De manera recurrente se ha planteado como una problemática compleja del estado de Chihuahua pesada loza de la deuda, de hecho, las dos anteriores administraciones estatales de manera reiterada han recurrido a la contratación de créditos a corto plazo, figura de financiamiento a la que, de acuerdo con la ley de Deuda pública del Estado y de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, los entes públicos pueden recurrir como una fuente de financiamiento para afrontar las necesidades más apremiantes ante la falta de flujo de efectivo.
Al respecto, en fechas recientes nos hemos enterado por diferentes medios de comunicación que la actual administración durante el primer mes de su gestión contrató un crédito a corto plazo, y que antes de que se cumplieran los primeros treinta días de dicha contratación, se iba a adquirir un segundo crédito; se hacía entonces referencia a que los importes de ambas obligaciones a corto plazo fue de aproximadamente $1,800 millones de pesos, por lo que, de ser cierta esa información, se estaría incrementando el déficit financiero para el ejercicio fiscal en curso. De seguir con la misma inercia, habría necesidad de adquirir por lo menos tres tantos más del importe contratado es decir hasta 5 mil millones de pesos por los cuales se tendrían que pagar intereses, comisiones y otros accesorios, lo que agrava cada vez más la situación financiera del Estado.
En el quinquenio anterior se adquirieron créditos a corto plazo de casi 14 mil millones de pesos; y es importante plantear algunas interrogantes: cuánto se pagó de interés, comisiones y accesorios por esos créditos a corto plazo. Sin duda ante los resultados que se obtuvieron es necesario replantear modificación al marco jurídico que permita al congreso ser un verdadero contrapeso.
En este sentido, es que propuse una reforma que tiene como propósito que se cuente con información verídica, exacta pero sobre todo, basada en el principio de inmediatez puesto que el gobierno del Estado presuntamente ha contratado aproximadamente $1,800 millones de pesos en créditos a corto plazo pero dicha información se conoce solo por los medios de comunicación, aspecto que se pretende regular al establecer la facultad de que el Congreso del Estado reciba por parte de los estados y municipios la información relativa a la contratación de créditos a corto plazo, a su vez estableciendo la obligación a dichos entes de informar a quien ocupe la presidencia de esta representación dentro de los cinco días hábiles previos a la fecha de contratación del crédito, los términos en los que fue adquirida la obligación financiera.
Actualmente la Ley de Deuda Pública del Estado en su artículo 34 fracción I, señala que el saldo insoluto del total del monto principal de las obligaciones a corto plazo no excederán del 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos, aspecto que estimamos oportuno disminuir a un 3%, con el propósito de acotar el uso de esta figura de financiamiento de la cual se ha abusado y que en gran medida ha generado el déficit financiero. Aunado a lo anterior, la presente iniciativa establece que los créditos a corto plazo deberán ser liquidados a más tardar en el siguiente ejercicio fiscal al que se contrató, con lo que, sin duda será más difícil que el déficit financiero se incremente desmedidamente como ha acontecido hasta el día de hoy.
Finalmente, es preocupante que, en tan solo a 30 días de iniciada la actual administración, se hayan contratado dos créditos que generan gastos indirectos como comisiones, intereses y en su caso otros que por la propia naturaleza de este tipo de financiamiento, pueden ser más que onerosos que otro tipo de opciones. Y eso, a muy pocos conviene…
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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