Jueza declara inconstitucional la edición de nuevos libros escolares en México y ordena usar los antiguos. El Gobierno tiene 10 días para apelar.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Yadira Medina, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, ha declarado inconstitucional el proceso de edición y reparto de nuevos libros de texto, ordenando al Gobierno utilizar los empleados en el ciclo escolar 2022-2023.
La UNPF promovió desde mayo un amparo indirecto (784/2023) para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) detengan el proceso de distribución de los nuevos LTG para el ciclo escolar 2023-2024.
La decisión se produce tras un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no cumplir con los requisitos legales para generar los nuevos libros y programas de estudio.
La SEP dispone de diez días hábiles para impugnar la decisión ante un tribunal colegiado de circuito. Hasta que la sentencia sea confirmada en definitiva, no estará obligada a acatarla.
“En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”
La sentencia, aunque de momento no aplicable, ha generado un gran revuelo en el ámbito educativo del país. La jueza había concedido una suspensión definitiva el pasado 25 de mayo, ordenando la consulta de todas las secretarías de educación estatales y la capacitación de los maestros, entre otros requisitos. Sin embargo, esta orden no fue ejecutada.
Además, los estados de Chihuahua y Coahuila han promovido controversias contra los nuevos libros ante la Suprema Corte de Justicia, añadiendo aún más complejidad al panorama.
En medio de este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había advertido que los nuevos libros sí se iban a repartir y utilizar, creando una tensión palpable entre los distintos órganos del Estado.
La controversia deja a padres, maestros y alumnos en un estado de incertidumbre, mientras se espera una resolución definitiva que aclare el camino a seguir en una cuestión tan vital como la educación.
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