La confianza del pueblo, la de los ciudadanos, es fundamental para construir instituciones fuertes, que a su vez puedan cumplir con su responsabilidad y el buen manejo de los recursos públicos. Al respecto, la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, nos muestra con claridad respecto en quiénes confían los mexicanos. Con base en esta medición, los primeros 3 lugares lo ocupan los familiares con un 86.7 % de confianza, las Escuelas Públicas de Nivel Básico con 79 %, y en tercer lugar las Universidades Públicas con 78.9 %.
En el año de la encuesta, el Barómetro Edelman, institución reconocida en la comunidad internacional sobre esta materia, señaló que la confianza ciudadana a nivel mundial disminuyó en la época de la pandemia por COVID – 19. Según ese instrumento, y también a nivel global, se tiene mayor confianza en científicos, maestros y directivos. Estos diagnósticos son útiles por supuesto. Pero ojo, hay actividades esenciales que deben estar en manos del sector público, sobre todo las que tienen que cer con la soberanía nacional y el bienestar de la población.
Es natural que como ciudadanos percibamos de forma tangible la presencia del Estado en los bienes y servicios públicos que utilizamos diariamente a través de servicios públicos, y no necesariamente esperar a tener una interacción con otro tipo de órganos, como los de administración de justicia o los administrativos emisores de autorizaciones específicas, aunque los servicios públicos bajo demanda también son importantes porque las personas usualmente involucran situaciones más críticas cuando acuden a estos.
En los servicios públicos que la ciudadanía muestra mayores índices de satisfacción, se encuentran la recolección de basura con 70.5 %, el servicio de agua potable con 53.7% y en tercer lugar el servicio de drenaje y alcantarillado con 45.6%. Por otra parte, los servicios públicos bajo demanda, por los cuales tiene mayor satisfacción la ciudadanía, son la educación pública universitaria, el autobús de tránsito rápido con 78.9%, y el servicio de energía eléctrica con 75.4 %. Estos datos son importantes porque muestran a las instituciones áreas de mejora en sus servicios, pero también reconocen la labor de otras que conviene tener en el radar para estudiar sus buenas prácticas.
En la ASF estamos comprometidos con el desarrollo y la profesionalización del capital humano con el que contamos, además de tener el intercambio de experiencias institucionales como una herramienta permanente para nuestra mejora continua; por lo que además de los puntos señalados por la OCDE, sumaríamos que para la construcción de la confianza ciudadana es indispensable la Fiscalización Superior en todos los niveles del gasto público federal.
A propósito de lo anterior entregamos este martes 20 de febrero a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, 1,359 informes individuales de auditoría, que corresponden con 149 auditorías de cumplimiento financiero, 56 de desempeño y 1154 del gasto federalizado; así como el Informe General correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2022.
Al respecto es fundamental la difusión proactiva acerca de la labor que desempeñan las instituciones, como ocurre a través de la publicación de todos los informes en la página de internet de la ASF en los que damos cuenta del ejercicio de los recursos públicos, así como en torno al desempeño de los entes auditados.
El diálogo permanente con los entes auditados de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes, nuestra actuación con prudencia y entendiendo el contexto político y social, siempre en contacto con la gente, y particularmente con nuestros compañeros auditores, abogados, economistas, etcétera, que trabajan en la ASF.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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