Decía el dramaturgo Moliere por allá de los años 1600 que “Los hombres todos son parecidos en sus promesas. Solo en sus acciones es que ellos difieren”. Aclaremos primero que el poco avance en esa época respecto al lenguaje incluyente nos hace inferir la referencia a la humanidad.
Sin embargo, aplicando el sentido de dicha frase no nos requiere ir siglos atrás. Remontémonos al pasado 8 de septiembre cuando en su toma de protesta, la Gobernadora prometía dar fin a la conocida práctica del “tarjetazo”, la misma práctica a la que recurrieron los dos mandatarios que la preceden y que consiste en la contratación de créditos a corto plazo bajo condiciones que no resultan ni muy claras ni muy convenientes.
Quienes hoy nos leen seguramente anticipan el tema que se abordará, probablemente confiando en estas letras, o bien dudando de si se critica de mala fe. Ojalá aún estuviéramos en tiempo como para otorgar el beneficio de la duda pero tan solo a dos días de haber hecho tales declaraciones la Gobernadora, el Secretario de Hacienda recurría a usar la “tarjeta de crédito” para solicitar una cantidad cercana a los mil millones de pesos, lo que se repitió el 24 de septiembre con cifras de las que solo tenemos un aproximado. Insisto, la información certera solo la conocen algunos pocos al interior del Palacio de Gobierno, a pesar de haberse curado en salud
Aprobada recientemente en el Congreso por los grupos parlamentarios del PAN, PRI Y Movimiento Ciudadano, así como por la representación del PT, la Ley de Fortalecimiento Financiero fue planteada solo desde la perspectiva de Gobierno del Estado, quien ante la grave situación financiera pasa a los ciudadanos el sombrero disfrazando el limosneo de una nueva política financiera.
Sin embargo, nada nuevo bajo el sol. Esta nueva Ley de Fortalecimiento no nos sorprende con políticas orientadas a la población, ni con medidas de austeridad que marquen una diferencia, sino que consiste palabras más, palabras menos en contratar más deuda, lo que no abona a mejorar el frágil escenario que enfrentan las finanzas, sino que solo manifiesta que el déficit de las pasadas administraciones permanece y debilita la capacidad financiera de Chihuahua.
Para hacer más comprensible lo anterior: Calculando la deuda que hasta ahora tiene ya el estado, y planteándola desde la proporción que a cada uno de nosotros nos toca pagar de esa deuda, ya debemos poco más de $21 mil pesos a pagar en aproximadamente 10 años. Con la recién aprobada Ley de “Fortalecimiento Financiero”, tan solo para este primer año de gobierno de la presente administración, la deuda de cada chihuahuense aumenta a $23,327 pesos y se posterga por hasta 20 años. Le pido ahora considerar lo siguiente: ¿Sus necesidades básicas están debidamente atendidas a tal grado que, no solo Usted sino sus descendientes carguen con este costo?
Suponiendo su respuesta se insiste entonces en que una verdadera estrategia consistiría en, como coloquialmente se dice, apretarse el cinturón implementando acciones coherentes para disminuir el gasto en áreas no indispensables, replicando esquemas austeridad –así como las familias lo han tenido que hacer sin necesidad de algún experto en finanzas- y dejar como último mecanismo, el financiamiento externo; sin embargo, en este paquete económico no vemos reflejado en nada esta intención.
No queda más que, aplicando un silogismo a la frase de Moliere, deducir que esto lamentablemente y muy a nuestro pesar, es más de lo mismo. Como ya se ha mencionado, todos decimos que queremos que le vaya bien a Chihuahua, la diferencia es qué entendemos cada uno por bienestar y el costo que estamos dispuestos a asumir… o en este caso, a trasladar como responsabilidad de alguien más. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio de que al gobierno le vaya bien?
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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