La participación ciudadana, a pesar de abordarse más como un arma de retórica de la administración pública, debe asumirse como una herramienta de la corresponsabilidad y coadyuvancia para lograr alcanzar objetivos de interés de las y los ciudadanos que se abordan como objetivo de la gestión pública.
Actualmente, la ley contempla diversos mecanismos a través de los cuales, la ciudadanía puede manifestar su opinión respecto a los actos de gobierno; lo que es seguro, es que sin importar por qué mecanismo se opte, estos deben abordarse como derechos políticos conferidos para las personas, independientemente de quien los solicita y del tema que busquen abordar.
Dicho de otra forma: para que un mecanismo de participación cumpla con sus fines, debe partir de la imparcialidad, transparencia y objetividad, privilegiando la opinión de la población por encima de cualquier interés de la administración.
Partiendo de lo anterior, es que, hemos optado por solicitar se lleve a cabo un plebiscito respecto a una de las obras que han surgido se consideran como insignia del Gobierno del Estado y que supone una inversión multimillonaria de la que solo hemos escuchado lamentablemente, comentarios.
Lo que sería la edificación más grande de Ciudad Juárez, la Torre Centinela, se ha vuelto un caso de igual magnitud en lo que respecta a falta de información. Bajo un contrato de adjudicación directa a una empresa que cuenta con antecedentes de manejo de sobreprecios y otras irregularidades en las entidades en las que ha operado, la respuesta del Ejecutivo evade estos señalamientos para hacer solo énfasis en las supuestas bondades que, dado la falta de transparencia, lamentablemente no podemos confirmar ni negar.
El Instituto Estatal Electoral considera irónicamente que la solicitud de plebiscito requiere mayor información del proyecto para ser considerada, optando entonces por una consulta que, dicho sea de paso, pareciera tendenciosa la explicación que menciona sin fundamentos, los beneficios.
Aunado a lo anterior, para una obra de semejante relevancia, el Instituto Estatal Electoral ha fijado un plazo insuficiente de 15 días naturales que finalizan este próximo 31 de marzo y que han pasado sin la difusión necesaria; sin duda alguna esperamos que se reconsidere ampliar el plazo y la difusión para conocer de manera fehaciente, la opinión de las personas que son las principales afectadas.
En torno a la Plataforma Centinela, la Gobernadora ha dicho entre otras cosas, que con este proyecto se está cambiando la realidad de la población; sin embargo, persisten prácticas retrógradas que facilitan actos de corrupción que urgen aclararse… mientras tanto, lamentablemente nos hacen dudar de dicha afirmación.
La participación ciudadana, y las cuestiones de seguridad, no dependen de ningún interés ni opinión más que de aquellos de la propia ciudadanía, por ello le invito a que, a través de la siguiente liga manifieste libremente, su opinión… mientras alcance.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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