El delegado de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal menciona que el Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de atender el fenómeno como primer respondiente, con la coadyuvancia de los demás niveles de autoridad.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Durante la sesión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz que se celebró hoy en la ciudad de Chihuahua, el delegado de los Programas de Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, declaró que los entes públicos, estatales en primer lugar y en coadyuvancia con los federales, tienen la responsabilidad de atender a los migrantes con protección, apoyo y respeto.
El funcionario indicó que, durante su participación, llamó la atención hacia la Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes del Estado de Chihuahua, documento que deslinda responsabilidades en ese tema.
A la reunión acudió el general, Pedro Alcalá, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien dio una explicación acerca del funcionamiento y tareas del personal que está a su cargo en la entidad.
El conflicto de los migrantes, dijo, es un asunto que no se debe de encaminar a un tema estrictamente de seguridad, como se quiere hacer ver.
“Yo, como delegado de Bienestar y representante del Gobierno Federal, me parece que se debe de encaminar hacia un tema de Derechos Humanos más que nada, porque luego se desvía”, declaró.
Hay que investigar, con injerencia de los gobiernos federal y estatal, a los traficantes de personas, pero a las víctimas, la Ley los protege.
Dio a conocer que el artículo 9 de la Ley estatal con relación a los migrantes establece que los entes público tienen la obligación promover y fomentar la operación de albergues públicos y privados de atención y apoyo a personas en tránsito, así como proporcionar alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, servicios de transportación.
También ordena otorgar respaldo a los migrantes que sean víctimas del delito y coadyuvar con el Gobierno Federal en la prevención y combate al tráfico de personas.
“Me parece que se ha trabajado de forma coordinada con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal ha estado trabajando y prestando servicios, inclusive los que contempla la Ley estatal… espero que continúe esa colaboración”, expresó.
Loera de la Rosa declaró que el Gobierno Federal tiene en la actualidad a su cargo el albergue Leona Vicario, donde están 681 migrantes, mientras que además coadyuva con el manejo de los que están en el gimnasio Kiki Romero.
Los alimentos los prepara personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los aporta Secretaría de Bienestar, también les dio equipo, algo que también le corresponde al Gobierno del Estado según la ley.
El delegado enfatizó que el sentido que se le tiene que dar a la situación de los migrantes es el humanitario y no criminalizarle, sino dar el trato que establece la Ley estatal, lo que convierte a ese nivel de gobierno en el primer respondiente.
Mencionó que Ciudad Juárez no está lista para recibir a más personas en tránsito, se ha hecho un buen trabajo, pero se trata de una problemática internacional, donde existe mucho engaño y mentira por parte de gente sin escrúpulos que promueve estas migraciones.
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