De los tres poderes que conforman el esquema gubernamental en nuestro país, el poder más vulnerable en cuanto a su independencia es el Judicial, declaró hace unos días el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, refiriéndose al caso Chihuahua.
Y como no coincidir, sobre todo si analizamos los acontecimientos de las últimas semanas dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en nuestra entidad.
El pasado mes de noviembre, mediante una renuncia forzada, se destituye a Pablo Héctor González Villalobos cuando su periodo como presidente del TSJ vencía hasta octubre de 2023. Lo sustituye en el cargo Myriam Victoria Hernández Acosta, fuertemente ligada al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, preso en una cárcel de Miami, Florida en los Estados Unidos.
Enseguida se emprende una campaña de hostigamiento contra todos aquellos integrantes del poder judicial que estuvieron de alguna manera identificados con el exgobernador Javier Corral Jurado y, además de González Villalobos, renuncian a sus cargos el magistrado Roberto Siqueiros Granados y Tania Belkotosky, al tiempo que se ubica en posiciones estratégicas a aquellos de alguna manera ligados a Duarte Jáquez, tal es el caso del magistrado de la séptima sala civil, Luis Villegas Montes, a quien se le designa como consejero del pleno de magistrados y magistradas ante el Consejo de la Judicatura.
Sucedió algo similar a nivel jueces, se ratificó a los duartefílicos y se desechó a los duartefóbicos, aunque con algunas excepciones, siendo el caso del juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez el que más llamó la atención de la opinión pública luego de que este denunciara ante los medios de comunicación que había recibido presiones por parte de la administración de Javier Corral Jurado antes de vincular a proceso a María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora del Estado.
No había razón para que Mendoza Rodríguez confesara de manera tan “inocente” una situación tan delicada, pero las casualidades no existen. De manera coincidente, luego de sus expresiones, que fueron aprovechadas al máximo por una serie de personajes ligados al exgobernador Duarte, entre ellas Campos Galván, el aludido fue ratificado en su cargo.
Es claro que Mendoza Rodríguez no calculó lo que podría provocar con sus declaraciones.
Una serie de cuestionamientos se vinieron como avalancha en referencia a su “confesión”: ¿Cedió a las presiones? ¿Influyeron éstas en la resolución del caso Campos Galván? A Radiza, medio de comunicación con sede en la ciudad de Delicias, le contestó que no haría declaraciones al respecto. Entonces ¿para qué abrió la boca? ¿Qué objetivo tenía tal revelación un día antes de que se decidiera ratificarlo o no? ¿Fue presión de la actual administración o del TSJ? No creo que haya respuesta y, aún cuando fue ratificado, que calidad tiene un juez cuyo prestigio queda en duda.
Ni siquiera la gobernadora, que podría ser identificada como la mayor beneficiaria por las declaraciones de Samuel Uriel, se ha manifestado en favor de éste. Por supuesto que aprovechó los dichos del juez para reafirmar su teoría de que los expedientes que se le abrieron como presunta responsable de actos de corrupción no eran otra cosa que una persecución política y, aunque Mendoza Rodríguez nunca se refirió a la “fabricación de documentos, de testigos o al cambio de procedimientos para ir por encima de la ley”, Campos Galván sí lo hizo en declaraciones a un portal de noticias y fue más allá al manifestar a ese medio “yo creo lo que debemos hacer es cuidar las instituciones y no dejar que este juez y no dejar que otras personas que fueron involucradas se vayan sin recibir una sentencia”. Ni siquiera está segura de presentar una denuncia y ya está pidiendo sentencia.
Otro que aprovechó la coyuntura fue el ex Auditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien dio a conocer que tanto él como su familia demandarán al Juez Mendoza por falsear documentación en su perjuicio. Y sentenció de manera lapidaria: “Él está reconociendo hechos que la ley considera un delito. A confesión de parte, relevo de pruebas”, refirió.
Y quien por supuesto no podía abstraerse a estos hechos y aprovechó al máximo, fue el ex gobernador César Duarte, quien en una carta dada a conocer por sus abogados defensores catalogó las declaraciones del Juez Samuel Mendoza como “sólo un botón del gran muestrario de la intromisión y corrupción del gobierno de Javier Corral en el Poder Judicial del Estado … dichas acciones del Juez Samuel Mendoza no son de ninguna manera las únicas que deben ser investigadas … no fue de ninguna manera el único juez sujeto a la red de corrupción e injerencia inconstitucional del poder Ejecutivo sobre el Judicial, ni mucho menos la ahora Gobernadora la única que padeció estas arbitrariedades y resoluciones judiciales inconstitucionales y absurdas por parte de un Poder Judicial invadido por una brutal injerencia del Poder Ejecutivo”. En conclusión, para Duarte Jáquez la historia del Juez Samuel… es “Peccata Minuta”. Para Mendoza Rodríguez seguramente será mucho más que eso.
Con lo antes expuesto se confirma, el Poder Judicial es el más vulnerable en cuanto a su independencia. Dicho por unos y por otros, aprovechada tal circunstancia por sirios y troyanos, la única diferencia es quién juega qué papel, pero siempre, sin duda alguna, el más perjudicado es el pueblo, el común de la gente que queda a merced de quienes, como Mendoza y muchos otros, no merecen estar frente a una responsabilidad tan trascendente como la de ser un juzgador.
Pedro Torres
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