El dinero que el trabajador aporta a una cuenta individual específicamente generada para el ahorro de su retiro laboral es propiedad del trabajador y en su caso de sus beneficiarios. La última legislación en la materia es claramente electorera, probablemente inconstitucional, con poco sustento técnico a largo plazo y que debe interesar a los mexicanos en cuanto a la función que debe tener el Estado en el tema.
En la entrega del pasado 05 de febrero tocábamos el tema de las pensiones. El gobierno federal enviaría una reforma al mal llamado sistema de pensiones, no le alcanzaría para una reforma constitucional dado que su partido adolece de mayoría calificada en el poder legislativo pero el pasado 01 de mayo el presidente de México anunció el decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Pues bien, a iniciativa de MORENA en la cámara de diputados, en abril pasado se aprobó por mayoría simple la creación del mencionado Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como la modificación de diversas leyes relacionadas a las pensiones, dichos cambios fueron también secundados por la mayoría de MORENA y aliados en el Senado. Al no tratarse de cambios a la Constitución dicho decreto de reformas fue publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación.
En teoría el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene la loable intención de procurar pensiones dignas para los trabajadores con salarios promedios a través de la transferencia al citado fondo del monto de las cuentas inactivas que controlan las AFORES y que actualmente generan utilidades para los consorcios financieros privados.
Podemos decir que el gobierno federal busca utilizar el dinero no reclamado de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años para complementar las pensiones de trabajadores para recibir una pensión conforme a su último salario. Esto, sin embargo, es un paso evidentemente electorero que respondería a la plataforma electoral del partido en el poder federal.
Es también un paso que como temíamos en el escrito publicado el pasado 05 de febrero, abriría la puerta para que el gobierno empiece a meter mano al caudal tentador de dinero líquido que representan las cuentas de las AFORES.
Si bien las AFORES y sus bancos no son unas blancas palomas, el Estado puede y debe regular la operación de las mismas en el entendido de garantizar que el dinero ahorrado por el trabajador efectivamente pueda disponerse en su momento para el disfrute del trabajador.
En sentido contrario, la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar basa su viabilidad financiera en una confiscación de facto ya sea de manera temporal o permanente de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años. Una irresponsabilidad.
Es irresponsable que se haya votado una iniciativa de ese tipo por parte de la fracción mayoritaria de la cámara de diputados y senadores sobre todo porque de antemano saben que las acciones de inconstitucionalidad de las fuerzas de oposición tienen bastante oportunidad de proceder en el Poder Judicial.
Pero, más grave aún, es de llamar la atención que en vísperas de esto las fuerzas oficialistas aprobaron modificar la Ley de Amparo, de manera que se elimina la facultad de los jueces para suspender la aplicación de normas generales.
Si como lo dice la senadora Beatriz Paredes en un video que circula en Tik Tok se necesitaba reformar la Ley de Amparo para evitar una defensa efectiva de los derechohabientes con cuentas inactivas, ahora se entiende todo.
Sin duda, es buena y necesaria llevar a la realidad la idea de que el dinero no reclamado de las cuentas de las AFORES sea devuelto a los trabajadores o a sus beneficiarios en lugar de seguir en poder de los grupos financieros generándoles ganancias de manera discrecional, no obstante, esto puede hacerse sin necesidad de que el gobierno se meta a manejar directamente dichos recursos.
Se argumenta que los aproximadamente 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas no reclamadas servirán como capital semilla del Fondo de Pensiones para el Bienestar en lugar de que sigan generando dividendos a las AFORES, pero al final de cuentas estamos hablando de un cambio de dueño del dinero, ahora bajo control del gobierno.
Se dirá también que las reformas que dan origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar son claras al asentar que la devolución de los recursos a los trabajadores o beneficiarios que lo reclamen estaría garantizado y son imprescriptibles, aunque por experiencia sabemos que una vez que estos recursos pasen al gobierno estarán en una zona de incertidumbre por decir lo menos.
Una vez agotado el monto transferido al gobierno mediante estás pequeñas reformas de pensiones se tendrían que buscar nuevas formas de financiamiento. No hay duda de que existan, la duda es ahora qué se le ocurrirá al gobierno en turno.
Algo positivo de todo esto es que se abra la posibilidad de que miles de personas recuperen o sepan el monto de su ahorro para el retiro del cual ignoran su paradero.
El Estado puede regular y supervisar mediante mecanismos más efectivos a las AFORES para que estas estén antes que nada al servicio de los trabajadores, así como debe también generar las condiciones para que el desarrollo económico derive en última instancia en pensiones dignas. Soluciones de fondo.
“Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla?”
(Lucas 14:28)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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