Los jueces dictaminaron que los opositores al aborto carecían del derecho legal a demandar por la aprobación del medicamento mifepristona por parte de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos y las acciones posteriores de la FDA para facilitar el acceso al mismo.

Activistas por los derechos reproductivos reaccionaron con alivio, pero al mismo tiempo advirtieron que esta victoria podría ser un “respiro temporal” en la lucha por mantener el acceso a las interrupciones de embarazo, en un país donde una de cada tres mujeres en edad reproductiva vive en un estado con prohibiciones al aborto.

El presidente Joe Biden, quien está a favor de proteger el acceso y ha hecho de esta causa uno de los pilares de su campaña por la reelección el próximo noviembre, dijo que esta decisión “no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa”.

El caso había amenazado con restringir el acceso a la mifepristona en todo el país, incluso en los estados donde este procedimiento sigue siendo legal.

El juez Brett Kavanaugh escribió para el tribunal que “los tribunales federales son el foro equivocado para abordar las preocupaciones de los demandantes sobre las acciones de la FDA”. Kavanaugh fue parte de la mayoría para revocar a Roe vs Wade, el caso que cimentó la protección federal al aborto.

Alivio entre activistas pro aborto

“Nos sentimos aliviados por los pacientes y proveedores de que la mifepristona siga estando disponible. Sin embargo, somos muy conscientes de lo cerca que estuvimos de perder el acceso a un medicamento aprobado por la FDA debido a un esfuerzo marginal por invalidar la evidencia científica y diezmar aún más el acceso al aborto en todo el país”, advirtió Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC en inglés).

En un comunicado remitido a la , Goss Graves insistió en que “esto puede ser un respiro temporal, puesto que otros opositores al aborto están esperando entre bastidores para plantear otro desafío a la mifepristona”, un medicamento “fundamental” también para la atención de abortos espontáneos.

La activista remarcó que estos esfuerzos son impulsados por la “desinformación” propagada incluso dentro del sistema judicial federal.

Usualmente el caso terminaría con el veredicto en la Corte Suprema, sin embargo, el pasado noviembre, el juez federal de distrito, Matthew Kacsmaryk, en Texas – donde se presentó originalmente la demanda-, permitió que Idaho, Missouri y Kansas se unieran al caso como demandantes.

Estos tres territorios forman parte del grupo de estados que establecieron leyes restrictivas contra las interrupciones de embarazo, tras la derogación de la protección federal al aborto por el Supremo en 2022.

Idaho, Missouri y Kansas habían solicitado unirse a la apelación de la Corte Suprema, pero esta se negó, dejando sus reclamos pendientes en el tribunal inferior de Texas. Ahora podrían intentar seguir adelante por sí solos.

“Esos estados han indicado que intentarán continuar litigando este caso, poniéndose en el lugar de los médicos antiaborto, en un intento continuo de atacar el acceso al aborto con medicamentos en todo el país”, indicó por su parte la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), parte de las organizaciones que enviaron al Supremo un amicus brief o documento en los que terceros no involucrados en el caso proveen información relevante para su resolución.

Jennifer Dalven, directora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, aseguró que se sienten aliviados de que “la Corte Suprema no haya mordido el anzuelo, pero desafortunadamente sabemos que esto está lejos del final del camino”.

“Los políticos antiaborto están esperando entre bastidores para intentar seguir impulsando este caso ante un juez extremista en Texas en un esfuerzo por negar a las personas el acceso a la atención del aborto con medicamentos”, precisó.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema decide sobre otro caso de aborto que determinará si la ley federal EMTALA sobre tratamiento de emergencia en hospitales, anula las prohibiciones estatales de aborto en raros casos de emergencia en los que la salud de una paciente embarazada está en grave riesgo.

Casos como este “muestran hasta dónde llegarán los políticos para impedir que las personas obtengan la atención de salud reproductiva que necesitan”, subrayó Dalven.

“Sabemos que estos ataques a los servicios de aborto sólo continuarán”, coincidió la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, Lupe Rodríguez.

Una píldora usada por 6 millones de personas

Más de 6 millones de personas han usado mifepristona desde el año 2000. La mifepristona bloquea la hormona progesterona y prepara al útero para responder al efecto que provoca las contracciones de un segundo fármaco, el misoprostol. El régimen de dos medicamentos se ha utilizado para interrumpir un embarazo hasta las 10 semanas de gestación.

Los proveedores de atención médica han dicho que si la mifepristona ya no está disponible o es demasiado difícil de obtener, pasarían a usar solo misoprostol, que es algo menos efectivo para interrumpir embarazos.

La administración del presidente Joe Biden y los fabricantes de medicamentos habían advertido que ponerse del lado de los opositores al aborto en este caso podría socavar el proceso de aprobación de medicamentos de la FDA más allá del contexto del aborto al invitar a los jueces a cuestionar los juicios científicos de la agencia.

La administración demócrata y Danco Laboratories, con sede en Nueva York, que fabrica mifepristona, argumentaron que el medicamento se encuentra entre los más seguros que la FDA haya aprobado.

Los opositores al aborto argumentaron en documentos judiciales que las decisiones de la FDA en 2016 y 2021 de relajar las restricciones para obtener el medicamento no eran razonables y “ponen en peligro la salud de las mujeres en todo el país”.

El caso de la mifepristona comenzó cinco meses después de que la Corte Suprema anulara a Roe. Los opositores al aborto inicialmente obtuvieron un fallo amplio hace casi un año del juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk, un candidato de Trump en Texas, que habría revocado por completo la aprobación del medicamento.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dejó intacta la aprobación inicial de la mifepristona por parte de la FDA. Pero revertiría los cambios que los reguladores realizaron en 2016 y 2021 que aliviaron algunas condiciones para la administración del medicamento.

La Corte Suprema suspendió el fallo modificado del tribunal de apelaciones y luego aceptó escuchar el caso, aunque los jueces Samuel Alito, el autor de la decisión que anuló a Roe, y Clarence Thomas habrían permitido que algunas restricciones entraran en vigor mientras avanzaba el caso.

[Con información de The Associated Press y Reuters]