En memoria de Margarito David, mi padre.
El poder público en los sistemas democráticos, en los gobiernos del pueblo, delega su soberanía en distintos poderes y órganos constituidos, a partir de consideraciones funcionales; es decir, para que el Estado sea un aparato eficaz que convierta las demandas sociales en acciones orientadas al bienestar general. De tal suerte que las funciones legislativas y ejecutivas están —aunque diferenciadas— relacionadas entre sí, y de hecho la relación entre poderes es uno de los aspectos fundamentales de regulación en la parte orgánica de todas las constituciones. Mas en un País federal como el nuestro.
El diseño institucional de los regímenes políticos en América Latina, en buena medida herencia del presidencialismo norteamericano, y con alguna influencia del parlamentarismo inglés, ha incluido la conformación de espacios en los que el legislativo y el ejecutivo cuentan con mecanismos formales para su mutua observación y control. En esta dinámica, los controles del parlamento —dada su integración por representantes populares— son determinantes para la rendición de cuentas.
Tras los procesos de transición democrática en América Latina, los Congresos y Parlamentos han experimentado cambios importantes, orientados hacia consolidar la agilidad legislativa, la transparencia y la fijación de procesos de rendición de cuentas horizontales.
Estas nuevas relaciones entre las funciones del Estado parten del supuesto de que la rendición de cuentas incide en la obtención de mejores resultados. Justo en este supuesto, las atribuciones de fiscalización superior, son una herramienta de dos vías: primero, para orientar la relación entre poderes hacia el control del ejercicio de los recursos públicos, y la generación de insumos para las tareas de control parlamentario y de creación de leyes.
Por ello es sano valorar la importancia de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) en su relación con otros entes públicos, fundamentalmente con los actores parlamentarios.
Recientemente, las EFS miembros de OLACEFS tuvimos una reunión con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), donde, tuvimos la oportunidad de exponer las fortalezas de establecer una relación dinámica y colaborativa plena entre las EFS y los legisladores, considerando la relevancia del proceso de difusión de los resultados de la fiscalización, ponderando la prevención, dado que son electos por el pueblo.
A mayor abundamiento, dada la facultad legislativa de aprobar el presupuesto de egresos, comúnmente atribuida a la Cámara Baja en varias legislaciones de América Latina. Los resultados de la fiscalización superior son un insumo indispensable para diseñar presupuestos basados en resultados.
Al ser las EFS un actor importante en la división funcional clásica del poder del Estado. Por tanto, la fiscalización superior —como se ha planteado en el Seminario Internacional organizado por la OLACEFS y el PARLATINO — es un espacio natural de optimización de la relación colaborativa entre EFS y Parlamentos.
Tras la reunión con el Parlamento Latinoamericano, así como el diálogo sostenido sobre experiencias y buenas prácticas en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las EFS y los parlamentos, de países como Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, etc., quedó de manifiesto la necesidad de cuidar y fortalecer los canales de comunicación institucional, facilitar el acceso a la información derivada de la fiscalización, y diseñar agenda conjuntas o vinculadas para beneficio popular.
Esta colaboración entre parlamentos y entidades de fiscalización superior contribuye a un mejor entendimiento y el aprendizaje de las mejores prácticas parlamentarias y fiscalizadoras.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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