Emilio Gutiérrez, un periodista mexicano que huyó de México por el riesgo que corría allí, obtuvo asilo en EEUU después de 15 años de haberlo solicitado. El gremio periodístico estadounidense piden más acción para que casos como estos no caigan en el vacío.
Washington, D.C. (VOA) – Emilio Gutiérrez acudió este miércoles al Club Nacional de Prensa, en Washington, con un mensaje de agradecimiento y los defensores de la libertad de prensa aprovecharon la cita para lanzar un llamado a la acción.
El periodista, de 60 años, huyó con su hijo a la frontera entre Estados Unidos y México en 2008 en busca de asilo después de recibir amenazas de muerte por sus informes sobre la corrupción en los cuerpos militares mexicanos.
Después de 15 años, la Junta de Apelaciones de Inmigración falló a favor de Gutiérrez.
Todavía Gutiérrez deberá presentarse ante un juez de inmigración en marzo de 2024 para recibir sus documentos de asilo, pero su abogado de inmigración ha dicho que el caso ha sido resuelto.
En el evento en Washington, que sirvió para resaltar su caso, Gutiérrez sonrió, estrechó las manos de otros periodistas y, en ocasiones, contuvo las lágrimas mientras agradecía a las personas que lo ayudaron en el camino.
“Estos 15 años han sido terribles. Me siento profundamente agradecido por todos los que están aquí”, dijo.
El fallo fue una victoria para el Club Nacional de Prensa y para más de 20 organizaciones periodísticas que se unieron a su causa legal.
Defensores de la libertad de prensa y abogados especializados en el derecho a la libertda de expresión dicen que el viaje de Gutiérrez supone un ejemplo de cómo los casos de libertad de prensa a menudo se pasan por alto como una prioridad en EEUU.
Por ello, quienes abogan por la defensa de la prensa libre quieren mejores protecciones para los periodistas en riesgo que se trasladan a EEUU por razones de seguridad.
Defensores de la libertad de prensa recomiendan enviar observadores judiciales a las audiencias de asilo de inmigrantes, crear un grupo de trabajo legal de expertos de la Primera Enmienda dispuestos a hacerse cargo de los casos de asilo de los periodistas y producir una base de datos de estos expertos en todo el país para que los miembros del gremio que estén en riesgo puedan conectarse fácilmente con ellos.
“Estos expertos deberían estar por todo el país porque conocen el sistema diverso de jueces, jueces de inmigración y jueces federales”, dijo Penny Venetis, profesora de derecho de la Universidad de Rutgers, quien también fue una de las abogadas de Gutiérrez.
También se ha dicho que se necesita más atención de los medios a los casos de periodistas en riesgo. “Dar publicidad a todos los casos. Creo que una gran parte de esta [victoria] fue que estuvo constantemente en la prensa”, aseguró Venetis.
Los expertos involucrados en el caso de Gutiérrez Soto hablaron el miércoles sobre ideas para desarrollar un equipo de expertos que puedan presentar informes amicus curiae [expresión latina que se refiere a una representación de terceros en un litigio] en cada caso de inmigración que involucre a un periodista y exigir que los jueces de inmigración estén capacitados en áreas temáticas específicas para que puedan procesar los casos de inmigración más rápido.
“El caso [de Gutiérrez] estuvo pendiente durante 15 años. No debería haber sido así, era un caso seguro. Debería haber un grupo de jueces de inmigración que sólo manejen casos relacionados con periodistas”, dijo Venetis.
Según Kathy Kiely, miembro del Club Nacional de Prensa y presidenta de Lee Hills en estudios de libertad de prensa en la Universidad de Misuri, una de las formas de apoyar a los periodistas en riesgo es abogar por una visa especial para periodistas y trabajadores de derechos humanos.
“Esto está vigente en Canadá. Comenzaron con 250 y ahora las han duplicado a 500 visas especiales al año. Y le da a la gente al menos una pista de aterrizaje de tres años, para que sepan que tienen estatus legal, puede funcionar”, dijo.
EEUU no tiene una categoría de visa humanitaria.
El caso Gutiérrez Soto
Gutiérrez Soto y su hijo Oscar llegaron a la frontera entre EEUU y México en 2008 solicitando asilo.
En ese momento él trabajaba como periodista, escribiendo artículos sobre los robos y extorsiones de las fuerzas militares en Chihuahua, ciudad fronteriza con Nuevo México y parte de Texas.
Gutiérrez Soto dijo que recibió amenazas de muerte debido a esos artículos y temía ser atacado si se quedaba en México.
Tras su llegada, padre e hijo, que entonces tenía 15 años, fueron separados. Su hijo se quedó con familiares en Estados Unidos, mientras que Gutiérrez Soto permaneció en un centro de detención de inmigrantes durante varios meses. Después de ser liberado, se instaló en Nuevo México, donde ambos vivieron durante nueve años mientras su proceso de asilo avanzaba en los tribunales de inmigración.
Pero en 2017 esa solicitud de asilo fue denegada por el juez de inmigración Robert Hough, quien dictaminó que Gutiérrez Soto no presentó pruebas suficientes para demostrar que fue atacado por su trabajo periodístico o que su vida estaría en peligro si regresaba a México.
Hough no parecía convencido de que su peticionario hubiera sido periodista. Por ello, negó la solicitud de asilo y dictaminó que Gutiérrez Soto podría ser expulsado del país.
El Club de Prensa y los defensores de la inmigración intervinieron para ayudar en 2017 y pudieron detener su deportación.
Poco después, Gutiérrez Soto recibió el premio John Aubuchon, el máximo honor a la libertad de prensa que otorga el club.
Pasaron los años mientras su caso transitaba por los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Pero el 5 de septiembre de este 2023, un panel de apelaciones compuesto por tres jueces dijo que Gutiérrez Soto tenía un temor razonable y bien fundado de regresar a México debido a sus artículos, los cuales exponían la corrupción del ejército mexicano.
También dijeron que, en su caso, el juez inicial había dictaminado por error dos veces la deportación de Gutiérrez Soto.
El periodista mexicano estaba trabajando en una granja de Michigan cuando supo por primera vez que su solicitud de asilo finalmente había sido aprobada.
Kiely espera que este caso ayude a aumentar el apoyo y la defensa de otros periodistas en riesgo y así proteger la libertad de prensa.
“Necesitamos realmente, colectivamente como profesión, comenzar a señalar a los formuladores de políticas cuánto se pierde cuando se pierde tiempo, recursos y dinero en un caso como el de Emilio que debería haberse decidido hace años y cuánto podemos ganar si permitimos a los periodistas hacer su trabajo”, concluyó Kiely.
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