La jueza federal en Florida dará su veredicto sobre la necesidad de un supervisor especial en el caso del registro domiciliario realizado a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida el pasado 8 de agosto.
Estados Unidos (VOA) – Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y del expresidente Donald Trump deben comparecer en una audiencia el jueves mientras un juez federal considera si designa a un supervisor especial para revisar los materiales que el FBI incautó de la casa de Trump en Florida.
La jueza federal de distrito Aileen Cannon dijo el fin de semana pasado que se inclinaba por nombrar a un rector especial, pero que primero quería escuchar lo que el gobierno tenía que decir. Si bien se opuso al nombramiento del encargado, el gobierno dijo que si Cannon nombra a esa persona, la revisión debería completarse antes del 30 de septiembre.
Los abogados de Trump han pedido que se le devuelvan todos los documentos que podría tener derecho a conservar, como material relacionado con las conversaciones que ha tenido con sus abogados sobre las diversas investigaciones de su presidencia, las elecciones de 2020 y los asuntos comerciales que se han llevado a cabo por el DOJ, funcionarios en Nueva York y el estado sureño de Georgia.
El gobierno dijo a principios de esta semana que su revisión arrojó “un conjunto limitado de materiales” que deberían devolverse a Trump.
Los abogados del DOJ dijeron en una presentación ofrecida el martes por la noche: “El nombramiento de un gestor especial impediría la investigación criminal en curso por parte del gobierno” sobre si Trump obstruyó la justicia o violó otras leyes estadounidenses al almacenar los documentos en su propiedad de Mar-a-Lago.
Justicia también dijo que si el maestro especial revisaba documentos clasificados, “impediría a la comunidad de inteligencia [de EEUU] realizar su revisión en curso del riesgo de seguridad nacional que puede haber causado el almacenamiento inadecuado de estos materiales altamente confidenciales e identificar medidas para rectificar o mitigar cualquier daño que haya causado el almacenamiento inadecuado”.
Búsqueda de agosto
Los abogados de Trump dijeron en una presentación del miércoles que la búsqueda del gobierno en el patrimonio de Trump el 8 de agosto fue “sin precedentes, innecesaria y sin respaldo legal”.
Agregaron que lo que los agentes encontraron “era algo que se esperaba por completo” y que “la noción de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido motivo de alarma”.
El Departamento de Justicia alegó en su presentación del martes que solo buscó y obtuvo la aprobación de la corte para una búsqueda sin precedentes de documentos de seguridad nacional altamente clasificados en el patrimonio de Trump después de concluir que “probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno”.
La búsqueda no anunciada se produjo después de que uno de los abogados de Trump dijera en junio que todos los documentos clasificados habían sido devueltos a los Archivos Nacionales, como exige la ley estadounidense una vez que el presidente deja el cargo.
Los asistentes de Trump entregaron 15 cajas con 184 documentos clasificados a los Archivos en enero y 38 documentos más en junio.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo que el abogado de Trump que afirmó que todo había sido entregado “prohibió explícitamente que el personal del gobierno abriera o mirara dentro de cualquiera de las cajas que permanecían en la sala de almacenamiento [en Mar-a-Lago], sin darle oportunidad para que el gobierno confirme que no quedan documentos con marcas de clasificación”.
Posteriormente, el Departamento de Justicia explicó: “El gobierno obtuvo pruebas de que una búsqueda limitada a la sala de almacenamiento no habría descubierto todos los documentos clasificados”.
Ante la sospecha de que quedaban más documentos clasificados en Mar-a-Lago, el fiscal general Merrick Garland autorizó el registro sin precedentes de la residencia de Trump y obtuvo la aprobación del registro del juez federal Bruce Reinhart en Florida.
El expediente judicial de 36 páginas incluía una fotografía de algunos de los documentos clasificados encontrados en la oficina de Trump, que se habían extendido sobre la alfombra para la foto. El archivo del Departamento de Justicia dice que algunos de los documentos estaban tan altamente clasificados que los abogados que los leyeron más tarde tuvieron que obtener autorizaciones de seguridad adicionales antes de poder revisarlos.
En una publicación en redes sociales el miércoles, Trump afirmó: “Es terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso (¡tal vez fingiendo que fui yo quien lo hizo!), y luego comenzó a tomar fotografías de ellos para que el público los viera”.
Trump volvió a afirmar que había desclasificado los documentos, aunque no ha presentado ninguna prueba de que lo hubiera hecho antes de dejar el cargo cuando expiró su autoridad para hacerlo.
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