A través de la nueva legislación, quienes hayan nacido fuera de España y tengan abuelos o padres originariamente españoles, podrán solicitar la nacionalidad. En la mayoría de casos, los beneficiarios serán descendientes de españoles que huyeron de España a causa de la Guerra Civil y la violencia que tuvo lugar durante la dictadura de Francisco Franco. Los exepertos calculan que casi 500.000 españoles decidiron exiliarse. Aunque Francia fue el principal país receptor, naciones latinoamericanas como México, Argentina y Venezuela, también acogieron a un gran número de familias españolas que abandonaron forzosamente su hogar.
También podrán solicitarla “los hijos e hijas, nacidos en el exterior, de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978”, cuando entró en vigor la Constitución, y los “hijos o hijas mayores de edad de ciudadanos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción” tal y como indica el comunicado del Gobierno.
Todavía no se conoce cuándo entrará en vigor la “Ley de Nietos”, pero se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, y que posteriormente sea ratificada por el Rey Felipe VI. Después, los Consulados de España de alrededor del mundo informarán a los solicitantes sobre cuáles serán los pasos para realizar la tramitación, que contará con un plazo de dos años.
Hasta el momento algunos de los requisitos para adquirir la nacionalidad española consistían en tener un padre o una madre españoles que hubieran nacido en España, haber vivido diez años en el país de forma legal y continuada, o presentar una carta por naturaleza.
Tras meses de debate, el Senado aprobó la Ley de la Memoria Democrática de manera definitiva el pasado miércoles con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.
Según el comunicado del Palacio de la Moncloa, se trata de una legislación que “se fundamente en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos, y condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista”.
De esta manera, se deroga la ley vigente, bautizada como “Ley de la Memoria Histórica” y aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La “Ley de la Memoria Democrática”, además, declara la ilegalidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, y da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos de la guerra civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
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