Ello después que el Sumo Pontífice ordenara la revisión de la “Doctrina del descubrimiento” y luego el Vaticano diera el veredicto sobre los sucesos históricos.
El indigenista guatemalteco, Daniel Pascual, dijo a la Voz de América que la “Nota conjunta sobre la Doctrina del descubrimiento” tiene resonancia en comunidades que viven “marginadas” en la actualidad por aquellas decisiones y las estructuras heredades del proceso de conquista y colonización.
Este experto considera que la marginación sigue presente, y afirma que el reconocimiento a fines de marzo del Vaticano sobre la responsabilidad intrínseca de la Iglesia Católica en “la exclusión” de los pueblos nativos que impacta hasta la actualidad, le hace pensar que podrían abrirse espacios para futuros reclamos de los pueblos nativos latinoamericanos.
Este activista estima que el texto reciente donde el Vaticano repudia el pasado es una primera aproximación y detrás de esto debería venir, -dice- no solo lo que hizo el papa Francisco de pedir perdón: “Creemos que aún se pueden devolver miles y miles de hectáreas de territorios de pueblos indígenas”.
En Guatemala un 45 % de la población es indígena. Se trata del mayor porcentaje según recuentos oficiales, y de las tasas de crecimiento más significativas en Latinoamérica en los últimos 20 años.
Reclamos históricos
El documento del Vaticano deja claro que -al revisar la historia de los hechos- se establece que la cabeza de la institución en Roma pidió respetar a los pueblos nativos y sus propiedades en los albores del descubrimiento y colonización de América.
Estos actos, vistos después de 500 años, sugieren que fueron los colonizadores los que aprovecharon el poder que les adjudicaban las bulas papales, y reconoce que “muchos cristianos han cometido actos malvados contra los pueblos indígenas”.
Agrega la resolución que “las bulas papales del siglo XV que concedieron a los gobernantes colonizadores los bienes de los pueblos originarios son documentos políticos, instrumentalizados para actos inmorales. Ya en 1537 Pablo III declaró solemnemente que los indígenas no debían ser esclavizados ni despojados de sus propiedades”, indica el texto que fue traducido a varios idiomas.
Desde el activismo, Pascual ve posibilidades de ampliar el rango de demandas contra los Estados nacionales e incluso contra la iglesia por su papel durante todo el proceso de colonización y subyugación de los pueblos originarios de las Américas. No obstante, reconoce las dificultades que implican procesos tan complejos de asuntos históricos.
“Nosotros siempre lo hemos tenido claro que la ‘Doctrina del descubrimiento’ se utilizó para el sometimiento, para el racismo, la exclusión, y aún a estos años seguimos siendo sometidos por los Estados nacionales o por las elites económicas y políticas en nuestro continente”, opina.
Pascual ve el reciente fallo de la Iglesia como parte del proceso que en las últimas décadas ha abierto debates jurídicos y académicos en el concierto de naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas a reparaciones por daños causados con expropiaciones de territorios o por violaciones a sus derechos fundamentales desde la perspectiva socio-histórica.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en septiembre de 2007 su “Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas” donde plantea temas cruciales como el reconocimiento de territorios y responde a preguntas cruciales como “¿Con qué vías de reparación cuentan los pueblos indígenas en relación con sus derechos a tierras, recursos y territorios?”.
Bajo esa declaración de la ONU y los alcances del derecho internacional numerosas comunidades indígenas latinoamericanas han planteado demandas de diferente naturaleza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser resarcidos por daños causados, entre estas la devolución y conservación de tierras comunales.
La CIDH ha dictaminado resoluciones para que los Estados cumplan el “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, que incluye conservación y reparaciones por territorios confiscados en décadas pasadas.
Estos organismos no se han pronunciado sobre el fallo del Vaticano y su rechazo a las prácticas impuestas bajo el descubrimiento.
La tierra como valor de la libertad
El tema de propiedad es un asunto espinoso en todo momento, y no se diga si de buscar los orígenes del modelo y cómo se desarrolla en países creados después del proceso de conquista y colonización de territorios aborígenes a manos de las potencias europeas del siglo XV y XVI.
El historiador salvadoreño, Roberto Turcios, en una entrevista con la VOA ofreció una perspectiva para entender las formas y cómo se desarrolló la tenencia de la tierra para entenderlo en el momento actual.
Las grandes extensiones de territorios comunales regidos por los pueblos originarios, que subsistieron hasta después de la independencia, se fueron reduciendo en gran medida para fomentar los modelos económicos de producción agroindustrial como el café, ya entrado el siglo XIX, opinó.
Este historiador plantea un contrapunto a la tesis genérica acerca de que los pueblos originarios fueron despojados de todas sus tierras y bienes durante el proceso colonizador.
Para el caso centroamericano son los “proyectos liberales” en Guatemala, Honduras y El Salvador, siguiendo el modelo de Estados Unidos, que “no veían dinamismo” en la forma de propiedad colectiva de las comunidades indígenas.
De ahí se partió para el proceso que llevó a la reducción de las grandes extensiones de tierras comunales y ejidales que se habían perpetuado por varios siglos.
Como experto en historia de la colonia y la conformación de los Estados centroamericanos opinó que hacer propietarios individuales de tierras comunes es “ya es la evolución histórica con el ascenso de los grupos liberales al poder y una nueva visión sobre la tierra, recordemos que para los líderes liberales la libertad es un valor que se sostiene en la propiedad y para ellos la propiedad comunitaria no propiciaba dinamismo”, dijo a VOA.
Resolución a medias
El debate sobre la expropiación de bienes de los pueblos indígenas ha corrido a lo largo de los siglos y el Vaticano asume parte de la culpa histórica a partir de las interpretaciones hechas a los decretos papales del siglo XV bajo la “Doctrina del descubrimiento”.
Se refiere a los decretos emitidos en 1452 por el Papa Nicolás V y su bula “Dum Diversas” y “Romanus Pontifex” 1455, y otra de Alejandro VI que emitió la “Inter Caetera” en 1493, esos documentos daban luz verde y poderes soberanos a los exploradores portugueses y españoles para apoderarse de las tierras colonizadas y someter a los pueblos nativos.
“La investigación histórica demuestra claramente que los documentos papales en cuestión, escritos en un período histórico específico y relacionados a cuestiones políticas, nunca han sido considerados expresiones de la fe católica”, dice la resolución.
La Santa Sede considera que el contenido de aquellos edictos “fue manipulado” para fines políticos por las potencias coloniales que competían entre sí, “para justificar actos inmorales contra la población indígena”.
En una vuelta al presente, expertos como Philip Arnold, profesor de estudios religiosos de Syracuse University dijo a The New York Times -al conocerse el veredicto de la Iglesia- que “es un buen paso”, pero aún queda un camino por esclarecer, ya que la cosmovisión de la Doctrina del descubrimiento, se sustentó en la superioridad del cristianismo.
“No es solo una formulación legalista lo que estamos tratando de aclarar, es una cosmovisión que se pone en marcha durante la era del descubrimiento, que todavía tenemos que enfrentar en estos tiempos urgentes”, apuntó Arnold.
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