Los avances sustanciales en materia de seguridad pública, indiscutibles, que muestra el país de El Salvador, así como los muy altos niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele, hacen voltear la mirada hacia aquella geográficamente pequeña nación centroamericana.
El 15 de septiembre de 2022 el presidente Bukele de El Salvador, se dirigía a la opinión pública en cadena nacional: “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”.
Sus incondicionales aplaudían y coreaban ¡Reelección! ¡Reelección!, esto luego de pronunciar un discurso que exponía la narrativa que lo mantiene como uno de los gobernantes con mayores simpatías a nivel internacional y que se puede resumir en pocas oraciones: Él sí pudo poner un freno a las sanguinarias pandillas, él sí es capaz de mantener la paz en la permanentemente maltratada nación centroamericana, el país ha encontrado por primera vez un camino hacia el progreso y él se ha vuelto el hombre indispensable para continuar ese tránsito del caos al orden.
En las elecciones intermedias de febrero de 2021 el presidente Nayib Bukele logró el control del poder legislativo de El Salvador con su organización Nuevas Ideas y partidos aliados; esto posibilitó la posterior destitución del fiscal general, de la plana mayor del Poder Judicial, y que se iniciara un proceso de renovación de magistrados y jueces controlado por el partido del presidente. De esta manera, el sistema de contrapesos de poderes del país, en la práctica dejó existir.
En un cuestionado cambio de precedente, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador abrió la puerta a la reelección (prohibida por la Constitución) del ya súper empoderado Bukele. En septiembre de 2021 la Corte resolvió de forma discutible que la reelección presidencial inmediata sí era válida.
Este camino de empoderamiento presidencial ha sido consentido por las mayorías de a pie de El Salvador. Después de décadas de derramamiento de sangre inocente, hoy es posible para esas mayorías el salir con libertad a las calles, divertirse, abrir sus comercios y mandar a sus hijos a la escuela sin el pavor de pensar en los reclutamientos forzados de menores, en las extorsiones, violaciones y amenazas que mantenían a gran parte de la población subyugada por los pandilleros.
Bajo el flagelo de la pobreza, violencia e inseguridad, los salvadoreños darían una holgada victoria al entonces muy joven exalcalde de San Salvador Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de 2019, resultado que rompió con el bipartidismo de las fuerzas políticas dominantes. Bukele terminaría siendo postulado y electo por un modesto partido de derecha.
Aunque se mostraba hábilmente como un personaje fresco de la política salvadoreña, Bukele era parte de la élite económica del país, de posición acomodada, vivía como él mismo lo ha aceptado, en una burbuja ajena al problema de las pandillas.
De hecho, Bukele logró ser alcalde en 2012 de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán y en 2015 de San Salvador bajo las siglas del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una de las hasta entonces dos principales fuerzas políticas del país y de la que sería expulsado antes de las elecciones de 2019.
Ya como presidente de El Salvador, con una de las tasas de homicidios más altas del hemisferio, Bukele implementó en junio de 2019 el multimillonario Plan de Control Territorial, compuesto por varias “fases” y que sucede a otros planes gubernamentales de “Mano Dura” que en las mejores de las veces resultaron en disminuciones temporales de homicidios pero que nunca dieron solución final al tema de pandillas, peor aún, al final estos planes se hacía a los pandilleros más hábiles en su actuar criminal.
Más allá de las cifras oficiales que indicarían una disminución radical de homicidios luego de la implementación del Plan de Control Territorial, la percepción general es que las pandillas salvadoreñas han perdido su capacidad de operación contra la sociedad civil. Percepción que explica la alta valoración del presidente en las pocas mediciones disponibles y que hablan de un momento en un 90% de aprobación.
Pero no todo es como parece, pues existen serias sospechas, no totalmente constatadas, de que el equipo de Bukele desde su paso por la alcaldía de San Salvador y ya como presidente, buscó y pactó con altos líderes de pandillas para acceder a territorios controlados por ellos en San Salvador y después para lograr una visible disminución de la violencia en las calles del país.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a finales de 2021 a dos altos funcionarios del gobierno de Bukele por ser artífices de un presunto pacto del gobierno salvadoreño con líderes de pandillas que constaba básicamente de privilegios en reclusión a cambio de apoyo de las pandillas para las elecciones intermedias de 2021.
Pacto que supuestamente tuvo “complicaciones” en marzo de 2022 con una racha de 87 homicidios en tres días y que detonó, ya con los poderes legislativos y judicial afines al gobierno, en el establecimiento del “Estado de Excepción”. Situación que ha llevado a la cárcel desde marzo de 2022 a por lo menos 65,000 personas entre criminales, “colaboradores de pandillas” o inocentes sin un debido proceso y bajo detenciones arbitrarias.
Bukele ha demostrado excelentes habilidades de relaciones públicas y de manejo mediático, sus pasos políticos son debidamente estructurados y ha hecho suya una narrativa que encuadra con las aspiraciones de lograr un país libre de pandillas, tarea que parece estar cumpliendo a cabalidad al menos por ahora. La espectacularidad con la que inauguró la mega cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo es ejemplo de su estrategia de comunicación política.
Es así que dicho régimen de excepción en El Salvador se ha vuelto permanente “hasta que no caiga el último integrante de las pandillas”. Justificando de esta forma una sistemática violación a los derechos humanos, cada vez mayores bloqueos a la información pública y un Estado policiaco de nueva generación.
La reelección de Bukele en las elecciones del próximo año parece asegurada, con las pandillas prácticamente sin capacidad de operación al menos como ordinariamente las padecían los salvadoreños y bajo un régimen de excepción que hace al presidente el hombre fuerte de El Salvador, cuyo estilo de gobierno y modelo de seguridad ya es sumamente atractivo para otros países latinoamericanos con el mismo tipo de problemas.
El riesgo es la formación de un Estado totalitario, donde el abuso o acumulación de poder tarde o temprano terminaría por hacer implosión y que de no eliminarse las condiciones sociales que generaron el problema de las pandillas, estas resurgirían de la misma o bajo otra modalidad criminal.
“Yahveh se aleja de los malos, y escucha la plegaria de los justos.”
(Proverbios 15:29)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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