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La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnud) condenó los asesinatos de los defensores de derechos humanos Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal ocurridos en Cuernavaca, Morelos, la semana pasada.
Ciudad de México (Sputnik) — La representación permanente del organismo que encabeza Michelle Bachelet llama a las autoridades mexicanas a “cumplir con el deber de investigar ambos casos exhaustivamente, con debida diligencia y abordando todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa de derechos humanos, para que no queden en la impunidad”.
El representante de Acnudh en este país, Guillermo Fernández-Maldonado, señala que el hecho de que se hayan cometido dos asesinatos de activistas sociales a pocos días de distancia y en la misma ciudad, capital de Morelos, a 80 kilómetros al sur de Ciudad de México, “profundiza su gravedad y nuestra preocupación por lo sucedido”.
Estos letales ataques son, “un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en un contexto en el cual se tiene registro de amenazas y ataques previos en contra de las víctimas y de otras personas defensoras”, señala el posicionamiento.
Durante 2021, esa instancia de la ONU ha documentado al menos 10 casos de asesinato de personas defensoras de derechos humanos, dos más que los ocho registrados el año pasado, donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor.
Ola de ataques
Fernández-Maldonado indica que los asesinatos de Morales y García se suman a otras agresiones y ataques contra las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos conocido por sus destinos turísticos, que colinda con la capital del país.
Menciona, por ejemplo, los asesinatos de Samir Flores en febrero de 2019, un día después de manifestar el rechazo de su movimiento a la puesta en marcha de una termoeléctrica en Morelos, impulsada por el Gobierno federal
Otro caso es del saac Medardo, muerto en marzo 2020, quien fue defensor de la reserva natural “Los Venados” y representante legal de 13 pueblos originarios en defensa del manantial Chihuahuita.
“Es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que las personas que defienden los derechos humanos, y en particular el derecho a un medio ambiente sano, puedan realizar su importante labor de manera libre y segura”, apunta Fernández-Maldonado.
Acnudh documentó que Rodrigo Morales Vázquez fue asesinado en Cuernavaca la noche del 2 de septiembre de 2021.
Las actividades del defensor ecologista se centraron en participar en las protestas relacionadas con el rechazo a un relleno sanitario de Loma de Mejía debido a su posible impacto ambiental.
Esas instalaciones se pusieron en marcha en 2008 y su actividad cesó dos años después, pero había sido reabierto a comienzos de 2021.
Durante el primer periodo de operación de dicho relleno sanitario se registraron “diferentes agresiones y actos de estigmatización y hostigamiento contra defensores ambientales en la zona” por su oposición a esa instalación para colectar residuos de desechos sólidos.
Por su parte, García Zagal fue asesinado en su casa el 7 de septiembre de 2021.
La víctima era reconocida por su actividad de apoyo a vecinos de colonias populares, habiendo participado recientemente en las denuncias sobre las posibles deficiencias en el servicio de abasto de agua potable, reseña la denuncia.
García Zagal había denunciado amenazas y una agresión el año pasado.
En las campañas de las recientes elecciones legislativas y locales del 6 de junio de 2021, la ola de violencia en todo el país dejó 91 líderes políticos locales asesinados, 34 de ellos candidatos de todos los partidos, sobre todo a escala municipal, el eslabón más débil del poder.
La cifra de homicidios en México durante el 2020 fue de 36.579, una reducción marginal de 0,22% con respecto al año anterior, unos 100 asesinatos dolosos cada día.
Esa cifra equivale a 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la misma tasa de 2019 y 2018, según cifras oficiales difundidas el 27 de julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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