El próximo 10 de abril se realizará de nueva cuenta un ejercicio democrático, que sin duda alguna dejará un precedente histórico para la vida política de nuestro país. Ese domingo los mexicanos tendremos el derecho de salir a votar si deseamos que el presidente de la república continúe en su mandado o si debe renunciar por pérdida de confianza.
El 01 de Agosto del 2021 por primera vez en nuestra vida democrática se le preguntó a los mexicanos a través de una consulta popular, respaldado por una ley de participación ciudadana, si estaban de acuerdo en que se iniciaran las investigaciones correspondientes para que se esclarecieran decisiones políticas de los pasados actores políticos y así poder garantizar y derechos a las posibles víctimas.
Ese 01 de Agosto se registró una participación ciudadana del 7.11% que equivale a unas 6.6 millones de personas que salieron a ejercer su derecho, y de esas 6.6 millones de personas, 6.5 millones de personas marcaron su boleta diciendo que estaban de acuerdo en que los principales actores políticos como lo fueron Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Pena Nieto, todos estos alternados entre el PAN y el PRI, fueran investigados para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las posibles víctimas.
Una de las interrogantes fundamentales es por qué un ejercicio democrático de esa dimensión como lo es el preguntarle a tus gobernados si están o no están de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes de la república tuvo una participación ciudadana tan baja a pesar de lo que podía implicar el resultado de esa consulta popular.
Bueno, pues no es secreto que uno de los principales aliados de todos los personajes políticos que evidentemente se verían afectados de ser vinculante el resultado de aquella consulta es el órgano electoral que supuestamente se encarga de garantizar la democracia en nuestro país.
En aquel momento se registro esa tan baja participación ciudadana porque el INE tomo la decisión de que solo se instalarían el 30% de las casillas que se instalaron en el proceso electoral del 2021, como si solo el 30% del padrón electoral tuviera el derecho de ejercer su sufragio.
En esta semana el INE acordó de nueva cuenta que para la consulta popular del 10 de abril se instalarán el mismo número de casillas que se instalaron en la consulta popular pasada, es decir solamente el 30% del padrón electoral lo que equivale a 57 mil casillas en lugar de las 160 mil que se deberían de usar como si fuera una jornada electoral ordinaria
De nueva cuenta el INE que se supone que es el órgano electoral que debe de velar por la democracia de nuestro país, que se supone que debe de encargarse de que los mexicanos tengan la oportunidad de ejercer su derecho, atenta contra los que debe cuidar.
No era secreto de que el INE se opusiera a que se realizará esta consulta, hay que recordar que el INE interpuso algunos recursos jurídicos para que no se implementara esta consulta con el pretexto de la falta de presupuesto, sin embargo, la suprema corte de justicia ORDENÓ al INE que llevara a cabo esta consulta popular sujetándose al presupuesto que maneja actualmente.
Algo que debe alarmarnos es que para la consulta popular que se realizó en el 2021 el INE tuvo un gasto aproximado de 500 millones de pesos por instalar las 57 mil casillas y en esta consulta popular de revocación de mandato tiene presupuestado 1800 millones de pesos aproximadamente.
El domingo 10 de abril los mexicanos tienen el derecho de decidir si el presidente de la república debe continuar con su mandato o si debe irse, y ante una pregunta de esta magnitud el INE ha dejado a municipios completos sin una sola casilla instalada, como si en esos municipios sus ciudadanos no tuvieran el derecho de ejercer su sufragio.
Román Alcantar Alvídrez
Abogado electoral convencido de que en chihuahua el pueblo manda.
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