Conforme han madurado las democracias en el mundo, la profesionalización de la función pública ha ido de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta última, además, no implica sólo la actividad auditora, sino la continua mejora de los mecanismos de evaluación de todos los entes públicos, con indicadores y mecanismos idóneos dependiendo su razón de ser y la actividad que realicen. Por eso el tema de la evaluación de la gestión y la evaluación de impacto son líneas de investigación importantísimas en el ámbito de las políticas públicas en los Estados democráticos liberales.
En este marco, hace unos días, la Auditoría General de la Nación de la República Argentina convocó a la reunión regional, “EFS efectivas: el desafío de medir su desempeño”; esto como parte de las labores de La Comisión de Evaluación del Desempeño de la EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), que es un órgano técnico de carácter permanente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
El objetivo del seminario fue propiciar un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la medición y evaluación del impacto de las EFS, así como fortalecer la capacidad de cumplir con su mandato y mejorar la eficacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos, en línea con las metas planteadas por la CEDEIR. En ese sentido, tampoco hay que obviar lo importante que resulta el intercambio de conocimientos empíricos, por parte de operadores reales de los sistemas de fiscalización, pues este permite ahorrar enormes cantidades de tiempo, recursos humanos y materiales, al aprovechar las innovaciones y resultados probados en otras latitudes.
En los diversos bloques de trabajo, fueron muy trascendentes las reflexiones y el intercambio de ideas desde diferentes realidades de la región latinoamericana y las experiencias de cada entidad de fiscalización superior. Uno de los retos planteados fue la de medir el impacto de las recomendaciones que hacemos en nuestros trabajos como EFS; Argentina, al respecto compartió que los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido puestos en el centro de su estrategia para lograr sus objetivos (en particular el ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas).
Desde la Auditoría Superior de la Federación, planteamos que medir el desempeño de nuestras instituciones nos da la pauta para evaluar la efectividad de la fiscalización superior de los recursos públicos de nuestro país; así lo hemos visto en la práctica cotidiana, la evaluación de desempeño nos permite tener diagnósticos certeros de los grandes problemas de la agenda pública y de gobierno, algunos de los cuales podrían verse como tangenciales pero resultan ser prioritarios y transversales, como el cuidado del agua y los recursos hídricos, el cambio climático, la migración, la seguridad pública, y el manejo de la deuda pública, que afecta hoy particularmente a la Argentina, y que en México la deuda externa no ha crecido en los últimos años.
También compartimos la experiencia de la implementación de las normas ISSAI, referentes a auditorías financieras, planeación estratégica, planeación de auditorías, metodología de auditorías, gestión de recursos humanos y control interno.
La ASF es institución de vanguardia en la América Latina y el Caribe, desde hace décadas, en la mejora continua de la fiscalización superior a nivel regional, calidad que hoy refrendamos desde nuestra participación en organismos y estrategias internacionales de cooperación regional y multilateral. Un ejemplo reciente el uso de la tecnología para incrementar las auditorias y su calidad.
El conocimiento de nuestras realidades, así como el intercambio de experiencias, de instrumentos y de avances tecnológicos, permiten la posibilidad de realizar auditorías compartidas sobre temas comunes en la región.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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