El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la flexibilización limitada y temporal de 4 sanciones impuestas a la industria petrolera, gasífera y minera de Venezuela en respuesta a pactos políticos logrados en las últimas horas.

El anuncio sucede a la firma, este martes en Barbados, de dos acuerdos parciales de corte político, electoral y económico entre el oficialismo y la oposición de ese país.

Un alto funcionario del gobierno norteamericano subrayó además que los nuevos pasos sobre las sanciones económicas en Venezuela responden a los “cambios positivos” pactados en la víspera con la facilitación del Reino de Noruega.

Estados Unidos ha dado inicio este miércoles a una nueva etapa de “descongelamiento gradual” de las tensiones políticas con el gobierno de Maduro y deja cada vez más atrás la política de presión máxima que promovió la administración de Donald Trump, desde 2019, valora el experto en relaciones internacionales y análisis político, Luis Peche Arteaga.

Considera que el anuncio del miércoles marca “el inicio de un proceso trascendental” que marcará los próximos 5 años de la política en Venezuela.

Peche Arteaga da por sentado que Estados Unidos refleja su apuesta por “una transición política” en Venezuela que se derive de acuerdos y elecciones presidenciales, durante el segundo semestre de 2024, según los documentos firmados en Barbados.

El aliviamiento temporal de las sanciones contra el gobierno venezolano, como dijeron funcionarios estadounidenses, “no es algo menor”, asegura Peche Arteaga.

“Es un cambio con relación a muchos años de polarización política y de medidas de alto impacto”, apunta.

Falta por ver cómo se va materializando lo establecido en el papel a la realidad política y económica de los distintos actores en juego, indica a la Voz de América.

8 años de sanciones individuales y sectoriales

El Departamento del Tesoro emitió una licencia para autorizar transacciones en los sectores de petróleo y gas de Venezuela por 6 meses, renovable “sólo si Venezuela cumple sus compromisos en la hora de ruta electoral” y otros aspectos políticos pactados, como la liberación de presos políticos.

Otras licencias incluyen la autorización de operaciones con Minerven, empresa minera estatal y la eliminación de la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de la estatal petrolera PDVSA.

Las primeras sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos se conocieron en septiembre de 2008, durante el segundo mandato del expresidente Hugo Chávez.

George W. Bush ocupaba la Casa Blanca cuando se ordenó congelar los bienes y cuentas bancarias del exministro de Interior Ramón Rodríguez Chacín; del director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, ; y del exjefe de inteligencia, Henry Rangel Silva, por su supuesto apoyo a las FARC.

En 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama y el poder legislativo norteamericano aprobaron nuevas sanciones contra funcionarios y agentes venezolanos por la represión contra las protestas de calle contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de algunas restricciones para exportar productos de uso militar a Venezuela, en 2014, Estados Unidos aplicó en agosto de 2017 sus primeras sanciones contra instituciones, operaciones financieras y empresas del país suramericano, PDVSA entre ellas.

El hoy exmandatario Donald Trump autorizó en los años siguientes, con acento en 2019, múltiples limitaciones y prohibiciones a las actividades económicas del Estado venezolano en cuanto a deudas, oro, monedas, operaciones aéreas, la banca y el sector energético.

Según Maduro y voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, Estados Unidos impuso casi mil sanciones contra instituciones y particulares en el país.

Se alinean los “intereses en juego”

La Administración Biden vigentes desde la presidencia de Trump en el marco de las negociaciones que iniciaron en agosto de 2021 entre el gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria, en México.

Analistas identificaron como parte de esa nueva política en la Casa Blanca el aliviamiento de las restricciones a las operaciones petroleras de Chevron en Venezuela, desde noviembre de 2022, y los permisos para ciertas operaciones de las empresas energéticas europeas Eni y Repsol en la nación suramericana.

Ya a inicios de este año, los especialistas dijeron notar “un cambio completo de paradigma” en las relaciones entre Washington y Caracas tras varias visitas a Maduro de delegaciones de alto nivel del gobierno de Estados Unidos.

Este martes, delegados diplomáticos de Estados Unidos estuvieron presentes en Barbados para la firma de acuerdos parciales sobre la promoción de derechos políticos y electorales y “la protección para los intereses vitales de la nación” entre el chavismo y la oposición.

“Los intereses” de las partes en negociación, incluidas el chavismo y Estados Unidos, se han alineado a un año de las elecciones presidenciales de Venezuela, subraya el abogado y analista de asuntos políticos e internacionales, Giulio Cellini.

Cellini, director de la firma LOG Consultancy, estima que la política norteamericana de sanciones acaba de entrar en una etapa de revisiones “progresivas”, que favorecen no sólo al gobierno de Maduro, sino a la sociedad venezolana.

“Esto produce trabajo, riquezas, mayores ingresos al país, que, a su vez, se deben convertir en mejoras sociales para el pueblo de Venezuela en términos de salario, en términos de atención social, en términos de la educación, de la salud que se encuentran en una situación y de servicios públicos, electricidad, agua”, comenta.

La urgencia de garantías electorales para la oposición venezolana, de mejorar la situación geopolítica y energética por la guerra entre Rusia y Ucrania, para Estados Unidos, y de recursos frescos para el gobierno de Maduro favorecen los entendimientos, cree el consultor de asuntos internacionales y políticos.