El ejercicio de gobierno desde un enfoque de derechos, parte del supuesto de que las personas —todas— somos susceptibles de las intervenciones públicas, llámese programas y políticas públicas como primera línea (por eso todos los habitantes de un Estado tienen contacto permanente con la acción pública, aunque no entren en ninguna controversia). Así, los cambios en la integración de la población, las proyecciones y las tendencias demográficas globales y nacionales tienen incidencia directa en la toma de decisiones gubernamentales. Justo en noviembre del año 2022, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de habitantes, de acuerdo con el Informe de Perspectivas de la Población Mundial publicado por la ONU. Este suceso sugiere la necesidad de repensar algunos de los desafíos planteados por el cambio demográfico en el mundo, en buena medida porque existen implicaciones por la distribución poblacional, de algunos temas, como la edad de la población.
A propósito del tema, la semana pasada, el pasado jueves 04 de abril del presente año, la Dra. Silvia Giorguli —Presidenta de El Colegio de México— dictó una conferencia sobre el futuro demográfico en México, en la sede de la Auditoría Superior de la Federación. La ponencia produjo algunas reflexiones, análisis y conclusiones que no son obvias, y cambian nuestra perspectiva sobre muchísimos temas. Sobre estos mencionaría, al menos tres comentarios generales: el primero está relacionado con cómo impactan las proyecciones demográficas en la toma de decisiones de los gobiernos y el diseño de políticas públicas; el segundo se refiere a los cambios sociales y económicos que exigen las dinámicas demográficas, por ejemplo en la evolución de los mercados de trabajo; el tercero se refiere a la relevancia de analizar cómo los fenómenos sociales de la violencia o la falta de oportunidades en ciertas regiones del mundo ha ocasionado que las migraciones también sean un factor relevante que modifica
En el caso de México, el crecimiento de la población —el denominado bono demográfico en el siglo XX— provocó cambios en la integración económica del país y algunas reformas para aprovechar, en términos económicos, la población, entendida como un recurso valioso. Ahora, ese boom está mediado por otras variables como la migración de retorno (población mexicana que residía en otros países, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, y regresa a sus comunidades de origen) y la migración proveniente de países con crisis económica o problemas sociales como la inseguridad y la violencia.
Por otra parte, los cambios en las características de la población en nuestro País, sobre todo por la disminución de la tasa de fecundidad y el crecimiento poblacional por debajo del 2.1 hijos/hijas como ideal de fecundidad de reemplazo, coloca desafíos en materia de políticas públicas y garantías de derechos para las personas. Los desafíos a partir de las proyecciones demográficas son diversos dado que la población, justo como lo presentó la Dra. Giorguli, está en un proceso de envejecimiento que prospectivamente para el año 2050 requerirá de mayores inversiones para la protección social y las tareas de cuidados.
Las tendencias demográficas respaldan lo imperioso de prever que la población, hacia el año 2050, requerirá de un sistema centrado en su bienestar con políticas como: sistemas de pensiones financieramente sostenibles, políticas de cuidado y sistemas de salud para la población que —gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología— tiene mayor esperanza de vida.
Expuesto lo anterior, podemos decir que las proyecciones demográficas (mayor esperanza de vida, envejecimiento, reducción de la población joven, baja movilidad en los mercados de trabajo, etc.) inciden directamente en la toma de decisiones de políticas públicas.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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