El día de ayer concluyó en la ciudad de Panamá, el seminario internacional Parlamento y Entidades Fiscalizadoras Superiores, un trabajo conjunto. Hace casi 200 años, a iniciativa de Simón Bolívar, se celebró la reunión del Congreso de Panamá, entre los países que recientemente habían alcanzado su independencia, para propiciar la unidad y el diálogo entre ellos.
A partir de ese legado, hoy día, Panamá es la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), un organismo que reúne a las y los legisladores de nuestra región que favorece el intercambio abierto de experiencias para fortalecer la gobernanza democrática entre nuestras naciones, que comparten un pasado en común y retos similares, para reducir la desigualdad, combatir la pobreza y propiciar el bienestar y desarrollo común.
Si bien el modelo democrático es complejo y, en algunas ocasiones, desafiante, es un espacio que favorece la participación de las distintas corrientes políticas y promueve el establecimiento de consensos que nos permiten encontrar soluciones a las diversas problemáticas que enfrentan nuestros países.
En este escenario, la labor de las y los legisladores resulta clave como parte del sistema de contrapesos que distingue a nuestros sistemas constitucionales. El Poder Legislativo es quien detenta la representación más fidedigna, al representar al pueblo y su preocupación es defender el interés de la ciudadanía a través de su tarea normativa y vigilando el uso de los recursos públicos.
Los Congresos Latinoamericanos cuentan con órganos técnicos para la atención de asuntos de suma importancia como la fiscalización superior. La evolución de la disciplina auditora, en la actualidad, rebasa los aspectos contables y se ha diversificado en distintos tipos de metodologías y procedimientos para la evaluación de la gestión gubernamental desde distintos ángulos. Además, la gran cantidad de información financiera, contable y de desempeño que generan las instituciones públicas debe ser procesada con nuevos enfoques y la utilización de las tecnologías de la información, para su correcta y oportuna revisión y análisis.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores son parte de los Congresos y se ocupan de la revisión exhaustiva de las cuentas públicas para informar los resultados de la utilización de los recursos públicos, sancionando el uso indebido de los recursos públicos haciendo propuestas para mejorar el desempeño de las entidades revisadas en los tres órdenes de gobierno.
Así, existe un vínculo indisoluble entre las actividades legislativas y las de fiscalización, que debe mantenerse y ampliarse a través de una comunicación constante, ya que la información derivada de las auditorías gubernamentales provee a los parlamentarios de un diagnóstico confiable y efectivo de la gestión gubernamental, el cual le permite sustentar cambios legislativos o mejorar la distribución presupuestal para atender, de mejor manera, las necesidades de la ciudadanía y el interés general.
En este sentido, el diálogo entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y el PARLATINO es fundamental, para fortalecer el intercambio de conocimientos que favorezca una mejor comprensión del proceso de revisión de la gestión gubernamental y la rendición de cuentas, que, a la larga, contribuya a potenciar el desarrollo de América Latina y el Caribe, fortalecer sus democracias y atajar la desigualdad que merma la calidad de vida de la población.
Ello es así porque las EFS somos instituciones orientadas al uso eficaz y eficiente de recursos públicos, transparentes y como agentes capitales para la prevención de los casos de corrupción y si estos se presentan sean sancionados con todo rigor jurídico.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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