Adriana Terrazas exhorta a la FGE y Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y la Familia a capacitar a sus agentes del Ministerio Público en el sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Un exhorto urgente para que el Gobierno del Estado y los 67 municipios de la entidad incluyan en sus planes de desarrollo políticas públicas transversales en materia de derechos humanos, perspectiva de género y acceso a una vida libre de violencia, fue presentado por la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso estatal.
Además, pidieron que se considere una partida suficiente en el presupuesto de egresos 2022 para la implementación de programas que permitan hacer frente a estas problemáticas.
La diputada, Adriana Terrazas Porras, presidenta de la Comisión de Feminicidios, recordó el caso de “Rosita” en Ciudad Juárez, una víctima de feminicidio, para señalar que casos similares se repiten en todo el estado, lo que alerta acerca de las condiciones sociales y de seguridad que propician este fenómeno.
Destacó que, en Chihuahua, tan solo de enero a agosto de 2021 se iniciaron 34 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y 187 por homicidio doloso contra mujeres, lo que coloca a la entidad entre los estados con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres.
Ciudad Juárez es el segundo Municipio con más feminicidios a nivel nacional con 13 casos.
Advirtió que en Chihuahua hay cinco municipios con alerta de género a nivel nacional.
La legisladora indicó que destacan los casos perpetrados por menores de edad y alertó sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que se reproduzcan la violencia del entorno y normalizan utilizar a las mujeres y a las niñas como objetos.
Del 2013 al 2021, en 17 estados se han registrado por lo menos 50 casos en los que menores de edad aparecen como presuntos responsables del delito de feminicidio o la tentativa del mismo.
De los adolescentes de entre 13 y 17 años que cometieron ese delito, sólo 23 recibieron una sentencia condenatoria; es decir, seis de cada 10 jóvenes feminicidas no pagaron su delito.
Agregó que el confinamiento que causó la pandemia de COVID-19 agravó la violencia contra las mujeres.
En el país se tienen registrados en ese lapso mil 345 feminicidios, 4 mil 411 homicidios culposos y 337 mil 33 delitos de violencia familiar.
“Lo hemos dicho, además del coronavirus, México padece de otra pandemia: la violencia contra las mujeres”, manifestó.
Terrazas Porras exhortó a que en el presupuesto del 2022 se contemple una asignación suficiente, que permita instrumentar programas que generen un verdadero impacto en materia de derechos humanos, perspectiva de género y acceso a una vida libre de violencia.
Solicitó también la capacitación del personal de la Fiscalía Especializada en delitos contra las mujeres para afrontar los casos en los que él o la indiciada deban ser juzgados por la ley de justicia especial para adolescentes infractores.
“Esta situación no puede continuar así, me indigna como mujer, como chihuahuense preocupada y comprometida por los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes y como presidenta de la comisión de feminicidios”, declaró.
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