Desde que se filtró un borrador de la resolución del Supremo en mayo, miles de personas en comunidades de todo Estados Unidos mostraron su desacuerdo al tema con protestas y las activistas de América latina no fueron la excepción, por sus repercusiones en la región.
San francisco , EE.UU. / Bogotá (VOA) – Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin en mayo a las protecciones constitucionales para el aborto, al revocar la histórica decisión Roe Vs Wade (de 1973), activistas de Latinoamérica advierten de los efectos que esto pudiera tener en la región y en los grandes avances que, en materia de salud sexual reproductiva, se han alcanzado.
En conversación con la Voz de América, activistas de distintos países de la región coinciden en que las más afectadas por el fallo serán las mujeres más pobres, afroamericanas y migrantes, a quienes ya les es difícil acceder a los servicios de salud en Estados Unidos.
Erica Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), dijo a la VOA que la resolución es “sumamente preocupante” debido al impacto desproporcionado que tendrá en la vida de personas con capacidad de gestar.
Especialmente, agrega, “en grupos históricamente marginalizados, incluidas las mujeres negras, las mujeres latinas, personas migrantes que vienen de diferentes partes del mundo, quienes por sus estatus migratorios no pueden acceder a servicios integrales de salud”.
La eliminación del derecho constitucional a la interrupción del embarazo ha dado lugar a prohibiciones en muchos de los estados de EEUU. La decisión, aunque ampliamente esperada, ha sido devastadora para los defensores del derecho al aborto.
Para Guevara-Rosas, la decisión además marcará una diferencia “entre las mujeres”.
Un ejemplo de ello es entre “aquellas que tienen la capacidad económica, inclusive de movilizarse de un estado a otro, frente a mujeres que, por sus condiciones económicas, de trabajo (…), no podrán hacer lo mismo. Eso significa que estas mujeres, estas niñas estarán enfrentadas a una situación de vida o muerte”.
Paula Ávila-Guillén, abogada experta en derechos humanos y directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC), dijo a la VOA que “las ricas abortan, las pobres se mueren, y esto creo que sea va a ser mucho más evidente en Estados Unidos”.
“El impacto que vemos en América Latina igual se va a ver acá [en Estados Unidos] y va a ser desproporcionado en un cierto grupo de mujeres más vulnerables”, agregó.
“Una especie de esperanza” para el movimiento pro-vida
Los líderes pro-vida en América Latina también han reaccionado ante el fallo, que en última instancia viene a permitir que cada Estado legisle sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo.
Rosario Corvalán Azpiazu, abogada de la ONG Comunidad y Justicia, la cual hace parte del Colectivo por las Dos Vidas, le dijo a la VOA que la decisión de la Corte en EEUU “da una especie de esperanza, en el sentido de que no significa que cada vez que un país va permitiendo más el aborto, no puede retroceder en este camino. Por eso, lo vemos como una señal tan potente. O sea, los países que, desde nuestro punto de vista, se equivocan al momento de proteger constitucionalmente los abortos, pueden luego enmendar”.
Al contrario de los grupos que apoyan el aborto, para esta abogada, la reciente decisión no significa un retroceso. En cambio, dice, “si se prohíbe el aborto constitucionalmente o, a nivel federal, no es un retroceso, porque simplemente el aborto no es un derecho de la mujer, implica una vulneración de derechos de terceros. Y, por lo demás, muchas veces las mujeres son las que sufren las consecuencias psíquicas o físicas de los abortos que se realizan”.
Un estudio de la la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher de Estados Unidos, publicado en la revista científica The Lancet, indica que el 97% de los abortos inseguros suceden en África, Asia y Latinoamérica.
Según datos del Instituto Guttmacher, especializado en estas cuestiones, en América Latina abortan 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. La zona también lidera la cifra de los embarazos no planeados: 96 embarazos por cada 1.000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años. En la región, el aborto inseguro es la principal causa de muerte materna; en Chile, la tercera y en México, la cuarta.
Los países que han avanzado en aprobar leyes en temas relacionados con la interrupción del embarazo son Argentina, Colombia, Cuba, México (algunos estados) y Uruguay, mientras la prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo está prevista en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
El Instituto Guttmacher también indica que entre 2015 y 2019 se realizaron 5,4 millones de abortos en Latinoamérica. Estimaciones de IPAS de México indican que en América Latina y el Caribe 62 mujeres mueren por cada 100.000 abortos practicados en condiciones de riesgo.
El impacto en la región
La representante de AI dice que “preocupa el impacto que pueda tener a nivel global y particularmente en la región de América Latina y el Caribe, especialmente porque EEUU por muchos años ha sido un referente de derechos sexuales y reproductivos para otras naciones.
Pero al sumarse a la larga lista de países que usan el “aparato estatal para violentar los derechos humanos de mujeres y niñas”, su papel cambia y también alentará a grupos conservadores “anti-derechos en toda la región”, argumentó Guevara- Rosas.
En cuanto al impacto que puede tener esta decisión en América Latina, Corvalán -vocera de la ONG pro-vida Comunidad y Justicia- es clara en decir que, a nivel político, el tema en EEUU se puede ver como un ejemplo de una estrategia a largo plazo.
Y, por otro lado, cree también que Estados Unidos tiene una tradición jurídica “superpotente”.
“Entonces al mirar hacia allá y ver cómo este tribunal resolvió puede ser también inspiración para otros políticos, otros tribunales”, concluye.
Ahora que se revocó este fallo, “se dijo: ‘no, mira, es que no puede haber un derecho implícito si eso no está arraigado en la tradición y en la historia del país’. Entonces, este criterio que incorpora ahora a la Corte Suprema creo que puede influir también en cómo nuestros tribunales van a empezar a abordar este tema”, explica la abogada.
Para Guillén, en Latinoamérica se ha logrado avanzar en los últimos dos años, y con el reciente fallo en Estados Unidos se está “yendo hacia atrás. Entonces, es una posición como un poco bipolar por un lado, pues se avanza muchísimo en los derechos y, por el otro lado, un país que era pionero en reconocimiento de la autonomía echa para atrás estos derechos”.
Según la vocera del WEC, el efecto en Latinoamérica será más político que legal. “Los grupos anti derechos van a sentir que tienen un momento, que si lograron tumbar un precedente tan grande como el de Roe, pues van a poder tumbar a otros precedentes en otros países. Sin embargo, legalmente los sistemas jurídicos y legales son muy distintos”.
“En Estados Unidos opera el common law, mientras que en el resto de nuestros países, pues tiene un sistema legal que no le da tanto poder a las Cortes, sino le da muchísimo más peso y hay más balance entre los poderes legislativos y judiciales”, agrega.
Sin embargo, cree que el hecho va a tener un impacto en los países frontera con Estados Unidos, específicamente en México y que, incluso, en México ya se está viendo de mujeres que llegan para acceder al aborto.
“Desde febrero de este año, han comenzado a subir los números de personas que viajan por abortos y pues esa es una consecuencia que va a ser inevitable… Cuando una persona ya tomó la decisión de abortar, va a abortar, sí o sí, independiente de cuál es el contexto legal, entonces lo que cambia es en qué forma aborta y si tienen los recursos para viajar a otros lugares”, explica la directora del WEC.
La vocera de la ONG Comunidad y Justicia, sobre la teoría de los grupos pro-abortos de que el fallo podrá incidir en las mujeres más vulnerables y que, incluso, las puede obligar a viajar a otros países como México para abortar, señala que es algo que hay que evitar, pero tanto los abortos legales como ilegales.
“Aquí el problema es el aborto, la situación en que está esta mujer, que se ve probablemente en la situación de tomar una decisión que no quiere tomar y que se vulnera el derechos de los niños, obviamente, en una situación más precaria aún, cuando no hay condiciones como médicas para realizar el aborto. Pero eso no te puede llevar a concluir que hay que legitimar los aborto”.
Temor a la “criminalización”
Lorena Herrera, de la Colectiva Feminista de El Salvador, va más allá, y menciona la “criminalización” de las mujeres pobres.
“La decisión de Estados Unidos trae una cola detrás. Esa cola, esa consecuencia es la penalización, la persecución, la investigación de los cuerpos de las mujeres y en última instancia la criminalización y el encarcelamiento”.
Herrera habla desde la experiencia salvadoreña. El país centroamericano es uno de los pocos países que tienen una penalización absoluta y donde mujeres purgan penas de hasta 30 años de prisión al ser juzgadas por homicidio agravado y no por aborto. En los últimos 20 años unas 180 mujeres con emergencias obstétricas han sido procesadas penalmente.
“Viendo también el espejo de El Salvador, esta es una norma que recae sobre todo en mujeres que viven en situación de pobreza. Mujeres empobrecidas, posiblemente migrantes o de comunidades que enfrentan discriminación, comunidades latinas, afrodescendientes”, agregó la representante de la colectiva.
Siempre basándose en la experiencia de países donde la interrupción del embarazo es penada, Human Rights Watch sostiene que la prohibición del aborto puede provocar que los profesionales de salud, ante el “miedo de la posibilidad de acciones penales”, denuncien a las autoridades “sobre pacientes con emergencias obstétricas o abortos espontáneos, que podrían parecer abortos provocados”.
Esto dificultaría que personal médico llevena cabo su trabajo y brinde a sus pacientes el más alto nivel de atención.
La marea verde se mueve a EEUU
Nuevos símbolos han aparecido en EEUU, como el pañuelo verde, que hasta ahora identificaba a las feministas de Argentina, luego a las de Colombia y así a otras jóvenes de colectivos feministas que han impulsado una agenda por la liberación de las mujeres y por el avance de los derechos sexuales y reproductivos.
Olga Cristiano, integrante y cofundadora de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina -un colectivo que nació en 2005 e impulsó proyectos en el Congreso para despenalizar el aborto en el país sudamericano, logrado a finales de 2020, dice que la mayor preocupación es que “estas leyes son retrógradas, evidentemente, y que después de 50 años vuelvan para atrás”, refiriéndose al fallo en Estados Unidos.
Razón que, según explica, las llevo a solidarizarse desde su país, al levantar los pañuelos verdes que las identifica, durante una protesta el lunes frente a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires por el reciente fallo de su Corte Suprema
“Sabemos que la ley, cuando se levanta esto es lo que produce, es una gran discriminación y un gran castigo a las más pobres, a las migrantes, a las mujeres de color. Entonces, bueno, pensamos de que nuestro pañuelo verde tenía que llegar allá y estar ahí”, explicó Olga a la VOA.
Aunque reconoce que los “derechos se pueden perder… que lo único absoluto es el cambio, que hoy podemos tener la ley y mañana los países ya pueden perder”, es importante que las mujeres de movilicen para mantener efectiva las leyes.
“Nosotras no creemos que sean los partidos lo que tienen que dar la ley. Pensamos que es el movimiento de mujeres en alianza con muchos sectores los que tienen que llevar a ejercitarla la ley”, añadió la activista argentina.
El pañuelo verde se ha vuelto omnipresente como la solidaridad de las mujeres que ahora traspasan fronteras, estados como California, Nueva York y otros países como México, donde grupos están ofreciendo las píldoras del día siguiente, procedimientos para interrumpir el embarazo y asesoría en el tema.
Sin embargo, no todas las mujeres pueden movilizarse de un estado a otro, o en su defecto de un país a otro, en especial las mujeres migrantes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la decisión del Tribunal Supremo puede “aumentar la mortalidad materna”.
Soumya Swaminathan, jefa científica de la OMS, dijo que lo que hacen estas prohibiciones es provocar “un enorme daño a su salud y a veces la muerte […]. Las más afectadas son las mujeres pobres que no pueden recorrer largas distancias para obtener el procedimiento”.
La Iglesia, en contra del aborto
En el Vaticano, la semana pasada, el Papa Francisco dijo que respetaba la decisión de la Corte, pero que no tenía suficiente información para hablar sobre ella desde un punto de vista jurídico. No obstante, condenó enérgicamente el aborto, comparándolo con “contratar a un sicario”. La Iglesia Católica enseña que la vida comienza en el momento de la concepción.
“Pregunto: ¿Es legítimo, es correcto, eliminar una vida humana para resolver un problema?”, planteó el pontífice.
Además, en referencia al presidente Biden, católico confeso, se le preguntó a Francisco sobre si un político creyente que se opone personalmente al aborto, pero apoya el derecho de los demás a elegir, debería recibir el sacramento de la comunión.
“Cuando la Iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, genera un problema político”, dijo el Papa. “Esto es todo lo que puedo decir”, zanjó.
Mientras que en declaraciones a ACI Prensa, la agencia de noticias hermana en español de CNA, Jesús Magaña, presidente de la plataforma pro-vida Unidos por la Vida en Colombia, comentó que adoptar la medida en 1973 “fue un gravísimo error que ha costado la vida, sólo en Estados Unidos, a más de 60 millones de seres humanos”.
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