HACE cerca de 25 años publiqué un ensayo en la revista de Comercio Exterior llamado “Retos del Federalismo Fiscal Mexicano”, que se utiliza como introducción para muchos estudiantes de economía, y es destacar que hoy, varias de las conclusiones siguen vigentes. Por ejemplo se mencionaba que entre el 90 y 95 por ciento de los ingresos estatales, provenían del esfuerzo recaudatorio federal, no solo por la firma del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación, también por el desinterés recaudatorio en la mayoría de las entidades federativas, y la baja recaudación del impuesto predial por parte de los municipios, resaltando la fragilidad fiscal de dos órdenes de gobierno para hacer frente a cualquier contingencia, natural o social, o para aprovechar las facultades extra fiscales de los impuestos y estimular con recursos propios las posibilidades de desarrollo regional y municipal.
En lugar de buscar algunas nuevas facultades, renunciaron a otras, como es el caso, de 2012, cuando muchos estados abdicaron de la recaudación del impuesto a la tenencia, cuyo 20 por ciento correspondía a los cerca de 2 500 municipios del País, que no fueron consultados por los gobiernos estatales. Claro hubo honrosas excepciones como la Ciudad de México y algunos estados como Oaxaca, donde la tenencia aún existe.
Por otra parte, como mencioné, el esfuerzo en materia recaudatoria del impuesto predial para el caso de los municipios tampoco ha avanzado, por ejemplo, la desactualización de los valores catastrales, el desinterés fiscal de los importantes municipios incluidos los turísticos y la corrupción, como sucedió a mediados de la década pasada en municipios como Benito Juárez. Es evidente que alcanzar los valores reales, cuando esto está muy debajo debe darse en un proceso gradual.
Mi ensayo concluía que fortalecer nuestro PACTO FISCAL, no descansa sólo en el cambio de las fórmulas de distribución de las participaciones, por lo que se precisa la revisión de competencias tributarias y un manejo riguroso y transparente del gasto público, empatado con procesos de fiscalización, que aprovechen las nuevas tecnologías para mejorar su recaudación.
La ASF si bien ya revisaba estos recursos, la creación de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, ha contribuido a lo anterior.
Finalmente ya he mencionado que los países con sistema federal son los más extensos y poblados del mundo –y no somos muchos- y hay razones de gobernanza en el federalismo fiscal, de equidad en la distribución de recursos, responsabilidades y servicios.
En suma, se busca asegurar la equidad del sistema tributario, simplificar los procesos de recaudación, mejorar las políticas de gasto, la transparencia en el uso de los recursos, para el fortalecimiento las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno. Asumir cada uno la responsabilidad fiscal, el interés por recaudar con eficiencia, y sin corrupción. Encontrar un buen sistema de reparto que no descuide el necesario equilibrio entre las entidades donde se recauda por la entidad responsable de la recaudación y la necesaria justicia distributiva.
Se debe hacer un uso eficiente de los recursos además de que los estados cumplan con las potestades recaudatorias y los municipios cumplan con la recaudación de su principal impuesto que es el predial.
No puede el esfuerzo fiscal de un solo orden de gobierno, -el federal- mantener a los 32 Estados y cerca de 2500 municipios, sino que es necesario que ellos aprovechen sus facultades recaudatorias y gasten bien. No olvidemos que las finanzas públicas eficientes, no solo son el ingreso también se requieren políticas de gasto, que no sean instrumentos para maquinar fraudes o usar empresas factureras, mecanismos negativos y bizarros que favorece la corrupción.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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