El dinero adicional para la frontera fue solicitado por la administración Biden como parte de la solicitud suplementaria de emergencia de unos 106.000 millones de dólares, que incluyen ayuda para Ucrania e Israel.

Para la frontera suroeste, el DHS solicitó 13.600 millones de dólares dirigidos específicamente a “asegurar” la frontera de la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

Mayorkas detalló que los fondos se dividirían para enviar 1.000 oficiales adicionales e investigadores a los puertos de entrada en la frontera sur, comprar 100 máquinas de detección de drogas para instalar en lugares de alto tráfico, y contratar 1.300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, así como 1.400 abogados para apoyar en los casos de inmigración.

“No aprobar [estos fondos] sería un deservicio al pueblo estadounidense y a los hombres y mujeres que salvaguardan nuestro país”, sentenció Mayorkas en su testimonio de apertura, asegurando que el fin principal sería modernizar los puertos de entrada.

Miembros republicanos de la Comisión de Apropiaciones del Senado cuestionaron la eficiencia de los fondos, asegurando que “no atiende” el creciente número de encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste.

“No se hace mucho por nuestro propio país cuando tenemos una frontera completamente rota. Rechazo la idea de que este sea un fenómeno global. Creo que no estás diagnosticando el problema…. asignar [fondos suplementarios] hace todo peor, no mejor”, cuestionó el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

Durante el año fiscal 2023, agentes fronterizos tuvieron alrededor de 2,4 millones de encuentros con migrantes irregulares, en su mayoría adultos solteros, según datos de DHS. Al ser arrestados, la mayoría de ellos inician el proceso de solicitud de asilo, sin embargo, un 75 % de las solicitudes son rechazadas, según Mayorkas.

“La falta de control de la frontera no sólo ha llevado a una migración desenfrenada, sino que también ha contribuido a la crisis de las drogas ilegales… la frontera fuera de control representa una amenaza real para nuestro país y nuestro pueblo… la financiación específica debe ir acompañada de cambios de política que garanticen que nuestras fronteras sean seguras”, dijo la senadora republicana, Susan Collins.

Sobre la eficiencia de la construcción de más muro fronterizo en la frontera suroeste, Mayorkas apuntó que “no es tan efectivo” como priorizar aumentos tecnológicos en los equipos.

“Es importante que trabajemos juntos de manera bipartidista seria para abordar esos desafíos. Nos enfrentamos a un número significativo de encuentros en la frontera cada día y a la incautación de cantidades récord de fentanilo”, apuntó la senadora demócrata Patty Murray.

Al cuestionarle sobre las razones que están motivando la migración en el hemisferio, Mayorkas mencionó que “hay aproximadamente 2 millones de venezolanos buscando refugio en Colombia. Tenemos un problema sin precedentes de pandillas en Ecuador… la situación en Haití es horrible”.

“La solicitud de financiamiento suplementario que hemos presentado nos ayudaría enormemente en nuestros esfuerzos de control fronterizo con respecto a la contratación y despliegue de personal, la adquisición y la implementación de tecnología”, defendió Mayorkas.

El rol de los fondos para el Departamento de Salud

Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS, por sus siglas en inglés), también testificó ante la comisión del Senado para defender su propia solicitud de fondos adicionales que busca asegurar servicios de cuidado de menores en el país, así como servicios para refugiados y asilados.

Entre los 22.200 millones de dólares requeridos por HHS del Congreso, se encuentran fondos para “ayudar a comunidades locales impactadas por el aumento de los opioides”, según Becerra, así como “garantizar que nuestro sistema que apoya a los refugiados, incluidos nuestros hermanos y hermanas africanos y ucranianos, siguiera apoyando a nuestros socios estatales y locales”.

Una cantidad de 1.900 millones de dólares de la solicitud busca asignarse a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, encargada de ofrecer asistencia de salud y económica a los recién llegados a EEUU. “Este dinero se centra en los refugiados. Sin ese apoyo, los servicios que brindamos en asociación con las comunidades locales realmente se verían afectados”, agregó Becerra.

Durante el pasado año, unas 110.000 personas fallecieron en EEUU por sobredosis, según el funcionario, un número que va en aumento por la presencia del fentanilo.