Aguascalientes, Ags. – El Gobernador Javier Corral Jurado, desmintió que haya sido la Fiscalía General del Estado la que pidió el traslado del exsecretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a un penal federal.
Indicó que en un oficio, la autoridad estatal condicionó a la federal sobre el caso, en que solicitó que la Procuraduría General de la República, declinara en su investigación por la supuesta tortura que denunció el imputado y que la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales (Fepade) señalara que no atraería el caso, por tratarse de un delito ya judicializado.
Para precisar lo anterior, el Gobernador Javier Corral ofreció una rueda de prensa en Aguascalientes, acompañado por la senadora Cristina Jiménez, el senador Benjamín Gallegos Soto, la diputada federal Arleth Muñoz, la diputada local Norma Zamora, el diputado federal Odín Castillo y el exsenador Alfredo Reyes Velázquez.
El encuentro con medios de comunicación tuvo lugar en el Hotel Avenida, tras el arribo de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor a esta ciudad.
Ahí, el Gobernador Corral dijo que el Gobierno Federal, a través de la PGR, la FEPADE y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), estaban preparando una “trampa” para tener en su poder al detenido.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido el pasado 20 de diciembre en la ciudad de Saltillo, Coahuila, luego de que un juez de control en Chihuahua liberó una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado agravado, por el desvío de 250 millones de pesos que de acuerdo con la investigación de la FGE, fueron destinados a las campañas electorales del PRI en varios estados.
Indicó que afortunadamente, el abogado defensor de Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Collado, en un medio de comunicación alertó al Gobierno estatal de lo que se pretendía, porque dio por hecho el traslado del detenido.
“Cuando yo me entero de que había ese movimiento, inmediatamente paré la posibilidad de cualquier traslado y van a ser los tribunales los que digan si se traslada o no a otro Cereso y en qué condiciones”, afirmó.
Dijo que en la federación se dicen preocupados por el tema de la tortura, al grado de que crearon una fiscalía especializada, que se publicó rápidamente en el Diario Oficial de la Federación, con vigencia desde el pasado domingo.
Con esto, subrayó Corral, “están llegando a cosas muy delicadas, desaseadas”, como el hecho de que en un diario de circulación nacional, dan credibilidad a los dos detenidos en Chihuahua, que están vinculados a proceso, por ser los principales cómplices del exgobernador César Duarte.
Por eso, precisó que en el caso del exsenador priista por Coahuila, hay una treta montada, pues en la federación saben perfectamente que es falso que haya sido víctima de tortura.
El Estado propuso incluso al Gobierno Federal, que el caso se planteara ante los mecanismos necesarios, para hacer lo que se requiera y haya certeza, de que se ha respetado el debido proceso, que hay las garantías.
Incluso, abundó, que se apliquen los exámenes médicos que se requieran e invitar a organizaciones internacionales, para que certifiquen en Chihuahua la aplicación del Protocolo de Estocolmo y se pueda confirmar si hubo o no tortura.
Reiteró que el traslado a un penal federal fue a propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue aceptada y para la que incluso la FGE se encaminó a hacer los trámites, pero, bajo la condición de que no lo llevarían a la Ciudad de México, porque debe estar a disposición del juez de la causa local, “la PGR no tiene competencia y debe declinar la carpeta de investigación sobre tortura”.
En el caso de los otros dos detenidos, que también acusaron ser torturados y hasta un intento de extorsión por el Gobierno estatal, aclaró que tampoco dudaría que la PGR se preste a estas cosas, porque en el tema de la tortura, “ha actuado con una prontitud y expedites, que ya la quisiéramos en otros casos relevantes”.
En la rueda de prensa también fue acompañado por los secretarios del Gobierno del Estado de Chihuahua, de Desarrollo Municipal, Rocío Reza; de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega y de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra.
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