Es ilógico porque eliminó esa prestación al inicio de su mandato, además existen otros mecanismos de protección en el Sistema Estatal de Seguridad y Protección a Víctimas, argumenta.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, asume una actitud incongruente al solicitar que se le asignen escoltas al terminar su administración cuando él mismo eliminó esa protección al asumir la administración pública estatal, declaró el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez.
El legislador rechazó la iniciativa presentada por el mandatario estatal desde el 3 de marzo anterior ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, que fue turna a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y establece un mecanismo de protección temporal a los titulares del Poder Ejecutivo, Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría General de Gobierno por un máximo de cuatro años.
Colunga Martínez consideró que el Poder Legislativo no tiene la capacidad para definir cuando una persona realmente se encuentra en situación de riesgo y durante cuánto tiempo se prestará la seguridad y protección por parte del Gobierno del Estado a los funcionarios.
Además, el gobernador y sus demás secretarios deben estar conscientes de que aceptaron una responsabilidad importante.
“Fue lo primero que trató de hacer, quitar escoltas a ex gobernadores, por eso es ilógico e incongruente que ahora sí quiera cambiar la ley”, manifestó.
Recordó que fue derogado el Título Undécimo de la Seguridad y Protección Personal de Funcionarios Públicos al concluir su encargo o nombramiento.
El diputado local advirtió que la iniciativa no presenta los costos de la seguridad, sueldos, vehículos, materiales y viáticos que incrementarán el gasto público, mientras que existen otras prioridades a atender en los sectores de salud, educación, y empleo.
De ser aprobada la iniciativa, se podría estar dando protección a funcionarios que hayan hecho mal su trabajo y provocar que existan más actos de impunidad.
“Las escoltas a funcionarios públicos, sería tanto como legitimar que los estarían persiguiendo por delitos y faltas que los funcionarios cometieron”, dijo.
Actualmente, añadió, se cuenta con un marco normativo, la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, que se considera como parte del marco legal para catalogarlos como personas susceptibles de sufrir un atentado, pero debería de contar con una comisión o consejo experto en riesgos de las personas servidoras públicas para determinar el nivel de riesgo de los funcionarios que están al frente de las dependencias de Seguridad Pública.
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