Migrantes menores de edad enfrentan vulneraciones a sus derechos en políticas de retorno asistido.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En la actualidad, se han implementado políticas de migración encaminadas al retorno asistido que también incluyen a menores de edad, pero esto ha dejado, en la mayoría de los casos, violaciones a sus derechos fundamentales.
La autoridad ha establecido estos mecanismos para supuestamente brindar vigilancia a los menores no acompañados que son detectados para trasladarlos a sus países de origen, pero se esconde una cruda realidad.
A menudo, los menores de edad son retenidos en espacios confinados en espera de las resoluciones para su deportación, lo que prolonga su calvario.
Los gobiernos han establecido estos mecanismos, pero es crucial garantizar que cuando sean devueltos, expulsados, deportados o sometidos a cualquier forma de retorno no se ponga en peligro su vida, seguridad o libertad.
Esta iniciativa examina las razones por las cuales es imperativo prohibir el retorno asistido, especialmente cuando el interés superior del menor está en riesgo, y analiza los contextos de persecución, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este contexto de migración y desplazamiento, es necesario evaluar cuidadosamente las circunstancias antes de decidir sobre la devolución, expulsión o cualquier forma de retorno de un menor.
La prohibición de devolver, expulsar, deportar o retornar a un menor cuando su interés superior se vea vulnerado tiene una base sólida en el derecho internacional.
El principio de no devolución, también conocido como non-refoulement, prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estarían amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o opinión política.
Los contextos de persecución y amenaza a la seguridad son relevantes para entender por qué es crucial proteger a los menores de la devolución.
La persecución puede adoptar diversas formas, como la violencia basada en género, el reclutamiento forzado por grupos armados, la violencia doméstica y la explotación laboral o sexual.
Deportarlos o retornarlos a estas condiciones podría resultar en graves violaciones de sus derechos y, en algunos casos, en la pérdida de sus vidas.
En conclusión, la prohibición de devolver, expulsar, deportar o retornar a niñas, niños y adolescentes cuando su interés superior está en riesgo es una obligación fundamental que los estados deben cumplir para proteger los derechos y el bienestar de los menores.
La aplicación efectiva de este principio requiere un enfoque multidimensional que incluya la legislación adecuada, procedimientos rigurosos de evaluación de riesgos, cooperación internacional y sensibilización pública.
Al garantizar que los menores no sean sometidos a condiciones peligrosas y degradantes, se defienden no solo sus derechos individuales, sino también los valores universales de humanidad y dignidad.
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