Fundamental para impulsar el crecimiento económico de cualquier país, es la inversión en infraestructura. Esta es una condición necesaria para crear empleo, alcanzar mayores niveles de bienestar y en consiguiente, reducir las brechas de desigualdad, que han sido el principal obstáculo para el bienestar de las clases populares. Esto es, que el desarrollo de infraestructura es una condición necesaria y fundamental para el desarrollo sustentable, hacernos más resilientes a los desastres naturales, incrementar la productividad y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente los habitantes de las zonas populares, con el acceso a servicios de salud, agua potable, electricidad, educación, vivienda, entre otros.
Desafortunadamente, los países de América Latina y el Caribe presentan un déficit importante en esta materia. De acuerdo con datos de la CEPAL, en los últimos años, el promedio anual de inversión en infraestructura en América Latina, es sólo del 1.8% del PIB, cuando se requeriría cuatro veces mas para cerrar la brecha de desigualdad que afecta a nuestra región.
Pero ojo, la infraestructura requiere mantenimiento, continuo y permanente. Recuerdo que ea fines del siglo pasado se estimaba el costo del mantenimiento, solamente del mantenimiento, cerca de dos puntos del PIB.
Sabemos que el mantenimiento debe ser permanente, esto es continuo, por ejemplo tan solo en lo que se refiere a la infraestructura de transporte en México, la red de caminos tenía poco más 807 mil Km en 2021, 27 mil Km de vías lo que implica altos costos en su preservación.
Para lograr lo anterior no solo se debe aumentar la cantidad de recursos destinados a estos proyectos, fortalecer su gobernanza, para asegurar una buena relación calidad-precio y garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad.
En ese escenario, la fiscalización superior puede desempeñar un rol principal para que los gobiernos mejoren los niveles de inversión en infraestructura, como su calidad, evitando el mal uso de recursos, previniendo riesgos de corrupción y realizando recomendaciones, a través de las auditorías de desempeño, para apoyar el éxito de los proyectos, de acuerdo con las facultades que les otorgue su marco legal y normativo.
Así y en armonía con las sugerencias y opiniones de diversas agencias internacionales, como es el caso de CEPAL, el BID, la OCDE, principalmente la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Esta última en su Asamblea General, aprobó la propuesta del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil para crear el Grupo de Trabajo de Fiscalización de Políticas y Regulación de Infraestructura (GTInfra). Brasil ha sido un líder en la cuestión de la gobernanza.
Se trata de que las EFS miembros de OLACEFS, realicen un trabajo conjunto para mejorar la gobernanza en materia de infraestructura de nuestra región, considerando su impacto transversal y la necesidad de abordarlas desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas.
Para ello, el grupo de trabajo en infraestructura, realizará estudios y trabajos coordinados de fiscalización superior, para contribuir a potenciar el resultado armónico de las políticas, planes y acciones de infraestructura, tomando en cuenta los costos locales, regionales y globales de oportunidad, con énfasis en la transición energética, el cambio climático y su impacto en la infraestructura, considerando la integridad, la seguridad jurídica, la promoción de la inversión privada, en un marco de gobernanza..
Ello enriquecerá los trabajos que la OLACEFS ha realizado en los últimos años para desarrollar capacidades y difundir conocimientos y buenas prácticas de auditoría enfocadas a la infraestructura.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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