Chihuahua, Chih. – En relación a la petición formal del Gobierno del Estado de Chihuahua para que el gobierno de Enrique Peña Nieto solicite la detención de César Duarte Jáquez con fines de extradición, exponemos ante la opinión pública lo siguiente:
La Secretaría de Gobernación ha mentido y engañado al pueblo de Chihuahua, al violar sistemáticamente los acuerdos alcanzados el 3 de febrero pasado entre su titular Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Javier Corral Jurado.
Basta leer el documento firmado para darse cuenta del nivel de incumplimiento, embuste y dolo por parte de Navarrete Prida y el gobierno que representa.
Los principales compromisos celebrados el 3 de febrero han sido ignorados con impudicia por parte del secretario de Gobernación, cuya firma vale menos que el papel que se utilizó para estamparla.
Si alguien ha incumplido los acuerdos es el Gobierno de la República y la Secretaría de Gobernación.
La Procuraduría General de la República mantiene un proceso lento, tortuoso y plagado de chicanadas para dilatar la extradición de César Duarte Jáquez, como lo demuestran los hechos.
No únicamente lo retrasa, lo pospone y lo congela, sino que ignora los tres casos más importantes por los cuales pedimos desde el 12 de septiembre de 2017 la detención inmediata con fines de extradición del exgobernador:
- La triangulación al PRI de 250 millones de pesos.
- El pago irregular de 380 millones de pesos a la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, que era usada como caja chica por Duarte Jáquez.
- El pago de 120 millones de pesos a Kepler Soluciones Integrales.
De esa manera, el gobierno de Peña Nieto está reteniendo indebidamente las solicitudes de extradición más importantes de las 11 carpetas con órdenes de aprehensión que se han acumulado en el caso de Duarte Jáquez.
El incumplimiento es de tal magnitud que ninguna orden de extradición se ha realizado y tampoco se ha cumplido con su detención.
Además, las acciones para dilatar la extradición involucran a la propia PGR en beneficio de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a través de un juez a modo, Gerardo Moreno García, quien también lleva el caso de Javier Duarte en Veracruz.
Lo que está buscando la PGR es asegurar el control del proceso contra Gutiérrez Gutiérrez para garantizar impunidad no solo para él mismo, sino para Duarte Jáquez y sus cómplices.
El interés del Gobierno Federal para tener bajo control ese proceso acredita su interés por proteger al exfuncionario partidista.
¿Ya olvidaron que bajo el falso argumento de que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez era torturado, el presidente Peña Nieto fue presionado por funcionarios de su partido para buscar su traslado a un penal federal?
Sin embargo, la aplicación del Protocolo de Estambul demostró que se habían respetado los derechos humanos del inculpado.
Por si fuera poco, el secretario de Gobernación también ha incumplido el compromiso de dejar sin efecto las multas y apercibimientos que la PGR giró a la Fiscalía General del Estado como una forma de amedrentar las investigaciones contra la corrupción en Chihuahua.
Que cada quien juzgue el documento y valore quién está mintiendo: el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida o, el Gobierno del Estado de Chihuahua.
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