El acceso en todo momento a la atención sanitaria de calidad para todos es un derecho humano que en nuestro país está lejos de estar garantizado. El tema implica una exigencia cada vez mayor por parte de la población y de la sociedad civil para que el Estado mexicano priorice la política de salud en la agenda de los gobiernos.
Uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas es alcanzar una cobertura sanitaria universal y proporcionar acceso a medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos. En nuestro país se percibe un retroceso en este objetivo.
En octubre de 2018, todavía como presidente electo, en un mitin en Tampico Tamaulipas, AMLO dijo: “estamos trabajando para resolver los problemas, por eso vamos hacia la gratuidad vamos a tener un sistema de salud -ese es el compromiso- como el de Canadá, Inglaterra, el de los países de Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos, de primera. Vamos a garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, pero se lleva tiempo porque ¿saben quién maneja una parte de los servicios de salud? Los gobiernos estatales”.
A lo largo del actual sexenio, en sucesivas ocasiones ante los medios de comunicación, el presidente de México fue posponiendo las fechas en las que tendríamos de manera tangible un sistema de salud equiparable al de aquellos países mencionados, “como Dinamarca”.
Luego de cambios a la Ley General de Salud, en el año 2004 se estableció el Sistema de Protección Social en Salud mejor conocido como Seguro Popular, un sistema que en definitiva y en cuanto a su fin sí funcionó. El Seguro Popular funcionaba como un sistema descentralizado, con responsabilidades compartidas por la Comisión Nacional de Protección Social den Salud y por cada uno de los sistemas estatales de salud.
El financiamiento del Seguro Popular corría a cargo del gobierno federal, de las entidades federativas y en su caso con aportaciones simbólicas de los usuarios. Se aprovechaba la infraestructura, así como la planta administrativa y operativa de cada Estado, de esta manera los recursos federales alimentaban la marcha de una política que aún y sus asegunes, descargaba a parte de la población sin seguridad social de gastos médicos ante padecimientos, accidentes o enfermedades.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, hasta el año 2019 el Seguro Popular tenía afiliados a 51 millones de personas, de esta manera el acceso de la población más vulnerable a servicios de salud tuvo avances significativos.
Solo de 2008 a 2018, según el CONEVAL, la carencia de servicios de salud conforme a la medición de pobreza disminuyó cerca de 22 puntos porcentuales. Si bien el Seguro Popular tenía varias áreas de oportunidad, fallas y deficiencias; sin duda era parte del camino a seguir para lograr la plena protección de la Salud de los mexicanos.
Es así que la administración federal 2018-2024 opta por un enfoque re centralizador, donde se concibe un sistema nacional de salud manejado por el gobierno federal, primero a través de la creación y funcionamiento en 2020 del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, desapareciendo el Seguro Popular y absorbiendo en la práctica la estructuras de salud de los Estados que aceptaran el nuevo diseño.
Aunado a la pandemia de COVID-19, algunos Estados de oposición decidieron no adherirse al INSABI y el nuevo esquema no terminó de cuajar. Finalmente, en 2023 el mismo gobierno federal decidió desaparecer el INSABI para transferir su estructura a un nuevo ente descentralizado federal: IMSS -Bienestar.
En la práctica se entiende que el INSABI sirvió para jalar la estructura de salud y recursos de los Estados que aceptaron dicho esquema para luego fusionarla al IMSS -Bienestar, algo que todavía no se ve cómo vaya a otorgar un servicio médico de calidad a la población sin seguridad social. El propio IMSS arrastra con una ya antiquísima fama de insuficiente calidad en el servicio al usuario, además del recurrente desabasto de medicamentos.
El ISSSTE también enfrenta sus grandes, grandes retos en materia de servicio y abasto de medicinas pero sería inconcebible desaparecer el IMSS o el ISSSTE. Si bien el Seguro Popular también tenía grandes retos, desaparecerle en lugar de corregirse o mejorarse ha resultado en un error de política pública.
Lograr un sistema universal de salud de calidad que proporcione de manera suficiente y oportuna los tratamientos, medicamentos y en su caso cirugías necesarias para el bienestar de los mexicanos, implica de una reorganización de los esquemas que operan los servicios de salud públicos.
Diversas encuestas permiten confirmar que una gran parte de la población, sea o no derechohabiente, opta por pagar en servicios médicos de tipo privado y prescinden de los organismos públicos debido a cuestiones de calidad del servicio como la larga espera de atención, mala atención, desabasto de medicamentos o falta de especialistas. Esto lastima los bolsillos de quienes menos tienen y tienen que atender enfermedades que no esperan una mejor economía.
Lo anterior nos muestra que falta mucho por hacer en el fortalecimiento de organismos como el IMSS, ISSSTE, organismos estatales y ahora con el IMSS- Bienestar. El papel de los municipios no puede tampoco escapar dentro de un sistema de salud que sí puede y debe ser coordinado, supervisado y fiscalizado desde el ámbito federal pero que difícilmente funcionará quitándole su responsabilidad a los Estados.
Los mexicanos debemos optar por articular un sistema de cobertura a universal de salud, público, con tiempos de espera razonables para consultas, estudios de laboratorio, cirugías y tratamientos; con acceso oportuno de medicamentos para cualquier padecimiento. Esto implica reorientar parte del presupuesto hacia una política de salud que obligue a todos los niveles de gobierno a generar bienestar en la salud de la población.
“Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis; dadlo gratis.”
(Mateo 8:9)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
