La tan sonada reforma judicial forma parte de un paquete de propuestas del presidente López Obrador que han provocado un avivado debate público dado que se centra en abrir a la elección popular algunos de los puestos, lo que incluso nos ha hecho replantearnos el funcionamiento del poder judicial mexicano.
La propuesta de inicio consiste en someter a elección diversos cargos que alcanzan a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia además de las y los consejeros de la Judicatura Federal, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral Federal, de circuito y jueces de distrito, lo que implica que más de mil seiscientos cargos judiciales se abrirán a la elección en la que podrán postularse perfiles que cumplan con ciertos requisitos.
El Consejo de la Judicatura sufrirá además modificaciones que mejoran la vigilancia, administración y actuación judicial, con facultades para sancionar algunas conductas lo que abona a una mejor actuación y por ende a la impartición de justicia en el país.
De manera breve, podemos decir que las candidaturas de ministras y ministros contarán con un tiempo para hacer campaña, contando con espacios en radio y televisión para hacer públicas sus propuestas e incluso debatirlas, pero sin contar con recursos públicos ni con las donaciones privadas para tal efecto.
Las elecciones serán organizadas y fiscalizadas por el INE, sometiendo a consideración del Senado los resultados de la elección, que a su vez enviaría los resultados al Tribunal Electoral a fin de tramitar las posibles impugnaciones además de calificar y validar el proceso.
En el caso del Tribunal Electoral, los resultados se someterán a consideración de la Suprema Corte; las y los nuevos magistrados de circuito y jueces federales pueden además reelegirse por uno o varios periodos adicionales, y quienes actualmente ocupen dichos puestos pueden postularse a la elección.
Desde un principio, esta propuesta ha causado diversas reacciones, aunque, a tan solo unos meses de la transición, el reflector está ahora sobre la presidenta electa y la continuidad que dará a esta y otras propuestas que se han mostrado como parte fundamental de la transformación en el país.
Sin embargo, ante las muchas dudas que surgen en torno a la reforma judicial, hay una certeza: existe un innegable puente de comunicación edificado para concretar de la mejor manera posible esta necesaria reestructura en una de las ramas torales de la administración pública en el país.
Tal como lo había anunciado la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta se abrirá a la opinión de expertas y expertos en la materia, personal del poder judicial y el sector social a fin de que la reforma que se someta a consideración del legislativo, surja de una conciliación.
Dado el revuelo, el propio poder judicial ha admitido sus errores y reconocido que es necesario una depuración, buscando redimirse; la iniciativa privada también ha señalado las malas prácticas en la impartición de justicia que requieren, según lo que han pedido a Sheinbaum, una reforma sin errores que privilegie la impartición de justicia… pero de justicia son sentido social.
A pesar de reconocer sus propias fallas, hay quien se resiste y se niega a reconocer que el voto popular saca a quienes se han enquistado en el poder judicial, de su comodidad, priorizando la formación continua de quienes busquen postularse, abriendo las puertas de un poder muy cerrado, a la ciudadanía. La oxigenación del poder judicial, como toda transformación de fondo, incomoda, pero al final, beneficia a los más por encima de los privilegios de un pequeño y amañado sector, reconociendo las buenas prácticas sin cerrarse a las y los buenos elementos.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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