Por casi ya cuatro años se ha discutido en el país la mejor forma de regular el cannabis. Se trata de atender desde luego las múltiples y muy variadas consecuencias de esta tarea, que van desde implicaciones económicas por significar un mercado novedoso y atractivo para nuevas inversiones, generador de empleo, contemplando la particularidad de las muy ventajosas condiciones de cultivarlo en México, hasta prevenir la criminalización, discriminación y estigmatización a sus usuarios bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad.
Actualmente en la Comisión de Justicia del Senado de la República contamos con varias iniciativas de regulación que obedecen a la obligación del Poder Legislativo de modificar cinco artículos de la Ley General de Salud, por la jurisprudencia que se integró en 2018 por amparos otorgados desde 2015 a quejosos a los que se les reconoció su derecho a cultivar cannabis para autoconsumo. Estas modificaciones legales no se han podido concretar y actualmente se encuentran pendientes, no obstante que existen ya tres prórrogas en total que se han solicitado, entre otras razones, por haberse atravesado las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia del Covid-19 desde marzo de 2020.
El 14 de diciembre de 2021, un grupo de compañeros senadores de todos los partidos políticos, liderados por el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa que recupera un proyecto de redacción de dictamen previo aprobado por el propio Senado de la República en noviembre de 2020 y que en su oportunidad se había enviado a la Cámara de Diputados. También el 25 de enero de este año, el compañero senador César Cravioto de Morena presentó una iniciativa que contiene una serie de propuestas con el objetivo de incorporar diversos aspectos encaminados a reparar el daño a poblaciones víctimas de la política prohibicionista.
En virtud de que, como ya se señaló, se le vencieron los plazos al poder Legislativo sin elaborar el proyecto regulatorio ordenado por el Poder Judicial Federal ni solicitar prórrogas adicionales, el 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante proyecto de la ministra Norma Piña, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del “uso lúdico y recreativo” del cannabis. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad modifica los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud y habilita a la Secretaría de Salud a dar autorizaciones para emprender las actividades relacionadas con el autoconsumo, excluyendo la importación, el comercio, suministro o cualquier otro acto de enajenación o distribución del cannabis.
La SCJN detalló que las autorizaciones únicamente podrán ser otorgadas a mayores de 18 años sin que haya consumo frente a menores de edad ni en espacios con personas que no dieren su autorización. Tampoco estará permitido conducir vehículos ni operar maquinaria peligrosa bajo los efectos del psicotrópico. Finalmente, la SCJN también se refirió a la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle respecto al autoconsumo del cannabis psicoactivo, aquel que contiene delta-9 tetahidrocanabinol (THC) para garantizarles a los mexicanos certeza jurídica sobre su uso.
Y aquí, a manera de derivar otra conclusión, debe quedar claro que el cáñamo no debe siquiera regularse y debe permitirse su libre cultivo, producción, promoción y comercio en general, por carecer del componente psicoactivo que motiva la regulación. Como se sabe, el cáñamo es uno de los cultivos más antiguos que se conocen del que derivan una gran variedad de productos medicinales, cosméticos, alimenticios, ornamentales, del vestido e industria en general, por ser una de las fibras naturales más fuertes y resistentes.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
