“Se conoce como guerra jurídica a la instrumentalización de la Justicia, a la judicialización de la política, al acoso judicial, a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales que, manteniendo una apariencia de legalidad, buscan lograr inhabilitar, o provocar, el repudio popular contra un oponente”
Como primer punto tenemos que observar que el documento de investigación en contra del ex Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea marcado como Investigación J/108/2024 y, al revisar completamente su narrativa, es obligado notar que es un documento con descripciones de “presunciones supuestas” denunciados por un ANONIMATO, y además que tiene una visión y observancia piramidal el “anónimo” denunciante, la denuncia anónima está escrita y narrada con una visualización de la trama desde la punta cúspide hacia la base, lo que quiere decir que quien denunció tiene capacidad de conocer, y visualizar, todo el entramado de las “presunciones supuestas” y las complicidades entre más de 60 funcionarios diseminados dentro del Poder Judicial Federal, más sus organismos de impartición de justicia, y esto quiere decir que observó el denunciante anónimo todo el comportamiento narrado de las supuestas sumisiones dentro de toda la estructura del Poder Judicial de la Federación, teniendo como punta la SCJN.
Con esa capacidad de observación, y de la habilidad creativa de la trama, dentro del Poder Judicial no habría hechos corruptos nunca y no observados, mucho menos dentro de complicidades y fuera de la ley, la Judicatura Federal y la SCJN tiene la capacidad, la solicitud de investigación lo indica, de poder observar y detectar con prontitud el enlace de las complicidades en la estructura judicial.
Se requiere conocimiento certero, espionaje y momentos corruptos específicos que observar y hacer constar y, precisamente esos momentos de ser ciertos estos derivan en resoluciones, resoluciones que serían convenientes al ex ministro Saldívar como lo afirma la denuncia, pero solo se enuncian en la generalidad narrada pero, es necesario que recordemos que las resoluciones llevan registro y numero, cada hecho que se le imputa la ex ministro Saldívar debería ir acompañado de la resolución para sustentar la conducta ilícita que se le imputa, y no la hay, con ello se descubriría la violatoria y corrupta actitud de quienes se prestaron a resolver en el sentido que el ex ministro presionó, las resoluciones judiciales dejan huella.
La Ministra Norma Piña al ordenar la investigación desoye la capacidad de interpretaciones de las leyes que tanto defienden en la corte cuando la resolución es controvertida.
El documento de Investigación J/108/2024 pasó en tan solo dos días a una solicitud de investigación firmada por la Ministra presidenta de la Judicatura Federal, inédito y cualquier abogado lo sabe.
En resumen, Herbert Torres Coello, Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, informó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, sobre un escrito presentado de manera anónima. Este escrito anónimo, registrado con el folio 2687, denuncia al entonces Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea sin ninguna prueba y sustento en ningunos de sus dichos denunciados.
Se le acusa de vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Supuestamente, ejerció presión sobre ellos con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses y es aquí donde vuelvo a puntualizar, las resoluciones realizadas por los jueces señalados y por los funcionarios darían con toda claridad la actuación que le imputan al ex ministro Saldívar, pero no señalan que resoluciones judiciales sustentan la denuncia anónima.
Los hechos denunciados supuestamente ocurrieron entre los años dos mil diecinueve y dos mil veintidós, más de 60 funcionarios del PJF estarían involucrados.
La trama desarrollada y llevada a solicitud de investigación tiene una perfecta narrativa de la relación y jerarquía del Presidente de la Suprema Corte de Justicia dentro del Poder Judicial Federal y sus organismos que imparten justicia y esa claridad de visión solo la podrán tener 11 personas en este país.
Hay que recordar que el ex Ministro Arturo Saldívar será el diseñador y promotor de la Reforma del Poder Judicial Federal y existe la enorme posibilidad que una vez reformado el Poder Judicial Federal el ex ministro Saldívar ocupe la presidencia de la Judicatura Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal es la institución que, por mandato constitucional, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación de acuerdo a la constitución actual pero, en la reforma que formula el ex Ministro Saldívar podría quedar establecido que se incluyan la SCJN y el Tribunal Federal (que hoy no sujetos de las atribuciones de la Judicatura Federal) incluyéndolos bajo la administración, vigilancia, disciplina y carrera de la Judicatura Federal, actualmente nadie ejerce vigilancia y supervisión a ellos, hoy son intocables.
Dato demasiado interesante, la SCJN y su presidenta Norma Piña para poder tocar al ex Ministro Arturo Saldívar tendrá que maniobrar en el pleno creándole facultades, que hoy no existen, a la Judicatura para poder legalmente investigar al ex Ministro Saldívar y para tal efecto ha convocado a sus ministros afines a trabajar para que el pleno de la SCJN acuerde esas facultades.
Se debe entender que el ex Ministro Arturo Saldívar está en una posición extremadamente incómoda para la SCJN, y en especial para los 8 ministros que conforman el grupo político en activo de la presidenta de la SCJN Norma Piña.
Dentro de los más de 60 funcionarios que son denunciados, y nombrados con toda precisión en la trama presentada para investigación por la presidenta de la Judicatura Norma Piña están personajes que no han estado de acuerdo con la presidenta de la SCJN y que, incluso han resuelto en contra de los intereses de ella y no se han sometido al yugo de la hoy Ministra de la SCJN.
Para poder armar la trama mediática, como se presentó, es muy necesario que se conozca el alcance de las facultades, y el peso, de la presidencia de la SCJN, o de cualquiera de los 11 ministros que la conforman.
Hay que recordar que la Ministra presidenta de la SCJN también es presidenta de la Judicatura Federal siendo esto que es jueza y parte.
La visión que delata la autoría de la denuncia anónima, hecha solicitud de investigación a la Judicatura Federal, cuando solo puede ser realizada con tal exactitud de conocimiento de la interrelación operativa por quien tiene, y ejerce, por la visión desde arriba para poder desarrollarla y plasmarla en una trama judicial y detonar lo que se conoce LAWFARE directamente sobre el ex Ministro Saldívar y, esa persona con esa visión, es hoy la ministra presidenta de la SCJN Norma Lucía Piña Hernández y sus ocho ministros que conforman su grupo político en la corte.
Todavía más, ha salido a la luz pública que la denuncia supuestamente anónima tiene autor con nombre y apellido y va en línea directa con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González así como también con el despacho de Consejo Nacional de Litigio Estratégico, junto con un colaborador ex ministro también de la SCJN.
Veamos la intencionalidad de la Ministra Presidenta de la SCJN con su denuncia anónima hecha solicitud de investigación, apreciemos la intencionalidad de involucrar a jueces que atentaron contra el interés de su grupo político, el portal “5to poder” con toda claridad precisa que:
“En la denuncia también fueron señalados jueces como Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, José Artemio Zúñiga, conocido por casos como el de Emilio Lozoya y Genaro García Luna; Iván Zeferín Hernández, quien ordenó detener al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuando aún estaba en su fuero”… todos ellos son parte de los incómodos de la Ministra Norma Piña.
Y ante todo esto, el ex Ministro Saldívar declaró:
“Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido que se pudieran acabar sus privilegios”
El procedimiento denominado “LAWFEAR” (GUERRA JUDICIAL) se ha desatado contra quien consideran en la SCJN su enemigo a necesariamente eliminar porque pone en altísimo riesgo la pérdida de canonjías y privilegios para los Ministros en la SCJN en primer término y en segundo con la Reforma al Poder Judicial encomendada al ex Ministro Arturo Saldívar se acotarían, y acabarían, las resoluciones y la protección a los opositores que conforman hoy el último reducto de poder de la oposición.
No dude ni tantito que habrá más sobre el proceso de LAWFEAR en contra de Arturo Saldívar, recordando que fue presidente de la SCJN.
Lo que tanto estuvimos denunciando en esta columna, sobre el LAWFEAR, hoy es una realidad descarada por quienes son los únicos que verdaderamente la podían encaminar, la SCJN.
En México comenzamos a ver este proceso, el mismo que utilizó la derecha y la ultra derecha en los países de América del Sur, el LAWFARE se refiere al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente, o destituir, a quienes ocupan cargos públicos en un país Y QUE SON INCÓMODOS O PELIGROSOS.
Lawfare es un término que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley.
Y en México lo acaba de detonar la SCJN.
Raúl Sabido
Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.
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