la necesidad de cooperación entre las partes interesadas en el tema migratorio.

La importancia de la inversión privada

El gobierno de Estados Unidos, informaron los funcionarios durante la llamada, sigue trabajando para promover un entorno favorable para la inversión en la región y que así los nacionales no tengan que apelar a la opción de emigrar, aquejados muchas veces por el azote de los desastres natural.

Otro alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos busca construir una coalición con el sector privado para así poder implementar la estrategia de ayuda a Centroamérica. “Si Estados Unidos busca promover un clima de inversión sólido en estos países, querrá crear empleos en los que la gente quiera quedarse”, apuntó.

La semana pasada el Ministerio Público de Guatemala destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval, quien estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La medida ha sido calificada por Estados Unidos como una muestra de falta de compromiso con la independencia judicial en la nación.

Al respecto, una de las funcionarias dijo el miércoles que Washington ha decidido “suspender algún tipo de asistencia a la oficina del fiscal general” en aquel país.

Además, adelantó otra funcionaria, Washington busca “fortalecer el asilo en toda la región, como México y Costa Rica, para que las personas tengan varias opciones donde puedan acceder a los oficiales de protección internacional”.