Estados Unidos (VOA) – Un gran jurado de Nueva York que investiga a Donald Trump por un pago de dinero secreto a una estrella de películas para adultos parece estar listo para completar su trabajo pronto, ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se preparan para posibles disturbios en caso de una acusación.
Durante el fin de semana, Trump afirmó sin ninguna evidencia que sería arrestado el martes, y sus representantes dijeron más tarde que estaba citando informes y filtraciones de los medios. No había indicios de que la predicción se hiciera realidad, aunque el gran jurado pareció dar un paso importante al escuchar el lunes a un testigo favorable a Trump, presumiblemente para que los fiscales pudieran asegurarse de que el panel tuviera la oportunidad de considerar cualquier testimonio que pudiera verse de forma remota. como exculpatorio.
En las afueras de la corte del bajo Manhattan todo permanecía en calma a primeras horas de la mañana. A pesar de que la ciudad se ha preparado para posibles protestas a favor y en contra del expresidente y se han dispuesto barricadas en los alrededores del edificio judicial, hasta el momento sólo se veían equipos de prensa y oficiales de policía, junto a ocasionales peatones.
Los próximos pasos en un proceso de gran jurado envuelto en secreto seguían sin estar claros, y no estaba claro si podrían convocarse testigos adicionales. Pero Washington, una ciudad consciente de los disturbios de los leales a Trump en el Capitolio de EEUU hace más de dos años, tomó medidas para protegerse de cualquier violencia que pudiera acompañar el enjuiciamiento sin precedentes de un expresidente, mientras que otros republicanos que miraban la nominación presidencial de 2024 evaluaron cómo la acusación podría cambiar la carrera.
Los posibles cargos penales que se ciernen sobre el expresidente Donald Trump en Nueva York se centran en el pago de dinero por su silencio a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña presidencial de Trump en 2016.
El pago fue realizado por el entonces abogado y reparador de Trump, Michael Cohen, como parte de un plan para “atrapar y matar” historias políticamente dañinas sobre las infidelidades maritales del magnate inmobiliario.
Cohen se declaró culpable en relación con el caso en 2018, pero los fiscales federales no acusaron a Trump, dejando que el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York siguiera con el caso según la ley estatal.
En documentos judiciales de 2018, los fiscales federales expusieron cómo Cohen, trabajando a instancias de Trump, trató de evitar que las acusadoras del candidato hicieran públicas sus acusaciones.
Junto con Cohen, un actor clave en el esfuerzo fue David Pecker, presidente de American Media Inc. (AMI), la compañía que en ese momento publicaba el tabloide de supermercado National Enquirer.
Amigo de Trump desde hace mucho tiempo, Pecker se había ofrecido a “ayudar a lidiar con las historias negativas sobre las relaciones (de Trump) con las mujeres” mediante la identificación de historias que podrían comprarse y luego suprimirse. La práctica se conoce como “atrapar y matar”.
En agosto de 2016, AMI acordó pagar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal $150.000 dólares por los derechos de su historia sobre una supuesta aventura con Trump en 2006 y 2007.
Dos meses después, un representante de Daniels informó a AMI que la estrella porno estaba haciendo público su relato de un encuentro sexual con Trump y que estaba dispuesta a vender su historia.
Al no haber logrado firmar un trato con Daniels, Pecker puso a su agente en contacto con Cohen, quien negoció un acuerdo de $130,000 para “comprar (su) silencio”, escribieron los fiscales en agosto de 2018.
Pagar dinero por el silencio no es un delito. Pero los fiscales federales alegaron que Cohen arregló los pagos a Daniels y McDougal en un intento de influir en la campaña presidencial.
Es más, dijeron los fiscales, lo que debería haberse revelado como gasto de campaña se registró como gasto legal, una violación de las leyes federales de financiamiento de campaña. Posteriormente, la Organización Trump reembolsó a Cohen en virtud de un supuesto “acuerdo de retención” legal.
De hecho, según los fiscales federales, “no hubo tal acuerdo de retención, y las facturas mensuales que presentó Cohen no estaban relacionadas con ningún servicio legal que hubiera brindado en 2017”.
En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de ocho cargos penales federales, incluidas violaciones de financiamiento de campañas relacionadas con el pago de $130.000 dólares a Daniels.
En el período previo a su declaración de culpabilidad, Cohen admitió bajo juramento que había facilitado los pagos de dinero secreto “en coordinación con y bajo la dirección” del expresidente.
Trump ha reconocido que a Cohen se le reembolsaron los 130.000 dólares pagados a Daniels para detener sus “acusaciones falsas y extorsionadoras”.
Pero negó que el pago fuera una “contribución de campaña”.
“Si lo fuera, es solo civil, e incluso si es solo civil, no hubo violación basada en lo que hicimos. ¿Está bien?”, dijo a Reuters en 2018.
Cohen cumplió la mayor parte de una sentencia de prisión de tres años antes de ser liberado en 2021.
Los fiscales federales no acusaron a Trump y el caso en su contra se desestimó en 2019.
El exfiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, también optó por no acusar a Trump.
Pero el actual fiscal de distrito, Alvin Bragg, elegido en noviembre de 2021, ha reactivado la investigación sobre si Trump violó alguna ley estatal en relación con el pago del dinero secreto.
Si bien se desconocen los cargos finales contra el expresidente, los expertos legales dicen que probablemente se centren en la falsificación de registros comerciales.
La teoría es que Trump supuestamente usó el disfraz de un gasto legal para ocultar los pagos de dinero secreto en violación de las leyes electorales federales, según expertos legales.
Según la ley de Nueva York, la falsificación de registros comerciales suele ser un delito menor. Para elevar el cargo a un delito grave, los fiscales tendrían que demostrar que el acto de fraude se llevó a cabo con la intención de cometer, ayudar u ocultar otro delito.
“Ese otro delito parecería ser las violaciones de las elecciones federales que el Departamento de Justicia se negó previamente a acusar”, escribió Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, en una columna en The Hill.
Al decir que “no hizo absolutamente nada malo”, Trump calificó la investigación del fiscal de distrito de Nueva York como una “cacería de brujas” dirigida por un fiscal “racista”. Bragg es negro.
Este no es el único caso penal que pesa sobre el expresidente. En Georgia, los fiscales están considerando presentar cargos penales en relación con el intento de Trump de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado. Trump perdió por poco ante el demócrata Joe Biden en Georgia.
Mientras tanto, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia de EEUU, Jack Smith, ha estado investigando el papel de Trump en el esfuerzo por anular los resultados de las elecciones, así como su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo.
Cualquier acusación convertiría a Trump en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales.
[Con información de The Associated Press y Masood Farivar periodista de VOA]
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