Altos funcionarios estadounidenses detallaron que se trata de una respuesta a las acciones del gobierno nicaragüense que “continúa participando en la campaña represiva que silencia a la sociedad civil y las personas injustamente detenidas que están ejerciendo sus libertades fundamentales”.

Según se anunció, las acciones se dividen en tres diferentes sectores. Por un lado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una alerta de política para informar a la industria de la aviación sobre las formas en que los contrabandistas están “facilitando la migración irregular”.

Esta alerta de política es una notificación enviada a las aerolíneas con cinco puntos en los que éstas pueden colaborar para reducir el tránsito irregular. Entre ellas, identificar segmentos de vuelos que son conocidos por ser rutas de migrantes irregulares, proveer información de los pasajeros y revisar los documentos provistos por los mismos.

La notificación no incluye acciones de cumplimiento específicas o consecuencias para las aerolíneas que no colaboren con los esfuerzos. Sin embargo, a finales de febrero, EEUU amplió su política de restricción de visas a dueños y funcionarios de compañías de vuelos chárter, transporte terrestre y marítimo que ofrezcan servicios para personas que buscan migrar irregularmente al país.

La nueva alerta de política se une, según los funcionarios, a la declaración de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional emitida la semana pasada, que advirtió a las aerolíneas “tomar acciones” para minimizar el riesgo de ser cómplices de la migración irregular.

“El régimen también es responsable de sacar provecho de los migrantes desesperados y vulnerables”, dijo uno de los funcionarios, quien aseguró que el gobierno nicaragüense “vende visas” a los migrantes al ingresar al país por 96 horas.

Esta acción, según el funcionario, “facilita” y “abre camino” a que los migrantes irregulares sigan su ruta hacia la frontera suroeste de EEUU.

Restricciones de visa

Por otro lado, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 250 personas asociadas al gobierno de Nicaragua y a actores no gubernamentales que “apoyan los ataques de Ortega-Murillo a los derechos humanos”. Entre los sancionados se encuentran miembros de la policía, personal paramilitar, oficiales penitenciarios, jueces y trabajadores públicos de educación.

Además, el Departamento del Tesoro designó a tres entidades con sede en Nicaragua para “responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo por su represión a los nicaragüenses y por lucrarse de la migración irregular”.

La primera entidad sancionada es un centro de entrenamiento militar ruso que funciona como academia policial con fines “antinarcóticos” y que fue aprobada en 2018. Según el gobierno estadounidense, este centro “permitió” al gobierno de Ortega a realizar actividades “antidemocráticas”.

El gobierno de Daniel Ortega reconoció en un acto del 44 aniversario de la Policía en 2023, que el centro de formación ruso instalado en Nicaragua apoyó a desmontar las manifestaciones en el año 2018, las cuales fueron catalogadas como “un intento de golpe de Estado”.

“Han escogido aliarse con el gobierno autoritario de Rusia y seguir su ejemplo de represión”, apuntó uno de los funcionarios.

Las otras dos entidades sancionadas fueron la Compañía Minera Internacional, conocida como COMINTSA y Capital Mining Investment Nicaragua. A través de esta acción, todas las empresas estadounidenses están prohibidas de hacer transacciones con estas entidades, lo que según los funcionarios, “los separa efectivamente de Estados Unidos y de gran parte del sistema financiero internacional”.

En junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa estatal de Nicaragua Eniminas, así como a su presidente, Ruy López Delgado, en respuesta por la decisión de la administración del presidente Daniel Ortega de “profundizar su relación con Rusia mientras libra guerra con Ucrania”.