Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales concede libertad condicional a 8 militares relacionados con caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Fiscalía General de la República apela la resolución.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El pasado lunes, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que expresó su inconformidad con la decisión judicial de liberar a ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014.
Según la parte acusatoria, esta determinación es “una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas” y otorga “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”. Por ello, anunciaron que presentarán recursos en contra de lo que consideran una comisión de delitos contra la administración de justicia.
Los ocho militares fueron acusados de delitos graves relacionados con la desaparición de los estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el sur de México. Sin embargo, la Fiscalía recordó que las decisiones judiciales son responsabilidad del poder judicial y no de la propia Fiscalía.
A pesar de esto, cierta cobertura mediática ha señalado a la Fiscalía como responsable de la liberación de los militares, lo que ha sido calificado como una muestra de parcialidad y falta de objetividad por parte de la Fiscalía. Incluso, se ha acusado a ciertos medios de buscar confrontar a la Fiscalía con el poder judicial del país.
La Fiscalía también denunció que en los últimos años se ha visto obligada a litigar determinaciones judiciales que considera parciales e injustas. Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado a los familiares de las víctimas, considera que el proceso en búsqueda de justicia por la desaparición de los normalistas “se está derrumbando”.
Además, el Centro de Derechos Humanos responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de brindar asistencia legal y apoyo a los militares acusados, lo que podría comprometer la imparcialidad del proceso.
Ante esta polémica decisión judicial, la sociedad mexicana ha mostrado su preocupación por la falta de avances en la búsqueda de justicia para los estudiantes desaparecidos y por la aparente influencia de ciertos poderes en el sistema judicial. La lucha por la verdad y la justicia para las víctimas de la tragedia de Ayotzinapa continúa, en medio de acusaciones y señalamientos entre las diferentes instituciones involucradas.
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