Los analistas afirman que López Obrador empieza a parecerse al primer ministro húngaro, el derechista Viktor Orban, que llama agente extranjero a cualquiera que se le oponga.

El tema llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando López Obrador trató de eludir las impugnaciones judiciales a uno de sus proyectos favoritos, al declarar la construcción de un tren turístico un tema de “seguridad nacional”, sin explicar por qué un proyecto turístico justificaba esa declaratoria.

El lunes, el presidente dijo que se trataba de un caso de intervención extranjera de ambientalistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, un señalamiento cautivador en un país que ha sido invadido varias veces.

“Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudo ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos”, aseguró López Obrador. “Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero”.

El activista Pepe Urbina presentó una de las impugnaciones judiciales que paralizaron el llamado Tren Maya, que se abre camino a través de la selva de la península mexicana de Yucatán.

El proyecto amenaza muchos cenotes, que son cavidades de agua dulce típicas de Yucatán, donde se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América del Norte.

“Se nos está difamando con esta afirmación de que trabajamos para el gobierno de Estados Unidos”, afirmó Urbina, quien se gana la vida como buzo profesional y niega haber recibido fondos del vecino país del norte. “Es absurdo”, aseguró.

El Tren Maya planea un recorrido de 1.500 kilómetros a través de la península de Yucatán, conectando balnearios y sitios arqueológicos. López Obrador lo ha eximido de las declaraciones de impacto ambiental, pero un juez no estuvo de acuerdo y congeló las obras en un tramo de 60 kilómetros de vías entre Cancún y Tulum.

Antonella Vázquez, una abogada que se hizo cargo de las apelaciones de forma voluntaria, también negó haber recibido financiación del gobierno de Estados Unidos.

“Es una pena que descalifiquen, nada más para insistir con una seguridad nacional que no aplica a un tren de turismo”, afirmó Vázquez, quien recalcó que el juez de la causa se negó el lunes a cancelar la suspensión, a pesar de que el gobierno ha comenzado a ignorarla.

El fin de semana, López Obrador usó un lenguaje similar para atacar a cualquiera, ambientalistas o empresarios, que se opusiera a su plan de dar preferencia en la compra de electricidad a las centrales gubernamentales, a pesar de que tienen tecnologías antiguas y sucias, al generar energía con la quema de diésel y carbón, sobre las plantas privadas de gas, eólicas y solares.

Las acciones de López Obrador en materia de energía eléctrica llevaron a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a presentar una denuncia contra México en virtud del tratado comercial T-MEC, que prohíbe discriminar a las empresas extranjeras.

Ellos “están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria”, afirmó López Obrador sobre la oposición interna a sus planes para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El analista mexicano de temas de seguridad Alejandro Hope opinó que los comentarios de López Obrador suenan más como los de figuras autoritarias europeas. “Esto es como Victor Orban, como Putin”, afirmó Hope en alusión al primer ministro húngaro y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Bajo la óptica del presidente mexicano, “los movimientos sociales, los organismos gubernamentales son sospechosos por definición. Y si tienen algún tipo, si están conectados con algún tipo de red internacional, más aún”, agregó Hope.

“Lo que sigue es empezar a criminalizar la oposición ¿no? Traicionar a la patria es un delito en el Código Penal”, recordó. “No creo que esté todavía allí, pero están ahí planteando, digamos, lo está poniendo la mesa”.