Citgo es uno de los activos del país caribeño que controla la oposición venezolana por decisión de Estados Unidos, que sigue considerando “legítimo” el parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 a pesar de que su legislatura terminó en 2021.

Algunas empresas tienen sentencias que les otorgan derechos para apropiarse de acciones de Citgo para compensar expropiaciones por parte del gobierno venezolano.

Normalmente las naciones y las empresas públicas se consideran entes separados, pero algunas compañías han esgrimido que PDVSA es el “alter ego” de Venezuela.

“Certiorati denegado”, se lee en el documento publicado por la Corte Suprema, en el apartado que recoge el caso de Venezuela y otros contra OI European Gorup B.V. y otros.

El certiorari es un recurso legal que permite a una parte solicitar que un tribunal superior revise el caso y determine si se ha cometido algún error.

La directiva ad hoc de Venezuela quería que la Corte Suprema revisara el fallo emitido por un juez del Tercer Circuito que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.

En la red social X, el economista Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, estimó que “la pérdida de Citgo es un ejemplo más en el cual tanto (el mandatario venezolano Nicolás) Maduro como la oposición tradicional incurrieron en manejos cuestionables, causando graves pérdidas patrimoniales a la nación”.

Las demandas de los acreedores contra Citgo superan los 20.000 millones de dólares.

Esto hace que “una negociación con los acreedores (sea) inviable en ausencia de un acuerdo político”, añade el economista.

Este mismo lunes en Houston, un juez falló a favor de un grupo de 10 acreedores que decidió sumarse al embargo de la petrolera.

El tribunal “designa a todos los acreedores que, hasta la fecha, hayan obtenido un auto de embargo (…) condicional o incondicional contra las acciones de PDVH, propiedad de PDVSA (…), como acreedores adicionales de la sentencia”, se lee en el fallo.

PDVH es la accionista indirecta de Citgo.

La tensión entre Caracas y Washington, que considera fraudulenta la reelección de Maduro en 2018, parece amainar en los últimos meses.

También se palpa una cierta distensión entre el mandatario socialista y la oposición, con la que en octubre firmó el acuerdo de Barbados sobre las elecciones presidenciales de 2024.

En contrapartida y para alentar el diálogo, Washington levantó parcialmente las sanciones al petróleo, oro y gas venezolano.

“Despojo”

El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la decisión de la Corte Suprema estadounidense y acusó a ese país de desarrollar un “despojo” de Citgo.

“Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen”, precisa un comunicado divulgado el martes por el Ministerio de Comunicación e Información.

Para el gobierno venezolano, el fallo “confirma” lo que califica de “grave perjuicio” causado por la Asamblea Nacional de 2015 que aún controla parte de los activos de Venezuela en el exterior.

En el comunicado, el gobierno reiteró que adoptará las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para “evitar la consumación del despojo definitivo” de Citgo.