El caso que llevó a la observación y análisis de los principales jueces estadounidenses impugna una directiva dictada por la Administración Biden a mediados de 2021, que detuvo las deportaciones a menos que se tratara de personas con antecedentes comprobados de terrorismo, espionaje o sean un peligro para la seguridad nacional.
La demanda contra la directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fue presentada por los estados de Texas y Luisiana.
Hasta la llegada al poder de Biden, la política de deportaciones de su antecesor, Donald Trump, era la de enviar de vuelta a sus países a la mayor cantidad de inmigrantes, incluso sin darles el derecho a presentar su caso de asilo ante un tribunal estadounidense, por virtud del Título 42 con motivo de la pandemia.
Tras la discusión de los jueces del Supremo este martes, un veredicto pudiera estar listo para junio de 2023.
Los argumentos
Durante la sesión, el principal abogado de la Administración frente a la Corte Suprema dijo a los jueces que la ley federal “no crea un mandato inflexible para detener y expulsar” a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que viven en situación migratoria irregular en el país.
La procuradora general Elizabeth Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador sobre el terreno” que el tribunal superior exija algo así, y argumentó que el Congreso no le ha dado suficiente dinero al DHS para aumentar de modo considerable la cantidad de personas que retiene y deporta.
Los dos estados, cuyos fiscales generales republicanos presentaron la demanda, explicaron que las pautas iban en contra de las disposiciones de la ley federal de inmigración, las cuales obligan a detener a los ciudadanos no estadounidenses que han sido condenados por ciertos delitos o tienen órdenes finales de deportación.
“Es nuestro trabajo decir cuál es la ley, no si se puede implementar o no, o si hay dificultades en ello”, sostuvo el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts.
“Nunca hay recursos suficientes, o casi nunca, para detener a todas las personas que deberían ser detenidas, arrestar a todas las personas que deberían ser arrestadas, enjuiciar a todas las personas que violaron la ley”, agregó el juez Brett Kavanaugh.
La jueza Elena Kagan se refirió a los recelos de sus compañeros, ambos considerados conservadores, y vaticinó: “Simplemente vamos a estar en una situación en la que cada administración se enfrente a demandas de estados que pueden detener una política con solo mostrar los costos por valor de un dólar”.
Una inusitada afluencia migratoria
El número de migrantes que cruza por la frontera sur de estados Unidos, desde México, ha crecido considerablemente para alcanzar cifras nunca antes vistas, según despachos periódicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Los migrantes fueron detenidos 227.547 veces en septiembre en la frontera con México, el tercer total mensual más alto en la presidencia de Joe Biden. Esto representó un alza de 11 % respecto a las 204.087 detenciones en agosto y 18,5 % respecto a 192.001 de septiembre de 2021.
Desde su plan de campaña presidencial Biden prometió enfrentar la migración ilegal, al tiempo que echara abajo las políticas migratorias de Trump. Al efecto, nombró a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la cuestión migratoria, sin embargo, no ha podido suspender el Título 42, una medida emitida por las autoridades de Salud tras la aparición del COVID-19 y que establece devolver a los inmigrantes a la frontera mexicana.
Los republicanos critican a la actual administración, acusándola de mantener una política de “frontera abierta”, algo que rechaza de plano el Ejecutivo.
[Con información de Associated Press y Reuters]
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