Ni duda cabe que las lealtades de la gobernadora María Eugenia Campos Galván son firmes y mejor testigo no hay para confirmarlo que el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien hasta la fecha cuenta con la fidelidad de la actual mandataria, a tal grado que estuvo a punto de lograr que, desde el Tribunal Superior de Justicia, se le autorizara llevar el proceso penal que enfrenta en arraigo domiciliario, seguramente para evitar especulaciones acerca de sus constantes salidas al hospital en donde recibía trato especial con cargo al erario o respecto de que la celda que ocupa en el Cereso de San Guillermo es calidad VIP, como las que se “descubrieron” en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez.
Lo que es claro es que a mayor avance de la actual administración estatal más notoria es la presencia del Duartismo, ya sea con personas que tuvieron cargos durante el mandato de Duarte Jáquez o personas que estuvieron involucradas en los manejos de desvío de recursos y otros actos de corrupción orquestados por el ex mandatario.
Aunque son muchas las áreas estratégicas de la actual administración en la que se ha colocado a personajes ligados a Duarte Jáquez, el caso más emblemático es el de la Fiscalía General del Estado, donde sin el menor rubor la gobernadora propuso como titular a César Jáuregui Moreno y los diputados panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y la ex morenista (hoy Maruísta) Adriana Terrazas Porras otorgaron su aval, no obstante que éste fue vinculado a la “nómina secreta”, integrada por políticos de diversos partidos, quienes, al igual que el actual fiscal y la gobernadora, habrían recibido cantidades millonarias en calidad de sobornos para que aprobaran las iniciativas de Duarte Jáquez, como la aprobación de la inmensa deuda estatal y muchas otras que permitieron.
Los diputados de Morena se posicionaron en contra de la designación de Jáuregui Moreno advirtiendo el claro conflicto de interés. El coordinador de la bancada guinda, Cuauhtémoc Estrada Sotelo cuestionó: “¿Qué papel tendrá en dichos temas, que aún no están concluidos y dentro de los cuales existen señalamientos en su contra y de la gobernadora?”.
Adicionalmente, Carlos Manuel Salas, quien fungiera como fiscal general durante la primera mitad del gobierno duartista fue designado como fiscal de la Zona Norte, mientras que en la Zona Centro se nombró a Francisco Martínez Valle, quien ha venido fungiendo como abogado defensor del mismísimo Duarte Jáquez y varios de los implicados en sus corruptelas.
No hay que olvidar que el ballezano (los parralenses rechazan que se diga que es oriundo de la capital del mundo) no solo fue un corrupto sino un contumaz corruptor y hoy, a pesar de estar sujeto a proceso, nos muestra a los chihuahuenses que su poder permea en todos los ámbitos del actual Gobierno del Estado.
Qué hueco suena el discurso de toma de posesión de María Eugenia Campos Galván como gobernadora, cuando afirmó que “juntos vamos a ir acabando con la impunidad y, por cierto, hablando de este tema… quiero dejar algo muy claro, hablando de la Fiscalía General del Estado, mi gobierno dará continuidad a las investigaciones contra el exgobernador César Duarte siguiendo el debido proceso para asegurar una investigación apegada a la ley. Y quiero decirle a todo Chihuahua y a todo el país, de una vez por todas: en el caso Duarte, ni perdón ni olvido, por supuesto que no”.
La falsedad e hipocresía de Campos Galván no tienen límite. Resulta que al solicitar los abogados de Duarte que su defendido enfrentará su proceso en arraigo domiciliario ofrecieron para ese fin los datos de una vivienda propiedad nada más y nada menos que de la gobernadora. ¿Es posible mayor desfachatez?
Al solicitar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva el abogado del exgobernador, Juan Carlos Mendoza, mencionó que su defendido contaba con una propiedad arrendada en la ciudad de Chihuahua, ubicada en la calle Valle Escondido 5501 en el Fraccionamiento Bosques de San Francisco. En la inscripción 36 libro 6387 del Registro Público de la Propiedad se establece que el lote sobre el que está construida esa vivienda está registrado a nombre de María Eugenia Campos Galván desde el 12 de septiembre de 2019. Ya durante la campaña a gobernadora había sido cuestionada acerca de la propiedad de ese inmueble y se señaló como dato curioso que el notario que dio fe de la compraventa fue Luis Raúl Flores Sáenz, el mismo que certificó los recibos de Duarte le hizo firmar a Maru por lo moches que le entregó.
De acuerdo con una publicación en el portal tiempo.com.mx el contrato de arrendamiento fue celebrado en septiembre del 2022 entre César Duarte y Sandra Madgalena Urbina Arzola, suegra de Carlos Hermosillo Arteaga, ex diputado federal fallecido en muy extrañas circunstancias y que fue denunciado en su momento por el abogado Jaime García Chávez como presunto responsable de enriquecimiento ilícito junto al exgobernador César Duarte Jáquez y el exsecretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera. A Hermosillo lo señaló como una “pieza clave” en las actividades financieras del ex-gobernador de Chihuahua y como depositario de Duarte en el Banco Unión Progreso.
Aunque públicamente ningún medio de comunicación consignó que la casa de Bosques de San Francisco en la que se pretendía resguardar a Duarte Jáquez es propiedad de la gobernadora, los abogados defensores de éste adujeron que había sido un error y propusieron un nuevo domicilio ubicado en Bahía de San Quintín, al noroeste de la ciudad de Chihuahua, lo cual fue consignado una vez más en el portal antes citado en la nota a la que se llega a través del siguiente link.
Pedro Torres
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