Las delegaciones del oficialismo y la Plataforma Unitaria de partidos que lo adversan firmaron este martes dos acuerdos parciales en Barbados, que involucran nuevas garantías electorales para las presidenciales de 2024 y que abrieron pasado al alivio de sanciones económicas estadounidenses.

“Una ruta con mayores garantías electorales” para las presidenciales de 2024 es uno de los logros más destacados de los acuerdos firmados en Barbados, valora Carolina Jiménez, la presidenta del centro de pensamiento Washington Office for Latin America (WOLA).

El documento secundado por ambas delegaciones no sólo incluye la realización de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, sino la participación de candidatos en medios de comunicación oficiales y la observación internacional.

Si bien son puntos concretos que no serán palpables dentro de algunos meses, la investigadora y vocera de WOLA califica como asuntos “muy importantes” para abonar la esperanza de “la redemocratización de un país que, en este momento y desde hace ya muchos años, vive bajo un gobierno caracterizado por su autoritarismo”.

La invitación acordada de observadores de la Unión Europea y el Centro Carter es clave, debido a “su capacidad técnica y su imparcialidad”, acota Jiménez.

Otro fruto tácito del acuerdo es la realización de las primarias presidenciales opositoras este domingo, sobre la cual ha habido “una amenaza constante”, incluso con la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia fuese la vía para “detenerlas”, opina.

“Los acuerdos han podido permitir la realización de esas primarias sin una intervención judicial arbitraria por parte del gobierno y creo que eso es un paso positivo, que se pueda cumplir con ese ejercicio ciudadano de parte de la base política opositora a elegir a su candidato o a su candidata de preferencia”, comenta a la Voz de América.

Ocho meses para prepararse

La oposición logró “algunas concesiones muy significativas” en Barbados y tendrá al menos 8 meses para prepararse para las presidenciales de 2024, examina Geoff Ramsey, analista sénior del Centro para América Latina del Atlantic Council.

Las condiciones técnicas pactadas esta semana, como la auditoría de los sistemas electorales y una actualización del padrón de votantes dentro y fuera del país, también “son vitales” para que las elecciones del próximo año sean “más competitivas”, argumenta.

“No es una rendición total de Maduro, no es una solución mágica, pero son logros concretos que la oposición ha conseguido”, comenta Ramsey a la VOA.

La duda sobre las inhabilitaciones

Jiménez remarca “la gran interrogante” sobre los acuerdos: ¿qué ocurrirá con los candidatos inhabilitados para ejercer cargos públicos por parte de la Contraloría?

Esas inhabilitaciones “son inconstitucionales y arbitrarias”, advierte, pero tienen “el efecto real” de impedir el registro de las postulaciones de los inhabilitados.

“Lo que establece el acuerdo es que se abrirán o se establecerán mecanismos para que estas inhabilitaciones puedan ser analizadas y, esperemos, suspendidas, pero el acuerdo no establece con claridad cuáles son esos mecanismos”, menciona.

La presidenta de WOLA cree que esa es una duda que se despejará “en el transcurso de estos meses”. Gerardo Blyde, delegado jefe de la oposición para las negociaciones, dijo el día de la firma en Barbados que el acuerdo prepara “una ruta para que los inhabilitados y partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad”.

Este miércoles, tras confirmar el alivio de sanciones económicas contra el gobierno de Maduro, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que espera que el oficialismo venezolano defina antes de finales de noviembre “un cronograma y proceso” para la rehabilitación “expedita” de “todos los candidatos”.

Ramsey, del Atlantic Council, considera que las inhabilitaciones son parte de “un debate vivo”, que dependerá de “un proceso”, como está establecido en el acuerdo.

“Si bien no es una certeza, crea un espacio que no había antes” para que la oposición logre revertir esas inhabilitaciones de candidatos, señala.

Esa intención tendrá nombre y apellido el domingo, tras las primarias opositoras. María Corina Machado, favorita en las encuestas e inhabilitada para ejercer cargos públicos, insistiría en su candidatura como su “derecho”, dice Ramsey.

“Si finalmente no puede postularse, tendrá que coordinar toda la coalición opositora para encontrar una alternativa” de cara a 2024, asegura.

Jiménez, por su lado, diagnostica como “una buena noticia” que el acuerdo incluya una referencia a la importancia de que toda persona pueda ejercer su derecho político a ser elegida en una votación popular.

“Pero no hay claridad de qué va a significar de forma concreta, en cuanto a poder o no (…) eliminar las inhabilitaciones inconstitucionales que existen”, concluye.

El “punto espinoso” sobre los presos políticos

Jiménez, por su parte, acota que no hay en los acuerdos “lenguaje” sobre los presos políticos o personas detenidas en un país u otro, como es el caso del empresario colombiano Alex Saab, que Caracas defiende como su diplomático, demandando a Estados Unidos su liberación, y cuya esposa integra la delegación oficialista.

El de Saab “seguirá siendo un punto espinoso” en las negociaciones, mientras el oficialismo sigue demandando reiteradamente su libertad a Estados Unidos, opina.

Blyde, por su parte, comentó esta semana que la liberación de presos políticos serían “parte de los gestos alrededor del acuerdo”, que ocurrirán a medida que se cumpla lo pactado. La noche del miércoles, comunicó la liberación de 5 detenidos de ese grupo, entre ellos el periodista Roland Carreño y el líder político Juan Requesens.

La ONG Foro Penal confirmó luego la liberación de Wilder Vásquez, un universitario presuntamente involucrado en el intento de magnicidio contra Maduro.

El secretario Blinken dijo en su comunicado del miércoles sobre Venezuela que espera que el oficialismo “comience” a liberar a estadounidenses y venezolanos “detenidos injustamente” antes de finales de noviembre.

Las posibles vías de un “riesgo calculado”

Para expertos en Washington, la acción anunciada por el gobierno estadounidense en cuanto a las sanciones puede representar un riesgo a corto plazo debido a la falta de “garantía” de que el gobierno de Maduro “corresponda” a lo acordado.

“La administración Biden ha asumido un riesgo calculado al levantar las sanciones a los sectores del petróleo y el oro, entre otros sectores, por un período de seis meses”, dijo a la Cynthia J. Arnson, miembro del Wilson Center, un centro de pensamiento en Washington.

Pese a los acuerdos anunciados, “no está claro que el gobierno de Maduro corresponda (a su palabra) tomando las medidas necesarias para permitir una elección democrática el próximo año”, agregó Arnson.

Este riesgo, además, también se refleja en las posibles vías económicas a las que podría enfrentarse la industria del petroleo venezolano que aún son inciertas.

“En el mejor de los casos podría ser (un impacto modesto), porque el sector petrolero ha estado muy degradado por años de mala gestión y corrupción”, apuntó.

Así acordó también Bernardo Javalquinto, miembro del Comité de Bretton Woods, una organización en Washington dedicada a la cooperación económica y financiera mundial. Javalquinto detalló que el levantamiento temporal de sanciones “no significa que Maduro facilitará una transición fácil a la democracia”.

“El alivio de las sanciones permitirá que Venezuela celebre elecciones libres y justas en 2024. Sin embargo, la decisión es una señal de que la administración Biden está dispuesta a colaborar con el gobierno venezolano para promover la democracia y los derechos humanos en el país”, señaló Javalquinto.

Más expectativas económicas que “efecto real”

Los acuerdos de Barbados precedieron a un alivio temporal y limitado de sanciones económicas de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, informaron este miércoles los departamentos del Tesoro y de Estado.

Estados Unidos autorizó una licencia que autoriza por 6 meses las transacciones del sector petróleo y gas en Venezuela, renovable si el oficialismo “cumple con sus compromisos” de la ruta electoral comunicada en Barbados.

Otra licencia permite operaciones con la estatal venezolana de minería de oro, Minerven, y se modificaron licencias para levantar el veto al comercio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y títulos de deuda y acciones de PVDSA.

El economista Daniel Cadenas advierte que lo anunciado por Estados Unidos se trata de “un relajamiento bastante generoso”, que, sin embargo, podría traer más expectativas positivas que efectos reales dentro de Venezuela.

A su entender, el fruto de ese alivio de sanciones puede ser “más moderado que las expectativas con esteroides” que se han formado algunos agentes económicos.

“Las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, no las decretas y aparecen”, explica Cadenas en conversación con la Voz de América.

Cadenas cree que las empresas que han mantenido operaciones en Venezuela son las que aprovecharán ese semestre sin restricciones económicas de Estados Unidos, entre las que menciona a la norteamericana Chevron, las europeas Repsol y Eni.

Estima que el relajamiento de sanciones pudiera conllevar al aumento de 100.000 a 150.000 barriles de crudo más a la industria petrolera durante esos 6 meses. Se traduciría en 2024 en el incremento de 1 a 2 puntos porcentuales del producto interno bruto nacional, advierte.