Es patético realmente el comportamiento del presidente de la República, lo que pretende hacer con sus reformas electorales es, técnicamente, un Golpe de Estado.
El presidente López no puede disolver el Congreso de la Unión, como su estimado pretendido dictador peruano Pedro Castillo lo intentó. Pero, el presidente, contando con sus incondicionales legisladores, puede dañar al órgano electoral encargado de administrar, coordinar y vigilar los procesos electorales, que es el Instituto Nacional Electoral (INE), a tal grado, que las elecciones del 2024 en donde se renovará la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, así como múltiples gubernaturas, congresos locales, Ayuntamientos y Alcaldías, se pueden poner gravemente en peligro.
Al tener a un INE desarticulado, con capacidades disminuidas, a través no solo de cortes presupuestales, sino de cortes severos en sus músculos operativos, como los que capacitan a funcionarios de casilla, que ubican los mejores lugares para la instalación de las casillas electorales, y se dedican a vigilar el cumplimiento de las leyes electorales por los miles de actores políticos que estarán en el juego electoral del 2024.
El presidente, con sus “duendes”, su partido y aliados, pretenden dar una apariencia de “procesamiento democrático” dizque cambiando aspectos de la reforma presentada que abierta y directamente violan la Constitución, pero dejando intactos los cambios estructurales que las reformas a las leyes secundarias presentadas ante el Congreso de la Unión por el presidente de la República, que debilitan al INE, y que de una manera general, en su conjunto violan nuestra Constitución.
El artículo 41 de la Constitución, en su fracción V señala que:
“V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.” [el énfasis es nuestro].
Para que haya certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en un proceso electoral, es indispensable tener a una autoridad electoral que cuente con el presupuesto necesario, que tenga una estructura administrativa sólida y profesional, que su organización sea permanente y esté dedicada en su totalidad a cumplir con los principios constitucionales señalados.
Si con una reforma a las leyes secundarias se desea, con un falso e iluso afán de ahorro y austeridad, debilitar a tal grado a los órganos electorales para que no cumplan con su función constitucional, lo que se está haciendo es, literalmente, dar un Golpe de Estado técnico; se pretende vulnerar la voluntad ciudadana para desviar el sentido del voto con mañas y trampas que se promueven desde lo más alto del poder político, primeramente limpiando todas la violaciones que se han hecho a las leyes electorales en vigor con los actos anticipados de campaña, usando fondos y recursos humanos de índole pública.
Se le quitan recursos, personal y estructura administrativa a las autoridades electorales, para que, desde el gobierno, se maneje lo que hemos llamado una “elección de Estado”, y las autoridades electorales no van a ser capaces de poner orden en las innumerables trampas electorales que se planean realizar, con el fin de mantenerse en el poder los actuales actores políticos que apoyan al presidente López, para seguir dilapidando la riqueza nacional, existente no solo en nuestros recursos naturales, sino en todo lo que hemos cosechado en competitividad, capacitación y efectividad en las exportaciones de manufacturas y en los servicios que la apoyan, y en nuestra gran capacidad humana que tenemos, que fácilmente huirá al extranjero si se instaura un gobierno hegemónico y dictatorial en el país.
Pero, los mexicanos podemos parar todo esto, defendiendo al INE y continuando con nuestra marcha del 13 de noviembre, exigiendo a nuestros legisladores que no abusen del poder que tienen y voten en contra toda la iniciativa presidencial.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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