Es claro que el presidente de la República no quiere saber nada de vivir dentro de una República sujeta al Estado de Derecho, es obvio que el presidente tiene una sola idea en su cabeza respecto de lo que desea hacer con México: que quede sometido a su absoluta voluntad.
Pero antes, me quiero explicar respecto a la conceptualización de la organización del Estado Mexicano.
Primero. ¿Qué es el Estado? Es un concepto elaborado por los pensadores de ciencia política, que tiene cuatro elementos esenciales:
- Que son los seres humanos que se agrupan para vivir dentro de un área geográfica determinada bajo ciertas reglas con una visión y misión respecto de lo que desean hacer con su comunidad.
- Es el área geográfica debidamente delimitada en donde reside el pueblo, que queda sujeta a las reglas y normas que el pueblo se da.
- Está constituido por un grupo de personas integrantes del pueblo que se dedican a gobernar al pueblo en su territorio, conforme a las reglas que el pueblo establece para cumplir con la visión y misión que se dan.
- Estado de Derecho. Son las normas que se aplican al pueblo y al gobierno que se destinan al territorio en donde residen, que tienen como objetivo principal el generar un orden que se da a través de instituciones creadas para ello por el pueblo, a través de procedimientos preestablecidos. Dentro de una democracia representativa como en la que vivimos, se da por medio de normas electorales que determinan la forma en que se expresa la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernantes.
En México tenemos en el gobierno una división de poderes:
- El Poder Ejecutivo, que es representado por el presidente de la República, de quien depende la administración pública federal, que se desarrolla por dependencias directas, a través de las secretarías de Estado, así como por organismos desconcentrados, descentralizados, y empresas productivas del Estado.
- Asimismo, existen órganos constitucionalmente autónomos que no dependen del Poder Ejecutivo, que tienen una función especializada en diferentes rubros, como el Instituto Nacional Electoral, que administra el desarrollo de los procesos electorales y las consultas populares; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que garantiza la apertura de los datos públicos y protege nuestra información personal, o la Fiscalía General de la República, que actúa como representante popular para la persecución de los delitos.
- Luego, tenemos al Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuya función es hacer leyes, aprobar y supervisar el gasto público, ratificar nombramientos de funcionarios y juzgar las violaciones a la ley de funcionarios con fuero.
- Finalmente, pero no menos importante, está el Poder Judicial de la Federación, conformado por los juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La función del Poder Judicial es el control de la legalidad, de los preceptos constitucionales y los Tratados Internacionales en donde México es parte. Este poder tiene la última instancia en la Suprema Corte de Justicia y en materia electoral, en el Tribunal Electoral.
El tener la última instancia significa que ejerce la soberanía nacional, que originalmente la detenta el pueblo, pero el pueblo la deposita en la Constitución y en los Tratados Internacionales, y la Corte al interpretar los mismos y al juzgar si las leyes secundarias se ciñen a ellos, determina en última instancia si las acciones de gobierno o de los particulares están sujetas a anulación y a no causar efectos, so pena máxima de destitución del cargo del servidor público responsable, afectando hasta el mismo presidente de la República.
En relación con lo anterior, ahora tenemos a un presidente quien, como titular del Poder Ejecutivo, no está respetando la división de poderes ni la primacía de la Constitución, desafiando, tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Electoral, aduciendo que él es el único intérprete de la “voluntad del pueblo”. Ello atenta en contra de la democracia, del Estado de Derecho, que puede devenir más pronto que lo que usted se imagina, en la pérdida de nuestras libertades y patrimonio. Es por ello, que debemos defender a la Suprema Corte, que no debemos dejar que se toque.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
