El desfalco de la Operación Safiro en Chihuahua fue de 250 millones, pero se calcula que el daño en diversos estados pudo ascender a entre 3,500 y 3,800 millones de pesos.

Chihuahua, Chih .- El gobernador Javier Corral Jurado reiteró que la importancia de la decisión que hoy tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estriba que pudiera concluir el debate o bien, iniciar la discusión en torno de que los estados que son saqueados por su autoridad, que se les deja en condiciones de latrocinio o bancarrota por la vía de los delitos de peculado, asociación delictuosa y desvío de recursos públicos con fines político-electorales, puedan ser considerados como víctimas y por lo tanto participar dentro de los juicios y las investigaciones.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en Aristegui Noticias, señaló que sin duda será muy relevante porque este criterio le va a servir mucho a la lucha contra la corrupción, no solo en Chihuahua sino en el país.

Si esto no fuera así, añadió, si la resolución no fuera favorable, pues se cierra un caso que realmente es muy robusto y que conduce, hay que decirlo con esa claridad, a los más altos niveles de la política en México y particularmente de la anterior Administración Federal encabezada por Peña Nieto.

Sin embargo, Corral Jurado estimó que si se reabre o no, se trata de una de las investigaciones más importantes que se han configurado en Chihuahua y en todo el país en contra de la corrupción política, de manera particular de aquella que durante muchos años se ha hablado pero muy poco se ha podido documentar: que es el modus operandi de la desviación de recursos públicos para financiar campañas políticas.

El tema, indicó, que tiene enlistado para este día la Suprema Corte, se refiere al asunto conocido como la Operación Safiro.

Recordó que esta investigación la realizó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y en donde uno de los actores fundamentales, propiamente el operador financiero de esto, era Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, junto con el exgobernador del estado.

Es un asunto que durante mucho tiempo estuvo con distintos litigios en el estado de Chihuahua por parte de la defensa de quien fuera el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien también tenía funciones de tesorero del Comité Ejecutivo Nacional cuando lo presidía Manlio Fabio Beltrones, abundó el gobernador Corral.

Agregó: “Fue un largo batallar de carácter jurídico, en donde se impugnó la competencia del Estado para realizar una investigación de esta naturaleza y en donde intervinieron muchos jueces, muchos magistrados, los Colegiados de Circuito, en donde hubo incluso intentos muy vergonzosos de quererse llevar a la mala a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez de Chihuahua a la Ciudad de México”.

De este tema de esta investigación, dijo, Chihuahua finalmente fue sacado en términos de su interés jurídico y no se diga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al negársele su condición de víctima por la afectación al patrimonio que se realizó; el asunto fue atraído por la Federación, pero generó decisiones verdaderamente grotescas.

Al respecto, recordó que la controversia constitucional que antes de irse del Gobierno Federal planteó el expresidente Enrique Peña Nieto, como “una especie de ampliación de su fuero constitucional” frente a la investigación.

Entonces, señaló, cuando atrajeron el asunto de la Operación Safiro a la Ciudad de México, a las pocas semanas, la Procuraduría General de la República se retractó, se desistió de las acusaciones y se sobreseyó la investigación.

Informó que sin embargo, Chihuahua estuvo interponiendo varios recursos de amparo que finalmente se discutieron, tanto los de la defensa de Gutiérrez como los del estado de Chihuahua, en Tribunales Colegiados de Circuito y lo atrajo la Suprema Corte de Justicia la Nación hace poco más de un año, a través de la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y la Sala resolvió que este era un asunto muy relevante para ser resuelto por la Suprema Corte.

Reiteró que lo que resuelva será muy relevante, toda vez que la desviación de recursos de lo que se conoce como la Operación Safiro, no sólo se dio en Chihuahua, sino que se reprodujo en diversas entidades de la República Mexicana.

Dijo que Chihuahua colaboró con algunos estados e intercambiaron, información, incluso se asesoraron algunos ministerios públicos de esas entidades, particularmente de Durango, ya que “no todo mundo quiso entrarle”.

Durango sí desarrolló algunas investigaciones, incluso formuló cargos y consiguió órdenes de aprehensión en una parte que a ellos les tocó de Operación Safiro.

En el caso de Chihuahua, recordó el gobernador, fueron recursos que se desviaron a campañas políticas del PRI a través del gasto de Educación, se simularon contrataciones de servicios a través de empresas fantasmas, hubo una triangulación, que luego fueron a parar como recursos líquidos al financiamiento de las campañas del PRI en el 2016.

Fueron cinco facturas, procedimientos administrativos de contratación pública con empresas fachada, de las que solo una empresa era real, la del propio Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

“Estamos hablando de 250 millones de pesos, pero en el país se calcula que esta operación integró más de 3,500 millones de pesos, se habla de 3,500-3,800 millones de pesos, porque en distintos estados se sacaron distintas cantidades”, señaló.

Informó que el saqueo en Durango fue a través del Secretariado Ejecutivo del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

“En fin, es muy difícil suponer que en un desvío tan considerable, un monto tan cuantioso, pues no estuviera enterado el presidente de la República y sólo su secretario de Hacienda. En ese sentido está la importancia, la trascendencia de lo que se va a discutir el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.